Una extraña coincidencia de votos entre PSOE, Ciudadanos y Vox en la Mesa del Parlamento andaluz (el PP se ha abstenido) ha fulminado de un plumazo el liderazgo de Teresa Rodríguez como presidenta de Adelante Andalucía, la confluencia que ella misma fundó hace dos años junto a IU y otras dos formaciones andalucistas. El órgano rector de la Cámara ha ratificado este miércoles su expulsión y la de otros ocho parlamentarios de su entorno, dando por válida la acusación de “transfuguismo” que elevó su anterior formación, Podemos, por mediación de su socio en la confluencia: IU.
Los ocho expulsados pasan a ser diputados no adscritos, pierden gran parte de sus derechos de representación parlamentaria, mengua su cupo para presentar iniciativas, no podrán preguntar al presidente de la Junta en las sesiones de control y, lo más importante, pierden la asignación que percibían como grupo (1,7 millones de euros) y se quedan sólo sus salarios. Rodríguez denuncia que ha sido una “aberración jurídica”, amparada en un Pacto Antitransfuguismo que se coció y aprobó en Madrid, y que ha redefinido el concepto de “tránsfuga” para que encajase como un calcetín a su marcha de Podemos para quedarse en Adelante Andalucía bajo el paraguas de otra formación: Anticapitalistas.
Los afectados acusan a los partidos firmantes de la Mesa de la Cámara de “prevaricar”, y llevarán su expulsión a los tribunales, en última instancia ante el Constitucional, alegando que los propios servicios jurídicos del Parlamento andaluz advertían de una posible vulneración de sus derechos de representación política. El desgarro en la confluencia va más allá de los ocho expulsados. En total son once parlamentarios los que se ubican en la esfera ideológica de Rodríguez, los ocho apartados y otros tres, que entraron en Adelante como independientes, pero que se han alineado con la gaditana, y reprochan duramente a IU su operación para expulsar a sus compañeros, con la connivencia de sus rivales políticos. Una de estas tres diputadas “indultadas”, Ana Villaverde, se dio de baja de Podemos Andalucía a posteriori, en señal de protesta, de modo que su expulsión se ha sumado a la de sus ocho compañeros a última hora.
Para ratificar la expulsión ha sido fundamental el cambio de criterio de Ciudadanos, que hace una semana se abstuvo en la votación de la Mesa y este miércoles ha decidido apoyarla. Ha sido la dirección nacional de Inés Arrimadas quien anunció un día antes el cambio de criterio, aludiendo al Pacto Antitransfuguismo, y dejando en evidencia la falta de autoridad del vicepresidente de la Junta y líder regional de Cs, Juan Marín, que “no consideraba una tránsfuga a Teresa Rodríguez”. Sobre el cambio de criterio, Marín se ha quejado de que “Adelante Andalucía haya trasladado a la Mesa del Parlamento un problema interno que no han sido capaces de resolver entre ellos”. “Eso ha sido un error”, apunta.
La presidenta de la Cámara y dirigente de Ciudadanos, Marta Bosquet, ha adelantado que impulsará una reforma exprés del reglamento del Parlamento, muy parco a la hora de abordar casos de transfuguismo, para incluir las conclusiones del Pacto Antitransfuguismo, que ha impulsado su propia formación. Su intención es aprobar esa reforma por lectura única antes de enero, un escenario difícil, porque requiere unanimidad de los 109 parlamentarios (incluidos los nueve expulsados). Queda pendiente de resolver también el complicado escollo de la financiación del grupo Adelante (1,7 millones de euros), que al ver reducida su representación de 17 a ocho diputados, vería disminuir sus ingresos de forma proporcional. Así ocurrió recientemente con Vox, cuando la diputada por Almería Luz Belinda Rodríguez abandonó su grupo, provocando una merma de 90.000 euros en la asignación de la formación ultraderechista.
La reforma exprés del reglamento que plantea la presidenta de la Cámara andaluza también abordaría este agujero normativo, incorporando la adenda del Pacto Antitransfuguismo: “El grupo político perjudicado o disminuido en su composición no deberá sufrir merma institucional alguna en los medios y asignaciones económicas y administrativas que como tal grupo le correspondiesen con anterioridad”. Esta modificación beneficiaría a IU, que se queda sólo dentro del grupo Adelante, pero también a Vox, que votó en contra de dicho pacto.
Bosquet ha defendido que la expulsión de Rodríguez y otros ocho diputados “no es una decisión de la Mesa de la Cámara”, sino de los grupos que han defendido esta medida, luego recogida por el órgano rector. Esta tesis choca con el informe de los servicios jurídicos del Parlamento, que dejaron escrito que el hecho de que un diputado abandonase el partido de una coalición que conforma un grupo parlamentario no significaba la salida inmediata de dicho grupo.