Tras el ejemplo de acción en Córdoba de la Plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos que viene luchando por la titularidad pública del monumento registrado por la Iglesia a su nombre en 2006, nace ahora la Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz, un colectivo que pretende sacar a la luz y reivindicar como públicos los bienes inmatriculados por la jerarquía eclesiástica en Andalucía gracias a la Ley Hipotecaria que le facultaba para ello sin tener títulos de propiedad sobre los bienes.
Siguiendo el ejemplo también de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro –que ha conseguido aflorar más de un millar de bienes de todo tipo inmatriculados por la Iglesia en aquella comunidad foral y llevar su acción al parlamento autonómico- la plataforma en Andalucía nace con el objetivo de realizar un trabajo similar en la región andaluza y exigir de las administraciones locales y de la Junta de Andalucía que actúen en defensa del patrimonio.
Así, los integrantes del nuevo colectivo han dado el paso para actuar “ante la escandalosa inmatriculación de bienes públicos pertenecientes al patrimonio histórico y cultural de Andalucía por parte de la jerarquía católica”, según señalan en su manifiesto fundacional al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia. Y en él trazan la hoja de ruta de las acciones que emprenderán para llevar a cabo sus reivindicaciones.
De un lado, van a solicitar “de las administraciones competentes el listado completo de los bienes inscritos clandestinamente por la jerarquía católica” conforme a la antigua Ley Hipotecaria que califican de “procedimiento inconstitucional” y apuntan, sobre esos bienes que “muchos de los cuales han sido construidos y sostenidos secularmente con fondos públicos y, por tanto, pertenecen a la ciudadanía”.
La Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz quiere que se realice una auditoría para cuantificar el valor de los bienes registrados a nombre de la Iglesia en la comunidad autónoma, así como de “las consecuencias que para la hacienda pública supone no percibir cantidad alguna por las actividades económicas directamente vinculadas a los bienes inmatriculados por la jerarquía católica”, dada la exención del IBI y otros impuestos que tiene la Iglesia.
Mociones en los ayuntamientos
Junto a ello, la acción de estos activista defensores del patrimonio andaluz irá encaminada exigir tanto a la Junta de Andalucía como a los ayuntamientos “que defiendan nuestro patrimonio histórico de este expolio a través de los instrumentos administrativos y legales de que dispongan”, de manera que “se restituya la legalidad constitucional y la devolución al dominio común de todos los bienes del patrimonio histórico y cultural de Andalucía” que a su juicio han sido “usurpados por la jerarquía católica de forma irregular”.
En ese sentido, en este verano presentarán en distintos ayuntamientos andaluces mociones solicitando que las corporaciones actúen para recabar los listados de bienes inmatriculados y ver las posibilidades de que los bienes públicos sean devueltos a cada municipio.
Como ejemplos más reconocidos del registro de bienes que la Iglesia ha hecho a su nombre en Andalucía en los últimos años se encuentran la mencionada Mezquita-Catedral de Córdoba y la Giralda de Sevilla, monumentos emblemáticos de ambas capitales por los que son internacionalmente conocidas y que fueron inscritos en el Registro de la Propiedad por la jerarquía católica sólo hace unos años.
Pero junto a estos también se encuentran una serie de bienes de menor reconocimiento que han ido saliendo a la luz pública en los últimos meses y que la nueva plataforma pretende aflorar para el conocimiento público y la exigencia de acción a las administraciones. En ese apartado, hasta el momento se ha podido comprobar que se encuentran plazas, ermitas, un paseo de un jardín público, monumentos, iglesias inscritas una vez restauradas con dinero público o incluso el llamativo caso de un local de cazadores.
Todos esos ejemplos están siendo compartidos por la Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz en sus redes sociales, donde comparten los casos descubiertos y animan a denunciar nuevos casos para ampliar su acción que viene precedida por una “profunda preocupación por las consecuencias jurídicas, económicas y sociales que podrían derivarse del expolio de bienes de incalculable valor histórico y emocional pertenecientes al pueblo andaluz”.