El Parlamento andaluz activa con sólo 18 diputados la ley de más peso de la Junta y empuja a la izquierda a recurrirla ante el Constitucional

Un Parlamento tan desierto como las calles de Andalucía acaba de activar la ley de mayor peso político aprobada por el Gobierno de Juan Manuel Moreno en año y pico de legislatura. Dentro del enorme y vacío salón plenario de la Cámara, 18 diputados, con guantes y máscaras, han debatido y votado durante poco más de una hora un decreto ley que modifica 26 leyes, seis decretos, elimina 100 trabas burocráticas para agilizar el mercado laboral andaluz, pero también anula permisos que hasta ahora eran obligatorios para impulsar ciertos negocios, entre ellos algunos que limitaban la voracidad urbanística y protegían el medio ambiente.

Los socios de Gobierno, PP y Ciudadanos, han votado a favor junto con sus aliados externos de Vox. PSOE y Adelante Andalucía han votado en contra y han anunciado que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, “junto a 21 organizaciones, sindicatos, colectivos, colegios profesionales y entidades sociales” que han hecho llegar un escrito a la Junta y al Parlamento andaluz para que paralizasen el decreto ley, y que éste fuera sometido a un debate más pausado. El recurso ante el TC plantea, según los grupos de izquierda, que se ha violentado el artículo 23 de la Constitución que regula los derechos de participación de los diputados.

El decreto ley de simplificación administrativa ha modificado normas por la vía de urgencia que, según el portavoz socialista y ex vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, no están justificados de acuerdo al Estatuto de Autonomía. “No cumplen los mínimos parámetros legales para la aprobación de este decreto por la vía urgente. ¿Es urgente abrir nuevos campos de golf ahora? Han metido de tapadillo modificaciones de leyes aprobadas por unanimidad y lo han hecho sin informe jurídico que lo sustente”, dice Jiménez Barrios.

Los partidos de izquierda han mostrado su indignación por que el Gobierno de Moreno haya activado esta norma con un Parlamento en servicios mínimos, en mitad de una tormenta perfecta, en medio de la pandemia del coronavirus que se ha cobrado ya 343 muertos (6.972 contagiados). Se trata de una ley que cambia el paso en política económica, urbanística, comercial, medioambiental, en el sector de las telecomunicaciones, y que provocará, en definitiva, “cambios estructurales en el modelo productivo andaluz”, apostando por la liberalización paulatina del mercado e implanta un modelo económico que rompe con el esquema de los anteriores gobiernos socialistas. La portavoz de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, se ha detenido en la reforma que introduce el decreto sobre la Ley Audiovisual de Andalucía, que “permitirá a las empresas privadas privatizar emisoras y televisiones municipales”. “Esto abre la puerta al monopolio, la competencia desleal y el intrusismo”, dice Aguilera.

Justo después de la votación de la convalidación se ha votado la propuesta de PSOE y Adelante para que la norma se tramitase como proyecto de ley con carácter de urgencia, pero los tres grupos conservadores han rechazado esta vía, “porque supondría retrasar su convalidación como mínimo ocho meses, y las pequeñas empresas andaluzas no pueden esperar”, ha subrayado la diputada y secretaria general del PP andaluz, Dolores López.

Efectivamente el decreto ley de simplificación de medidas administrativas cambia radicalmente las reglas del juego de un modelo productivo que, hoy mismo, ha visto cómo se desangraba por el impacto del coronavirus y el parón de la actividad empresarial en la economía andaluza: 138.569 parados más en marzo, la mitad del paro registrado en España, un incremento del 17,2% del desempleo en Andalucía, casi el doble que la siguiente región más afectada (Navarra). Una región, que nutre su Producto Interior Bruto principalmente del sector servicio, el turismo, y el mercado agroalimentario, que en apenas dos semanas ha sufrido más de 50.000 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

El decreto ley aligera el aparato legal de la Junta, se reducen tasas, se liberalizan los horarios comerciales, se eliminan permisos que ahora son obligatorios (muchos de ellos en materia de protección ambiental, que acompañan reformas en materia urbanística para fomentar la construcción de viviendas...) Todo ello con el objetivo de desenredar la maraña burocrática de la Administración “para ganar en competitividad” y atraer más inversiones. “Son reformas que hemos hecho de la mano del sector privado”, subrayó el consejero de Hacienda, Juan Bravo.

La piedra angular del decreto ley está en el departamento de Medio Ambiente, con la reforma parcial de dos leyes creadas para contener la fiebre del ladrillo y la especulación urbanística, y la protección del medio ambiente: Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). Las rebajas legislativas de impacto ambiental eran reivindicaciones históricas de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que siempre ha cuestionado el freno al crecimiento urbanístico.