En mayo de 2003, la Ley del Sistema Nacional de Salud estableció en su Disposición adicional sexta que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias fueran transferidos a las comunidades autónomas “para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”. En mayo de 2019, el Parlamento de Andalucía aprobó una Proposición no de Ley (PNL) de Adelante Andalucía para que la sanidad penitenciaria fuera transferida al Servicio Andaluz de Salud. Ni por un lado ni por otro, a octubre de 2024. Es más, la desconexión informática entre los sistemas penitenciarios y sanitarios sigue siendo una realidad. De forma paralela, también desde el punto de vista técnico, los centros penitenciarios ubicados en Andalucía acceden a la Red Corporativa de la Junta como sedes de la Consejería de Educación.
El convenio entre los gobiernos central y autonómico que permitía a los servicios médicos de los centros penitenciarios la gestión de los datos sanitarios e historias clínicas de los usuarios del Sistema Sanitaria Público de Andalucía expiró a finales de 2013. Cierto es que el Servicio Andaluz de Salud ha seguido prestando la asistencia sanitaria a los internos de los centros penitenciarios, facturando cada acto asistencial como prestaciones a terceros. “La normativa de protección de datos especialmente protegidos como son los datos de salud es estricta y requiere reglarlo todo con convenio detallado”, insisten desde el SAS tras la consulta de elDiario.es Andalucía a este respecto. Tampoco desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ofrecen mucho detalle en este sentido salvo que hay “contactos” para cerrar esa interconexión entre los sistemas informáticos de los centros penitenciarios y del SAS, y que “se está trabajando en ello”.
Lo cierto es que, precisamente tras aquella PNL de carácter genérico, se creó un grupo técnico de trabajo que pretendía abordar la elaboración de un nuevo convenio entre ambas administraciones que incluyera la interoperabilidad de 'Diraya' (el sistema que se utiliza en el SAS como soporte de la historia clínica electrónica) y el de Instituciones Penitenciarias en todas las cárceles de Andalucía como ya se hizo en el CP de Córdoba, donde se dispone de un perfil de acceso, pero exclusivamente para consultar la historia clínica de un paciente determinado, sin que se puedan escribir o modificar datos de la misma.
En la reunión que mantuvo en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el documento que trasladó el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, constaba que “se sigue planteando suscribir un nuevo convenio en materia sanitaria entre la Secretaría General de IIPP y la Consejería de Salud y Familias que dé soporte legal a todas las actuaciones sanitarias que se están haciendo y fije una cantidad económica anual”. La última reunión del grupo técnico entre administraciones, para esta y otras cuestiones, fue el 7 de febrero de 2022. Ya en febrero de 2020, según la Junta, se remitió al Ministerio del Interior el borrador de un convenio para su revisión.
Mientras tanto, unas 12.500 personas presas en Andalucía continúan “deambulando bajo dos sistemas sanitarios” y con “severas lagunas” en su asistencia en materia de salud, como ya denunciaba el Defensor del Pueblo Andaluz hace ya varios años, con la atención primaria por parte de funcionarios de las prisiones y la atención especializada por parte del SAS.
Por otra parte, pero ligada a lo anterior, Andalucía sigue reclamando asumir las transferencias de sanidad penitenciaria, referidas a la asistencia primaria que hoy se presta con recursos propios de Instituciones Penitenciarias. Cabe recordar que la sanidad penitenciaria se encuentra transferida en Catalunya (desde 1983), País Vasco (desde 2011) y Navarra (desde 2021). El Senado pidió unánimemente en octubre de 2016 que las autonomías gestionaran la sanidad penitenciaria. El Ministerio del Interior anunció meses después, en abril de 2017, que sería en aquel año cuando iba a cerrar el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, si bien solo en este tiempo se ha formalizado en Navarra. En este sentido, las fuentes de IIPP aluden a “conversaciones” con las diferentes comunidades autónomas.
Organizaciones de médicos y de derechos humanos vienen pidiendo el fin del “precario acceso” a la sanidad dentro de las cárceles y el traspaso de las competencias, a lo que se han ido sumando colectivos de profesionales que trabajan en las prisiones y otras organizaciones colegiadas. El consenso es generalizado en la cuestión, incluso de todos los partidos en el Senado, como se ha señalado, pero los avances son lentos. El Defensor del Pueblo Andaluz también pidió directamente que “se promuevan los procesos técnicos de traspaso de los medios personales y materiales de la asistencia sanitaria penitenciaria al sistema sanitario público de Andalucía”.
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