El mismo día que el PSOE asume públicamente que habrá un adelanto de las elecciones en Andalucía, los socialistas han retirado esta mañana su voto en contra de la propuesta del PP para la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre el uso irregular de una tarjeta de crédito de la Junta en un prostíbulo de Sevilla.
La Mesa de la Cámara, órgano rector del Parlamento, ha aprobado este jueves la creación de este organismo de investigación, el tercero tras la comisión que examinó el fraude de los ERE y las irregularidades en los cursos de formación. El presidente de la Cámara, el socialista Juan Pablo Durán, informará en el Pleno de la semana que viene de la puesta en marcha de dicha comisión sobre uno de los asuntos más turbios que ha salpicado al Ejecutivo de Susana Díaz en los últimos meses. Sin embargo, esta medida y todas las que están tramitándose en este momento en el Parlamento decaerán en el mismo momento en el que la presidenta disuelva la Cámara y convoque elecciones anticipadas, un escenario que hoy mismo han dado por hecho los propios socialistas. “Ciudadanos se ha convertido en un factor de inestabilidad y aboca a la comunidad autónoma andaluza a unas elecciones anticipadas”, ha dicho el portavoz del PSOE, Mario Jiménez.
Un juzgado de Sevilla investiga el uso irregular de una tarjeta de crédito de la Junta que hizo Fernando Villén, ex directivo de la extinta Faffe -Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo- en un prostíbulo de Sevilla en marzo de 2010. Con esa tarjeta se realizaron, en menos de seis horas, 15 pagos sucesivos por valor de 14.737 euros entre las 20,57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 02,43 horas del 23 de marzo de 2010. Ese mismo día, el entonces presidente José Antonio Griñán acababa de remodelar su Gobierno y había destituido al consejero de Empleo, Antonio Fernández, jefe político de la Faffe y, a la sazón, uno de los principales imputados en el caso ERE.
En un principio, la Junta calificó el hecho de “lamentable y asqueroso”, pero sostuvo que no había habido “menoscabo de fondos”, porque alguien regresó al día siguiente de la fiesta al prostíbulo y pagó la cuenta en efectivo, impidiendo que se cargase el gasto a la tarjeta de crédito. El pasado mes de julio, el consejero de Empleo, Javier Carnero, admitió por sorpresa que el gasto de 15.000 euros en un prostíbulo de Sevilla con cargo a una tarjeta de crédito ligada a la extinta Faffe puede constituir un delito de “malversación de fondos públicos y apropiación indebida”. La Junta está personada en la causa que investiga posibles irregularidades en la tesorería de la extinta Faffe y ha reclamado a la jueza del caso que amplíe diligencias e investigue si el uso de la tarjeta de crédito, el 22 de marzo de 2010, implica delitos con penas de prisión.