Una semana después de que la Mesa del Parlamento andaluz admitiese a trámite y por la vía de urgencia la propuesta de reforma del reglamento interno que avala la expulsión de Teresa Rodríguez y otros ocho diputados de su grupo, Adelante Andalucía, la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, ha ordenado a los servicios jurídicos que elaboren un informe sobre el borrador que despeje las “dudas jurídicas”.
En teoría, la solicitud de este informe frenaría en seco la tramitación de la reforma, que debía ser remitida al Pleno para su puesta en consideración la semana que viene. Sin embargo, apenas una hora después de que Bosquet encargase el informe jurídico, la portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto (IU), ha solicitado en la reunión de la Junta de Portavoces que la reforma del reglamento entrase en el orden del día del próximo Pleno, y la mayoría de grupos ha votado a favor. Esta iniciativa no estaba en la propuesta de orden del día de la presidenta. Con ello, IU logra esquivar la maniobra de Rodríguez para dilatar la aprobación de la reforma, que daría carta de naturaleza a su expulsión, el pasado noviembre.
Fuentes parlamentarias consultadas por este periódico advierten de que los letrados de la Cámara han considerado que, “al no tratarse de un informe jurídico preceptivo” y vinculante, la tramitación urgente de la reforma “no tiene por qué interrumpirse y puede seguir su curso”. Las mismas fuentes aseguran que los servicios jurídicos del Parlamento “se han comprometido a tener listo el citado informe y presentárselo a todos los grupos antes de la toma en consideración de la reforma en el próximo Pleno”.
Este capítulo se suma al largo vodevil de desencuentros en el seno de la izquierda andaluza, una pugna por el control de la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU), que se saldó hace unas semanas con la expulsión de Teresa Rodríguez y sus afines del grupo que ella misma presidía y que fundó hace dos años. La operación para apartarla y enviarla a la bancada de diputados no adscritos, desprovista de toda fuerza legislativa, fue impulsada por Nieto, coportavoz de Adelante y líder de la coalición mientras la gaditana estaba de permiso por maternidad.
Este mismo miércoles, Teresa Rodríguez ha registrado en el Parlamento un recurso de reconsideración sobre la admisión a trámite de la citada reforma del reglamento, acusándola de ser una “reforma encubierta de la Constitución” y de vulnerar sus derechos fundamentales de representación política y los de sus compañeros.
La solicitud de un informe jurídico sobre la propuesta de reforma del reglamento supone una rectificación de la decisión que adoptó hace una semana la Mesa del Parlamento, cuando tomó en consideración y admitió la propuesta de reforma del reglamento sin que ésta fuera acompañada de un informe jurídico. La explicación que se dio entonces es que “no se trataba de una proposición de ley como tal” y, por tanto, no existía la obligación de pedir un informe a los letrados, como se hace con este tipo de iniciativas de los grupos parlamentarios, según el reglamento. Fuentes de la Cámara legislativa confirman a este periódico que se trata de dar mayor “seguridad jurídica” a la reforma prevista.
La semana pasada, en el seno de la Diputación Permanente, todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, pactaron una reforma exprés del Parlamento de Andalucía para encajar lo dispuesto en el Pacto nacional Antitransfuguismo, que da carta de naturaleza a la expulsión de Teresa Rodríguez y otros ocho diputados del grupo Adelante Andalucía el pasado 18 de noviembre. La gaditana y sus compañeros han elevado a la Mesa un escrito exigiendo que dicha reforma fuera acompañada de un informe jurídico por parte de los letrados de la Cámara, porque consideran que se está vulnerando sus derechos fundamentales de representación política. Bosquet descartó esa opción de oficio, pero el escrito de Rodríguez -más las “dudas jurídicas” que ha planteado Vox- la han animado a reconsiderar su postura.
Según la Disposición Adicional Primera del reglamento, la reforma del mismo “se tramitará por el procedimiento establecido para las proposiciones de ley (...), pero sin la intervención del Consejo de Gobierno”. Según el artículo 123, “las proposiciones de ley se presentarán acompañadas de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellas”. El escrito presentado a la Mesa por Rodríguez y sus compañeros se aferra a estos dos puntos para demandar que “los servicios jurídicos de la Cámara emitan un informe en el plazo de 15 días y, en cualquier caso, antes del debate de toma en consideración de la proposición de ley”. En éste debe constar “la incidencia de la iniciativa legislativa sobre la normativa vigente, un análisis técnico legislativo de la proposición de ley y un análisis jurídico del contenido en el que se examine la legalidad y constitucionalidad de la misma”, dice el escrito remitido al órgano rector de la Cámara.
El dinero y la representatividad
En realidad, fue el letrado mayor del Parlamento andaluz quien, hace una semana, avaló la decisión de la Mesa de admitir a trámite la reforma del reglamento sin necesidad de acompañarla de un informe jurídico. La explicación es que dicha reforma, in stricto sensu, “no es una proposición de ley”, sino que debe “tramitarse por el procedimiento establecido para las proposiciones de ley”. De esta interpretación el letrado extrajo la conclusión de que no era necesario ni pasar por el Consejo de Gobierno ni venir respaldada por un informe jurídico.
De momento, la solicitud del informe debía frenar la tramitación de urgencia y permitir a los ocho diputados expulsados ganar tiempo, puesto que ya han recurrido su expulsión al Tribunal Constitucional y están a la espera de que éste lo admita a trámite. Sin embargo, la Mesa ha decidido mantener la vía rápida y a petición de Adelante ha incluido la reforma del reglamento en el orden del día del próximo Pleno.
El informe jurídico se conocerá antes, pero ni su resultado ni el recurso de consideración“ presentado este miércoles por los nueve diputados expulsados parece que vayan a frenar la aprobación de la reforma, prevista para el mes de abril. Una vez entre en vigor, el grupo Adelante Andalucía, reducido a los seis diputados de IU (nueve fueron expulsados y dos independientes han sido orilladas por su afinidad a Rodríguez), podría recuperar la financiación original de la coalición: 1,7 millones de euros correspondientes a los 17 diputados que obtuvieron en las urnas. Ésta es una parte mollar del asunto. La expulsión de los nueve parlamentarios acusados de ”tránsfugas“ ha mermado las arcas de la coalición [aproximadamente 90.000 euros menos por cabeza], en un momento delicado, porque de la alianza Podemos-IU, la parte morada es extraparlamentaria tras la marcha de Rodríguez y su equipo de la dirección regional, que siguieron en Adelante bajo el paraguas de Anticapitalistas.
Los jueces también deben decidir si aceptan, como medida cautelar, devolver a Rodríguez y al resto a su grupo parlamentario en tanto deliberan sobre el fondo del recurso. Si eso ocurriera, la gaditana y el sector Anticapitalistas recuperaría la mayoría y el control de Adelante Andalucía, y podría de inmediato apartar a su actual portavoz, Inmaculada Nieto (IU), que fue quien inició la operación para expulsarla a ella y a sus afines acusándolos de “tránsfugas”.
La proposición de reforma del reglamento del Parlamento andaluz modifica los artículos 21, 24 y 26 del actual reglamento, relativos a la composición y el funcionamiento interno de los grupos parlamentarios, y añade una definición más pormenorizada de la condición de diputado no adscrito por “supuesto de transfuguismo”, caso actual de Rodríguez y sus ocho compañeros, que está justificada tanto por la “expulsión” en sí de su grupo, como por la “separación del criterio político del diputado que concurrió por la candidatura de la que trae causa el grupo parlamentario”. Esta última frase, que sale directamente del texto del Pacto Antitransfuguismo, ha despertado muchos recelos y “dudas jurídicas”, a las que se agarra Vox para no apoyar el borrador.