“Los menores deben ser una prioridad, vengan de donde vengan”. Así arrancó la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, un tenso debate parlamentario en torno a las políticas de protección a los menores extranjeros no acompañados (MENA). El enfrentamiento entre el Gobierno andaluz y la oposición tiene de fondo la crisis migratoria que ha rebasado los recursos de la Junta este verano, obligándola a pedir ayuda al Ejecutivo central y solidaridad al resto de comunidades. Pero también suenan ecos de elecciones en el horizonte. Ciudadanos, socio fiel del Gobierno andaluz durante tres años y medio de legislatura, se ha estrenado este miércoles como nuevo azote de la Junta.
El debate sobre los MENA es delicado para el Gobierno autonómico, porque es un asunto que mezcla sus competencias (la protección del menor) con las del Estado (extranjería). Casi todos grupos de la oposición habían registrado preguntas sobre este asunto, después de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sorprendiera la semana pasada al anunciar que su Gobierno pediría al presidente Pedro Sánchez una fórmula legal para devolver a los menores marroquíes a su país. Algunas de las ONG que trabajan con estos chicos sobre el terreno, como Save the Children, Unicef o Ayuda al Refugiado, desautorizaron la propuesta de Susana Díaz, además rechazaron de plano los argumentos que usó para defenderla.
Este miércoles en el Parlamento Ciudadanos, Podemos e IU también se lo han reprochado duramente a la consejera. Sánchez Rubio no ha vuelto a mencionar aquella propuesta que anunció personalmente la presidenta de la Junta en una entrevista en Cadena Ser. No se planteó finalmente en la reunión del Gobierno y las comunidades, el pasado 5 de septiembre, y desde entonces la consejera se ha esforzado por matizar lo que dijo Díaz: “No planteó la devolución de los menores a su país, sino que volvieran con sus familias [que siguen en Marruecos] si se dan todas las garantías”, afirma.
La llegada de inmigrantes a las costas andaluzas ha aumentado un 178% respecto a 2017, y un 250% más sólo en menores extranjeros, según datos de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. A fecha del 31 de agosto, Andalucía tiene acogidos a 4.650 menores extranjeros en sus centros de protección, un 525% más de los que había hace dos años. La Junta prevé “un agravamiento” en las próximas semanas y, por ello, se crearán 500 nuevas plazas de emergencia en centros de acogida. Estas instalaciones están al 100%, y siete de cada diez menores acogidos son inmigrantes. Sánchez Rubio ha insistido mucho durante el debate en que el sistema de acogida andaluz no está diseñado ni presupuestado para un fenómeno tan creciente e imprevisible como la inmigración infantil y, aún así, asegura que “todos están perfectamente atendidos”.
Acuerdos con Marruecos
La gran mayoría de los jóvenes que llegan a las costas andaluzas cruzando el Estrecho en patera provienen del Magreb, y la Junta quiere distinguir su realidad de la de otros menores que viajan desde el África subsahariana. “Hay que hacer una reflexión sobre este asunto concreto. En Marruecos tenemos 17 centros de protección construidos con fondos de cooperación, en parte, de la Junta. Esto es otra realidad. La presidenta en ningún caso habló de una devolución. Habló de las garantías en defensa de los menores, y eso debe ser así”, dijo la consejera.
La semana pasada, antes de la comisión migratoria entre Gobierno y comunidades, la Junta denunció públicamente que no se está ejecutando un convenio bilateral entre España y Marruecos sobre cooperación en el ámbito de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, suscrito en marzo de 2007. Durante la entrevista en la Cadena Ser, Susana Díaz aseguró que la mayoría de los niños extranjeros llegan “engañados por las mafias”, y que “muchos de esos menores quieren estar con sus familias, con sus padres, con sus tíos”. “El Gobierno tiene que articular con las autoridades marroquíes la fórmula para devolverlos con sus familias con todas las garantías”, dijo.
El argumento de Díaz levantó una polvareda de reacciones en contra. ONG como Save the Children y Unicef rechazaron el planteamiento de la presidenta. “La gran mayoría de menores migrantes cruzan el Estrecho porque buscan un proyecto de vida mejor, no siempre en Andalucía. A veces con el consentimiento de sus familias y otras sin él”, dijo Javier Cuenta, de Save the Children. Este periódico pidió a la Consejería de Igualdad algún informe que avalase el argumento de Díaz, pero aún no se han aportado datos nuevos. La oposición también le ha exigido a la consejera este miércoles en el Parlamento algún documento que demuestre esta tesis que avale la propuesta de devolución a los menores marroquíes a su país, pero no hubo respuesta. “Para valorar un retorno a sus países deben darse todas las garantías jurídicas, evaluar el interés superior del niño, evaluando para ello la posibilidad de reunificación familiar. Las autoridades españolas competentes deben realizar adecuadamente esta evaluación”, explican fuentes de Unicef.
El Gobierno andaluz acudió a la Comisión Migratoria el pasado 5 de septiembre, pero finalmente no planteó ni estos argumentos ni la propuesta de devolución de los menores a Marruecos. La Consejería de Igualdad explicó entonces que, al tratarse de una reunión técnica entre Gobierno y comunidades, se limitaron a recibir la oferta del Ejecutivo central para repartir 40 millones entre las regiones más afectadas, además de instar a las comunidades a colaborar solidariamente con Andalucía, Ceuta, Melilla y Comunidad Valenciana. La Junta espera repartir una cuarta parte de sus menores inmigrantes por otras regiones (en torno a un millar).
Acusaciones de xenofobia
La diputada de IU Elena Cortés denunció que el repunte de la migración este verano ha generado “un contexto político en el que hemos visto un aumento del discurso xenófobo y fascista”. “Señora consejera, los 4.650 menores extranjeros en Andalucía no son un volumen que explique la situación de hacinamiento que viven en los centros de acogida. La Junta puede haber retroalimentado estos discursos fascistas”.
La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet le ha afeado a la consejera de Igualdad que “aún no haya mostrado ningún informe que avale la afirmación que hizo la presidenta”, aludiendo a que la mayoría de menores extranjeros que llegan quieren volver con sus familias a su país. “Las ONG han rechazado categóricamente esa afirmación, y lo ha dicho la propia presidenta, sin informe preceptivo ni nada”.
El parlamentario de Podemos Jesús Romero ha incidido sobre el mismo punto. “A la presidenta se le ocurre una vía exprés para mandar a los niños a su lugar de origen. Afortunadamente las ONG que trabajan sobre el terreno han alzado la voz en contra y han recordado que existen convenios internacionales que protegen los derechos del menor y que no permiten hacer algo así”.
El encontronazo más duro lo han protagonizado la portavoz del PP, Carmen Crespo, y la socialista Soledad Pérez. Los populares son los únicos que no han cuestionado la idea de la Junta de devolver a los menores extranjeros con sus familias. “El PP quiere una inmigración ordenada que no encienda los chips de las mafias que están en el Estrecho”, ha dicho Crespo, que ha cuestionado los “bandazos” del Gobierno de Pedro Sánchez sobre este asunto. “En el PP no hay ni un xenófobo, pero queremos que haya acción. A la Junta le ha faltado acción y solidaridad con los menores llegados a nuestras costas”, ha defendido Crespo, para luego asegurar que hay “menores sueltos por las autopistas” y que “los trabajadores de los centros de acogida pasan miedo”. “Los recursos no son ilimitados y decir la verdad no es un discurso xenófobo”, ha concluido.
La diputada socialista, visiblemente molesta, ha dedicado la mayoría de su réplica al PP, al que ha acusado de no haber hecho nada en materia de inmigración mientras gobernaba Mariano Rajoy. Pérez ha afeado a la diputada popular que haya hecho “un llamamiento al terror y al miedo”, y la ha acusado de “fomentar la xenofobia”. “Usted ha hecho un llamamiento a la xenofobia en el Parlamento y lo lamento mucho”, sostiene la parlamentaria del PSOE, que ha concluido insistiendo en que “esto no es un problema andaluz, es un problema de Estado”.