EDUCACIÓN
El Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles la admisión a trámite de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por 30 colectivos de la comunidad educativa para modificar la Ley de Educación de Andalucía con el objetivo de reducir el número máximo de alumnos por aula. El debate de fondo no era nuevo, pero el formato sí. Hacía cuatro años que no llegaba a la Cámara una propuesta de ley impulsada por la sociedad civil.
Desde abril de 2018 no se veía por aquí esta otra imagen de la política: distintos colectivos sociales que se organizan y reúnen las 40.000 firmas necesarias para llevar su propia ley a la Cámara legislativa y ocupan el debate público que a diario copan los partidos allí representados, los que sostienen al Gobierno andaluz y los de la oposición. En la imagen, una profesora sentada en el centro del salón de Plenos, rodeada de diputados: “Yo soy maestra de Los Pajaritos [el barrio sevillano más pobre de España, según el INE] y tengo 33 alumnos en clase. No es razonable. La realidad de las aulas andaluzas no es razonable”.
La iniciativa legislativa popular es una herramienta que se creó hace 16 años para combatir la desafección de los ciudadanos por la política. Pero desde 2006 sólo se ha usado ocho veces en el Parlamento andaluz, la última hace dos legislaturas (sin contar las promovidas por alcaldes y partidos extraparlamentarios). Es un instrumento legislativo en desuso que se reactivó este miércoles -avalada por más de 52.000 firmas-, pero que fue recibida por una Cámara de 109 diputados prácticamente vacía.
Cuando la portavoz de la iniciativa, la profesora y miembro del sindicato Ustea Carmen Yuste, subió a la tribuna a defender su propuesta, eran las tres de la tarde y el Gobierno andaluz en pleno estaba comiendo. Ni el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ni la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, estaban allí para escuchar su intervención. El orden del día se había alterado minutos antes, precipitando el debate educativo a la hora de comer. Algunos diputados salieron corriendo del restaurante en dirección al salón de Plenos, otros no.
La propuesta de ley que habían redactado profesores, padres de alumnos y estudiantes instaba a los grupos a sentarse a debatir sobre la conveniencia de bajar la ratio escolar en Andalucía, es decir, reducir el número máximo de alumnos por aula que permite la ley. Actualmente: 25 en Infantil y Primaria; 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. Todos los partidos se mostraron a favor de bajar la ratio, pero la iniciativa no salió adelante.
La propuesta venía avalada por los grupos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- y chocó con el muro de la derecha. El PP impuso su mayoría absoluta (58 diputados) para evitar que el Parlamento tomara en consideración la iniciativa popular. Vox se abstuvo. Lo que rechazó la Cámara no fue la ley en sí, ni un recorte concreto de alumnos -cinco menos por aula en todas las etapas-, ni la modificación presupuestaria que supondría -que la Junta cifró en 1.362 millones de euros-. Lo que hizo el Parlamento fue dar un portazo al debate antes de debatirlo.
El resultado era previsible, porque la iniciativa venía precedida de un informe contrario del Consejo de Gobierno. El Ejecutivo de Moreno rechaza una “bajada generalizada de la ratio escolar” porque supondría “trastocar toda la arquitectura del sistema escolar andaluz”, “redefinir toda la red de centros educativos”, disparar el presupuesto educativo actual y, además, poner en riesgo “la libre elección de colegios de los padres”.
Yuste hizo una exposición más política que pedagógica, pero llevó consigo todo el cuerpo argumental de la comunidad educativa: aludió a la bajada de la ratio escolar como una de las grandes reivindicaciones del profesorado, clave para la mejora de la enseñanza según la gran mayoría de estudios comparativos de sistemas escolares del mundo. Los sindicatos de profesores andaluces suscriben la petición, la confederación de padres y madres de alumnos de la escuela pública (Codapa) también.
“Andalucía lo necesita más que otras regiones”, advirtió la profesora, tras recordar que la tasa de fracaso escolar y de abandono temprano está muy por encima de la media, y que el gasto por alumno se sitúa muy por debajo. Yuste explicó que la coyuntura actual, con un desplome de la natalidad continuo desde 2013 -hasta 70.000 alumnos menos-, “es una gran oportunidad para reducir el número de alumnos por aula, no para recortar la escuela pública”, avisó, criticando al Gobierno por haber suprimido más de 1.500 unidades en Infantil y Primaria por falta de nuevas matriculaciones.
Nadie le discutió las razones ni el contexto ni los argumentos de fondo. Todos defendieron la necesidad de bajar la ratio, la importancia del número de alumnos por aula para una enseñanza personalizada, incluso el portavoz del PP andaluz reconoció varias veces que había “escuelas masificadas”, a pesar de que el departamento de Educación suele insistir machaconamente en que la “ratio media” en Andalucía está por debajo de lo que marca la ley. Una cifra que unifica la realidad de las aulas semivacías de zonas rurales con las aulas saturadas de las grandes ciudades.
Pero por encima de la cabeza de la profesora que acudió al Parlamento a defender su iniciativa popular, se reprodujo un pulso ideológico entre las derechas y las izquierdas, con reminiscencias a la lucha de clases. El argumento más sólido del PP fue que, hace apenas tres meses, el Ministerio de Educación también descartó modificar el decreto de condiciones mínimas de los centros educativos para reducir el número máximo de alumnos por aula en segundo ciclo de infantil, primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
Si el Gobierno central no lo incluye en la normativa básica -que acaba de echar a andar-, ¿por qué habría de hacerlo la Junta de Andalucía en el ámbito de sus competencias? Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, explicó que si Moreno había sido capaz de hacer “dumping fiscal” para competir con Madrid en la bajada de impuestos autonómicos, también podía hacer “dumping educativo”. “Ya tenemos las ratios más altas de España, junto con Madrid y Cataluña”, aseguró, para reprocharle que “haya renunciado a mil millones de euros al año en impuestos propios, y luego rechace bajar la ratio porque cuesta otros mil millones”.
María Márquez, portavoz del PSOE-A, afeó al PP que usara “su rodillo de mayoría absoluta” para impedir siquiera “la posibilidad de que se debata el fondo del asunto”. La socialista acusó a las derechas de “no creer en la educación pública” porque “no la usan ni la necesitan”, y criticó a la consejera de Educación por sacar pecho por la reducción de la ratio en los últimos años, “porque ésta viene determinada por la bajada de la natalidad, no por la voluntad política”.
PP y Vox, que subieron a justificar sus recelos con la iniciativa, usaron a dos portavoces que habían sido “maestros en la escuela pública”. El popular Jorge Saavedra defendió la máxima del Ejecutivo andaluz, esto es, que el número de alumnos total en el sistema andaluz es más bajo que nunca, y la plantilla estructural de profesores -los puestos fijos- es el más alto (en torno a 104.000 docentes). Saavedra comparó la ratio andaluza con la catalana, la madrileña y la de “otros países de la UE”, aunque omitió la comparativa en cuanto a la tasa de fracaso, abandono e inversión por alumno, muy por debajo del resto.
“No podemos apoyar esta iniciativa tal cual está redactada”, sentenció, para luego “tender la mano para seguir bajando la ratio escolar”. Yuste le respondería minutos después, en su turno para cerrar el debate, que “no se trata de votar la ILP tal y como está”, la iniciativa puede “enmendarse, mejorarse, cambiarse”, porque lo que se iba a votar era el inicio de su tramitación, no la puesta en funcionamiento. “Se trata de abrir el debate y que escuchen aquí a la comunidad educativa”, aseguró.
Vox, por su parte, defendió dos posturas en aparente contradicción para enmarcar su abstención: miró al Gobierno andaluz para afearle la falta de profesores necesarios y criticó el “ajuste acusado” de la plantilla docente que reconoce el informe adjunto al proyecto de ley de Presupuestos para 2023. El grupo ultraderechista lleva este jueves una pregunta oral a la consejera Del Pozo sobre este asunto. “Nadie que tenga un mínimo de sentido común puede negar la importancia de bajar la ratio, pero los recursos no son ilimitados”, dijo la diputada Blanca Armario.
Pero, acto seguido, se volvió a la bancada de la izquierda para afear su alineamiento con la iniciativa legislativa, su cercanía a los sindicatos y colectivos que impulsan la ley, y el “marco encorsetado” de su propuesta. Armario terminó desechando su apoyo al defender “la misma ratio escolar para toda España”. “Las izquierdas se amparan en el todopoderoso Estatuto de autonomía para exigir una medida que al final creará desigualdad entre los españoles, con una ratio distinta por ley según la región”.
En el diario de sesiones quedaron los nombres de un puñado de colegios e institutos donde el número de alumnos por aula rebasa no sólo el límite recomendado, sino el tope legal. La consejera de Educación no intervino. Su departamento se aferra a la “ratio media”, pero no aporta un mapa claro que distinga aquellas escuelas “masificadas”, en palabras del PP, de las que están por debajo del límite legal. Había profesores en la tribuna de invitados que despidieron la intervención final de Yuste con un aplauso en pie. También los grupos de izquierdas lo hicieron. “¡Qué lástima que el Parlamento no vaya a estar a vuestra altura. Seguimos!”, gritó Yuste a sus compañeros docentes, antes de ser conducida fuera de la Cámara.
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