Guerra entre los poderes legislativo y ejecutivo o pulso entre el bloque que conforman el PSOE-A y C's, por un lado, y el PP-A, Podemos e IU, por otro. Es lo que ha vuelto a escenificarse este miércoles en el Parlamento de Andalucía, cuyo presidente, Juan Pablo Durán (PSOE-A), ha propuesto mediante una resolución endurecer las exigencias para tramitar las iniciativas legislativas que hagan tanto los grupos como el Gobierno de Andalucía, que deberán incluir informes económicos y jurídicos elaborados por los letrados de la institución, para poder ser calificadas y posteriormente debatidas en el pleno, independientemente de que luego se aprueben o no.
La prometida resolución llega tras el bloqueo desde la pasada semana de dos proposiciones de ley elevadas por el PP-A y Podemos (hay otra de IU en situación parecida pero todavía no ha sido vista) en las que no hubo consenso para su tramitación y quedaron en suspenso por el voto en contra del PSOE-A y la abstención de C's, que se agarraron a que tenían el informe en contra el Consejo de Gobierno, dictamen que en todo caso es preceptivo pero no vinculante. En concreto, el documento (que es un borrador) recoge que las iniciativas legislativas llevarán incorporar una memoria explicativa de fines y objetivos; el cálculo estimado de su coste; informe de evaluación del impacto de género; y un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
Conocida esta resolución, los grupos han decidido estudiarla los próximos días, y hacer las enmiendas que consideren, pero en todo caso, la mayoría de la oposición (PP-A, Podemos e IU) la ha calificado de “cortina de humo” por entender que es una cuestión de “procedimiento” y que el problema de fondo está en un bloqueo que “no tiene sentido ni con la aplicación del Reglamento del Parlamento de Andalucía ni el Estatuto de Autonomía ni la Constitución Española”. Se refieren con ello a que el derecho a veto de un gobierno sólo es aplicable si la medida que se propone desde la asamblea afecta a presupuestos en vigor.
De este modo, tras escuchar a su presidente, los siete integrantes de la Mesa de la Cámara han procedido a votar de nuevo la tramitación o no de las citadas proposiciones de ley. Y han vuelto a quedar en suspenso porque se ha repetido el guión de la pasada semana: tres votos en contra del PSOE-A, otros tantos a favor del PP-A, Podemos e IU, y la abstención de C's. Empate a tres.
Tras ello, el PP-A ha decidido pedir un informe a los letrados porque considera que el empate implica, en aplicación del artículo 124.4 del Reglamento del Parlamento de Andalucía, que las propuestas deben ir hasta el pleno para que decida sobre su calificación, toda vez que la Mesa de la Cámara no ha sido capaz. Tanto IU como Podemos se han sumado a esta petición.
Reacciones de todos menos de C's
El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha defendido la resolución presentada este miércoles como un intento de “mejorar” en la institución, y como una “garantía”. Entiende que no tiene nada que ver el hecho de que el Parlamento de Andalucía haya optado por incrementar las exigencias cuando ha tocado considerar estas proposiciones de ley (una relativa a eliminar el impuesto de donaciones y sucesiones y otra para implantar las cuentas abiertas) o cuando coincide con un gobierno en minoría del PSOE-A (posibilitado por el voto a favor de C's en la investidura). “No se rasguen las vestiduras”, ha clamado.
IU por, por su parte, interpreta que la Mesa de la Cámara puede estar “prevaricando” tras optar por bloquearlas. Lo ha dicho su portavoz parlamentario, Antonio Maíllo, por la decisión de no elevar este asunto a que lo decida el pleno, “en lugar de dejarlas sobre la mesa semana tras semana”. Ha criticado que la Mesa de la Cámara haya asumido las consideraciones del Consejo de Gobierno de que no se debatan. Ha hablado de “nueva estrategia del PSOE-A” y “carácter imberbe” de C's para evitar que haya iniciativas legislativas que no controle el gobierno en minoría. Es decir, se está intentando evitar la situación “incómoda” en la que el Gobierno de Andalucía se tendría que “declarar en rebeldía” con respecto a las decisiones de la asamblea donde reside la soberanía popular.
Desde Podemos, Juan Moreno Yagüe se ha sumado a la tesis de la prevaricación. Ha avisado de que no les quedará más remedio que llegar hasta los tribunales si la situación se mantiene porque se está hurtando la capacidad legislativa que tiene el Parlamento de Andalucía. Por ello, su formación prepara una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra los miembros de la Mesa de la Cámara que impiden la tramitación.
Esperanza Oña (PP-A) también ha criticado que el presidente “venga ahora con esta resolución” que coincide con un gobierno en minoría del PSOE-A, “que quiere impedir a toda costa que se debatan estas propuestas”. Y ha apuntado a C's también, por cuanto que este grupo lo permite. Entre otras cosas no ha evitado comentar que desde C's le han reconocido que en el caso de la proposición de ley del PP-A, no quieren que se vote porque tendrían que respaldarla. Y es que C's lleva en su programa electoral la eliminación del impuesto de donaciones y sucesiones y no quiere que le cojan la delantera los populares. Por cierto que C's ha sido el único grupo que no ha comparecido ante los medios de comunicación para exponer sus razones en un nuevo miércoles muy movido en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas.
El letrado mayor le da la razón a los proponentes
Independientemente del atolladero en el que se encuentra metida la Mesa de la Cámara, y dado que todos los grupos están hablando de la ley, es importante evaluar la opinión de los expertos. Precisamente este miércoles ha trascendido la valoración del letrado mayor del Parlamento de Andalucía, Francisco Javier Pardo, respecto a que las dos proposiciones de ley en cuestión debieron ser tramitadas. Es decir, se pronunció la pasada semana en el mismo sentido que reclaman los proponentes. En su intervención en la reunión de la Mesa de la Cámara manifestó que “efectivamente” la cuestión que se plantea “es nueva en la presente legislatura”.
Recordó que en otras se registraron proposiciones de ley con su vigencia diferida a presupuestos autonómicos posteriores “sin que necesariamente se produjera oposición por parte del Consejo de Gobierno a su tramitación por razones de incidencia presupuestaria”. Destacó también que, pese a que el tema no ha sido demasiado tratado por la doctrina, existen “estudios solventes”, cuyo criterio comparte, que entienden que en estos casos no debe imponerse el “veto”, justamente por no afectar a los presupuestos autonómicos en vigor.
En todo caso, sí subrayó que no existe ninguna resolución del Tribunal Constitucional que haya abordado y resuelto de manera directa la controversia que ahora se plantea. Efectivamente, en su opinión, puede resultar “discutible” la aplicación a estas dos proposiciones de ley“ del procedimiento previsto en el artículo 124.4 del Reglamento del Parlamento de Andalucía que tiene precisamente como objeto las cuentas en vigor. Pero matizó que por hablar de ejercicios posteriores ”no podría considerarse afectado“ el presupuesto autonómico en curso. ¿Y por qué el PSOE-A y C's no tienen en cuenta estas valoraciones para permitir su debate? ”Han dicho que no es una cuestión de legalidad, sino de sensibilidad“, ha comentado uno de los integrantes de la Mesa de la Cámara preguntado por qué no se ha impuesto este criterio, como ha ocurrido siempre.