El Pleno del Parlamento ha rechazado este miércoles, con los votos de PSOE-A, la toma en consideración y consiguiente tramitación de la proposición de Ley de Podemos sobre cuentas claras y abiertas para la Junta de Andalucía. PP-A y Ciudadanos se abstuvieron en la votación, mientras que IULV-CA apoyó la tramitación.
En defensa de la ley, el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno de Acevedo Yagüe ha manifestado que los ciudadanos tienen que tener derecho a ver las cuentas corrientes de su administración, porque ahí está “la verdad”. Ha querido dejar claro que con esta norma no viola en absoluto la Ley de Protección de Datos, sino que la va a respetar en todo momento.
Se trata, según ha explicado, de que desde la administración pública se tome la cuenta corriente de una determinada consejería o de un ayuntamiento y los datos contables, haciendo uso previamente de una aplicación que borra los datos de carácter personal, se trasladen al Portal de Transparencia. De esta forma, según ha señalado, los ciudadanos podrán conocer cuántas cuentas corrientes tiene la administración pública, en qué bancos, con qué saldos y qué movimientos se realizan en las mismas.
Se ha mostrado convencido de que esta norma nos protege “contra la corrupción” y ha recalcado que es más necesaria en Andalucía que en ningún otro sitio, porque son numerosos los “escándalos de pagos indebidos o de desvíos de fondos públicos” que se han producido.
Por su parte, la diputada del PSOE-A Ángeles Férriz ha querido dejar claro que para el Gobierno andaluz es una prioridad el acceso a la ciudadanía a la información y datos de la administración porque es necesario un mayor control democrático de lo público. Ha indicado que la Ley de Transparencia de Andalucía, la más “avanzada y ambiciosa” del país, ya garantiza a la ciudadanía parte de la información que se pretende dar a través de la ley de Podemos.
Ha indicado que la Junta tiene más de 5.000 cuentas, que cada año realizan más de cinco millones de transacciones, entre ellas, las nóminas de los empleados públicos. Ha señalado que el volcado masivo de millones de datos en modo alguno contribuiría a un mejor conocimiento de la gestión de los fondos públicos. Asimismo, ha afirmado que en todo momento habría que aplicar la Ley de Protección de Datos, con lo que habría datos que no se podrían ofrecer.
La diputada del PP-A Carmen Crespo ha iniciado su intervención denunciando el “veto” de PSOE-A y Ciudadanos en el Parlamento a la tramitación de proposiciones de ley de la oposición, porque ello supone “golpear la esencia de la democracia”. Por ello, ha celebrado que este miércoles se hayan podido debatir ante el Pleno tanto esta norma de Podemos como la del grupo popular sobre el impuesto de sucesiones y donaciones.
Ha afirmado que el PP-A está de acuerdo con el fin de la proposición de ley de Podemos, pero “conjugada con la Ley de protección de datos”. Ha considerado que hay que mejorarla para que sea “realmente útil para la transparencia en Andalucía”. Ha insistido en que están de acuerdo con el objetivo final de la ley, pero hay que dilucidar cómo llevarla a la práctica. Ha denunciado que Andalucía se encuentra entre las últimas comunidades en materia de transparencia.
El parlamentario de Ciudadanos Sergio Romero ha manifestado que su formación puede compartir el título de la ley de Podemos, pero no el fondo y ha considerado que la iniciativa es contraproducente, redundante y económicamente “cara”. Ha señalado que se trata de poner a disposición de los ciudadanos una ingente cantidad de información, sin una oferta “clara y nítida” y ha aludido a que es difícilmente compatible con la Ley de Protección de Datos. “Esta ley es compleja, costosa y escasamente útil”, según Romero, para quien la Ley andaluza de Transparencia debería ser objeto de revisión.
La diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha señalado que esta propuesta de Podemos marca, sin duda, una senda positiva de profundización en la calidad democrática de las instituciones y en lo que supone analizar la acción del Gobierno y el recorrido del dinero público. No obstante, ha estimado que el texto necesita alguna mejora que garantice que tener acceso a la información bancaria de la Junta procura un conocimiento preciso a quien accede no solo de los movimientos de las cuentas, sino de la actividad económica de la administración.
La proposición de Ley de Cuentas Abiertas de Podemos cuenta con seis artículos y una disposición final. En el artículo 1 se indica que, por la presente ley, se declaran como abiertas y accesibles todas las cuentas de la administración pública andaluza y de los organismos, agencias y entes recogidos dentro del ámbito del artículo 3.1 de la Ley de Transparencia de Andalucía.
“Una cuenta abierta y accesible es aquella que puede ser consultada en la forma y los términos con los cualquier particular puede consultar sus propias cuentas en una entidad bancaria, sea en formato digital o presencialmente en una sucursal”, según se indica. Se añade que el derecho de acceso a esta información pública no incluye la posibilidad de operar con la cuenta.
Asimismo, se señala que los límites a este derecho de acceso vendrán determinados por lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, y por otras leyes que reserven expresamente el carácter secreto de algún dato.
“ALGO QUE ESCONDER”
Tras el rechazo a la iniciativa, la portavoz de Podemos, Teresa Rodríguez, ha manifestado a los periodistas que es evidente que el PSOE-A no quiere enseñar las cuentas de la Junta, frente a la posición que los socialistas han tomado en otras comunidades, donde sí han apoyado esta ley, como en Extremadura, Comunidad Valenciana o La Rioja.
En su opinión, si no se quieren enseñar las cuentas será porque hay “algo que esconder” y ha dicho que llama la atención que el
PSOE-A haya elevado a 5.000 las cuentas de la administración autonómica, mientras que la Cámara de Cuentas las situó en algo más de 300.
Ha considerado que en el Parlamento hay una “alianza contra la verdadera transparencia”, cuando es fundamental para luchar contra los casos de corrupción. Ha dicho que Podemos seguirá insistiendo en la necesidad de que se implanten mecanismos de “radical transparencia”.