1,33 millones de parados en Andalucía (877.000 de larga duración) y el dinero que se dirige a las políticas activas de empleo mengua. A expensas de saber cómo distribuirá el Estado en 2015 los 4,746 millones dirigidos a esta materia, conocidos este martes, el reparto económico de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por persona parada en Andalucía ha pasado de 645 euros en 2009 a 192 euros en 2014.
La asignación de los recursos estatales, articulada a través de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, publicada el pasado martes en el BOE, y de cuya distribución territorial para este año informaba a primeros de septiembre el Consejo de Ministros, se realiza en función de los resultados obtenidos el año anterior según una “nueva cultura de evaluación” que condiciona el reparto de los fondos “sobre la base de la coordinación y la colaboración entre las distintas administraciones”, según informó el Ministerio de Empleo.
Para “acelerar la transición del desempleo al empleo”, según rezan los objetivos del Ejecutivo, se ha pasado en los últimos años de 640 millones de euros en 2009 a 270 millones de euros en 2014, con casi medio millón de parados más en Andalucía. Aunque el grueso de la financiación para empleo proviene del Estado, la Junta tampoco puede presumir: el presupuesto autofinanciado del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), encargado de aportar los fondos propios de la comunidad autónoma para las políticas activas de empleo, pasó de más de 460.000 euros en 2010 a poco más de 130.000 euros en 2014, según datos de la propia Junta y del sindicato CC.OO-A, disminuyendo año tras año.
Los objetivos y principios de actuación comunes entre Gobierno y comunidades autónomas que se pregonan desde Madrid no parecen tener reflejo en las partidas dirigidas a este tipo de políticas, donde tienen cabida las bonificaciones e incentivos a la contratación, la formación profesional para el empleo, la orientación, la cualificación, la intermediación, el autoempleo, las escuelas taller, los talleres de empleo, etc.
En 2013, para la mencionada “transición gradual”, se lanzó un primer piloto de distribución de fondos (el 15% de los fondos repartidos estaban vinculados a los resultados de 2012). Después se desarrollaron los indicadores que han servido para medir el grado de cumplimiento de los objetivos del 'Plan Anual de Política de Empleo 2013' y determinar la distribución de fondos para 2014. Según estos criterios, en 2014 un 40% de los fondos se ha condicionado a los resultados obtenidos. En 2015, esa proporción ascenderá al 60%.
Según la secretaria de Empleo de CCOO-A, Nuria López, la estructura creada introduce “elementos que vienen a desdibujar y difuminar la utilidad de las políticas activas de empleo como instrumento integrador, cohesionador y de solidaridad”, añadiendo que las políticas activas de empleo vienen marcadas por los indicadores del Estado para el conjunto de España y “no en función de las necesidades” de cada Comunidad.
“La Junta debe tener un plan”, insisten desde CCOO-A
Esto conlleva que “los parados en Andalucía, además de tener menos empleo, tendrán menos recursos para dirigirlos a políticas activas de empleo”, señala López, que asegura que puede darse el caso de que Andalucía, con el mismo presupuesto, tenga que cubrir a más personas porque el reparto ya no se hace en función de las necesidades sino de objetivos cubiertos“. Y parece que así es a tenor de los datos. Lo resume verbalizando la posición del Gobierno central: ”Si cumples, te doy para el próximo año; si no, te resto lo que no has hecho de lo que te iba a dar“. Y en este punto se pregunta ”¿y qué está haciendo la Junta? Pues no lo sabemos“.
Las políticas activas de empleo no se nutren sólo de los PGE que reparte el Gobierno central. Su presupuesto también procede de los ingresos por cuotas de formación de empresarios y trabajadores, del Fondo Social Europeo y de los fondos propios de las comunidades autónomas. En este sentido, el SAE ha reducido su presupuesto en los últimos cinco años en aproximadamente un millón de euros. Según la información facilitada por CCOO-A, el total del presupuestos del SAE en 2010 fue 1,26 millones (incluyendo la parte proporcional de otras fuentes de financiación) mientras que en 2014 es de 241.552 euros. La parte autofinanciada pasó en ese intervalo de tiempo de 463.456 euros a 135.500, como corrobora la Junta.
“La Junta debe tener un plan”, lamenta la secretaria de Empleo. Además, echa de menos que la Administración autonómica sea algo más beligerante con los recursos que llegan a la comunidad autónoma desde el Ejecutivo central y pide “más reivindicaciones”. “Los trabajadores se están convirtiendo en un sandwich entre los unos y los otros”, criticando el “desorden” y la “disgregación” de las políticas activas de empleo por las que “nadie rinde cuentas”.