La Mesa del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles calificar una pregunta de máxima actualidad presentada por el grupo socialista, y dirigida al Gobierno de Juan Manuel Moreno, referente a la investigación publicada por este diario sobre la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y la adjudicación de obras municipales por valor de 600.000 euros al “testaferro” de su hijastro, procesado por narcotráfico.
Parte de ese dinero, en torno a 250.000 euros, proviene del Plan Proteja [Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía; año 2011], razón por la que el PSOE ha dirigido una pregunta al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, para saber si el gabinete jurídico del Gobierno regional se ha interesado por la causa. En realidad, los socialistas buscan zarandear la plácida estabilidad del presidente Moreno con una investigación judicial por corrupción que salpica a uno de los epicentros de poder del PP andaluz, como es el Consistorio marbellí, y a su alcaldesa, persona cercana a la dirección del PP de Málaga y al propio Moreno.
La Mesa, controlada por la mayoría absoluta del PP, ha rechazado incluir la pregunta de los socialistas en el Pleno que se celebra este jueves, alegando que no responde a los “criterios técnicos” que exige el reglamento de la Cámara para considerarlo una pregunta de máxima actualidad, y que se trata “de un asunto de competencia municipal”. La vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha comparecido de inmediato para acusar al órgano de dirección del Parlamento de “vetar” la pregunta de su grupo.
Los socialistas han tildado el rechazo de su pregunta de “cacicada” y han reclamado a la Mesa que exponga “por escrito” los argumentos de ese rechazo. “Hoy con su mayoría absoluta, Moreno ha vetado que podamos hablar del uso de fondos de la Junta en asuntos muy turbios. Ahora entendemos esa frase del hijo de la alcaldesa de Marbella: ahora hemos ganado, tenemos la Junta de Andalucía, la ciudad es nuestra, tenemos la jodida Andalucía”, dice Férriz, tras acusar al presidente de la Junta y del PP andaluz de “ser más culpable cada minuto que la alcaldesa siga” en su puesto.
El portavoz de los populares en el Parlamento, Toni Martín, ha insistido en la línea que ya había apuntado el propio Moreno al responder sobre este asunto: “Que yo sepa, ni a la alcaldesa de Marbella la está investigando un juez, ni está imputada por nada. Las últimas investigaciones que hubo sobre el Ayuntamiento de Marbella fueron archivadas en 2017”. Martín considera que este asunto, que parte de una investigación en curso de la Audiencia Nacional, es una “cortina de humo” creada por el PSOE ante la “cercanía” de la entrada en prisión del expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado por el Tribunal Supremo a seis años de cárcel por delitos de prevaricación y malversación en el macrofraude de los ERE.
La pregunta presentada por el PSOE andaluz inquiere al Gobierno de Moreno, “en el ámbito de sus competencias”, si va a recabar al gabinete jurídico “alguna actuación en defensa del interés general” en relación con el supuesto desvío de fondos públicos del Consistorio de Marbella para operaciones relacionadas con el narcotráfico, habida cuenta que parte de ese dinero provenía de las arcas de la Junta.
La iniciativa de los socialistas viene acompañada por las informaciones publicadas por el diario.es, en concreto, la que señala a una empresa del ciudadano sueco Nils Fischer, procesado junto al marido y a un hijastro de la alcaldesa de Marbella por pertenecer a una organización criminal dedicada al narcotráfico, y que fue adjudicataria de al menos cinco contratos de obra por parte del Consistorio presidido por Ángeles Muñoz.
Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, Codecosol –la sociedad que Fischer utilizó presuntamente para blanquear dinero de la venta de cannabis– recibió entre 2011 y 2015 cinco adjudicaciones por un total de 642.415,22 euros durante el segundo mandato de Ángeles Muñoz en el Ayuntamiento marbellí.
Los investigadores incluyen a esta sociedad como uno de los instrumentos para blanquear dinero del narcotráfico por parte de la Mocro Mafia sueca en la Costa del Sol.
En su filial en Málaga, la mafia sueca tendría como “jefe o administrador” a Joakim Broberg, de 49 años, hijastro de la alcaldesa desde que su padre se casó con Muñoz, hace tres décadas. Y este, a su vez, disponía como “hombre de confianza” y “testaferro” a Nils Fischer, según los términos utilizados por el juez Manuel García Castellón en su auto de procesamiento.
Codecosol (Construcciones y Demoliciones Costa del Sol), la sociedad de Fischer de los contratos con el Ayuntamiento de Ángeles Muñoz, habría sido usada “como tapadera para diferentes negocios inmobiliarios”, remata el juez. Fischer está procesado por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Integra el grupo de acusados al que el juez ha impuesto una fianza de 25 millones de euros.
El mayor negocio que Fischer hizo con el Ayuntamiento de Marbella data de 2011 y responde a la rehabilitación de los pavimentos dañados por la “climatología adversa”, por un importe de 250.000 euros. En este caso, los fondos procedían de la Junta de Andalucía, concretamente del Plan Proteja, dinero que facilitaba la administración autonómica a los Ayuntamientos para estimular el empleo durante la crisis de la pasada década.
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