El Consejo de Gobierno se ha pronunciado este martes en contra de la toma en consideración de la proposición de ley del PP-A para rebajar el impuesto de sucesiones y donaciones, para lo que este partido ha iniciado hace unas semanas una campaña de recogida de firmas y llevan 80.000 desde el pasado 8 de febrero. No obstante, no se opone a su tramitación, como sí hizo el pasado 4 de agosto cuando se elevó la misma propuesta. Eso originó, con el inicio del curso político, un bloqueo temporal de su debate por parte del PSOE-A y C's en la Mesa de la Cámara, una situación insólita en el Parlamento de Andalucía, por la interpretación que los dos grupos hicieron de ese pronunciamiento del Consejo de Gobierno en contra de la tramitación, que nunca se había producido hasta que los socialistas se han visto en minoría esta legislatura.
Con ello, es la tercera vez -más dos de años anteriores- que el PP-A intenta esta modificación en lo que va de legislatura. Primero, con la proposición de ley citada, que superado ese bloqueo pudo ser debatida el pasado mes de octubre, pese a que no se aprobó porque sólo votaron a favor los populares y C's, mientras que la rechazó el resto (PSOE-A, Podemos e IU). Y la segunda vez, vía enmienda a los presupuestos autonómicos de 2016 el pasado mes de noviembre, pero también fue rechazada, como todas las de la oposición, igual que tenía el criterio contrario del Consejo de Gobierno.
Sobre el hecho de que el Consejo de Gobierno no se pronuncie esta vez en contra de su tramitación cuando sí lo hizo el pasado verano, el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha dicho que era porque los populares pretendían hacerlo sobre los presupuestos autonómicos en vigor mientras que ahora lo proponen en 2017. Sin embargo, el PP-A negó que fuera para las cuentas en desarrollo cuando su proposición de ley fue elevada el pasado verano porque de hecho lo proponían para los de 2016 y todavía no se habían ni presentado. Es más, el PSOE-A y C's han creado un grupo de trabajo para estudiar modificaciones en este impuesto y los de Albert Rivera quieren que comiencen a aplicarse este ejercicio. “Tratándose de un debate social y que creemos que merece la pena, no queremos limitarlo y que nuestra posición se pueda ver como un veto”, ha insistido Miguel Ángel Vázquez obviando estos detalles que hace unos meses hacían que el Consejo de Gobierno se negara siquiera a que se tramitara la proposición de ley.
Entonces lo hizo porque el PSOE-A no tiene mayoría absoluta en el pleno y no estaba garantizado que el PP-A fuera a perder la votación cuando C's está también por eliminar este impuesto y no controlaba qué podía hacer Podemos. Toda vez que el PSOE-A sabe que los grupos de izquierda (Podemos e IU) no van a apoyar dicha bonificación que propone el PP-A, los socialistas no ven con temor su debate en el Parlamento de Andalucía. De hecho, la última vez que se opuso a una tramitación fue con la proposición de ley de Podemos sobre pobreza energética, y desde entonces han optado por permitir que se puedan debatir toda vez que tiene amarrado que no saldrán adelante. De hecho, con la proposición de ley de atención temprana de Podemos, debatida la pasada semana en el pleno, el Gobierno de Andalucía arriesgó confiando en que C's no la respaldaría y finalmente la rechazó in extremis y después de que mediara una negociación de la propia presidenta, Susana Díaz, con este grupo para evitar que la propuesta iniciara su tramitación parlamentaria y terminara como ley.
En este contexto, el portavoz ha criticado la propuesta de la oposición y ha recordado que el Gobierno del PP ha podido modificar este tributo y no ha querido porque tendría que “compensar” a las comunidades autónomas por la merma de estos ingresos. Ha apuntado también que el PP-A miente cuando critica el “infierno fiscal” en el que viven los andaluces en referencia a este impuesto, “porque ignora los datos”, donde las renuncias a herencias se producen “por las cargas hipotecarias” y no porque la Junta de Andalucía las penalice.
También este martes, el Consejo de Gobierno ha mostrado su criterio contrario a la toma en consideración de otra proposición de ley, esta vez elevada por Podemos para regular los senderos. Y tampoco en este caso se opone a su tramitación. El portavoz ha argumentado que la misma “incurre en contradicciones”. Ha subrayado que no se pueden regular los senderos exclusivamente desde una perspectiva del deporte porque tienen otras funciones, como la del ocio. Igualmente, ha dicho que la fórmula para regularlos sería un “reglamento que desarrolle la ley”. Igualmente, la Junta de Andalucía le reprocha a Podemos que atribuya todas las competencias a la Consejería de Turismo y Deporte, dejando de lado por ejemplo a la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio, para los que pasan por parques naturales, y a la Consejería de Fomento y Vivienda, en el caso de vías peatonales. Podemos, por su parte, dice que el Consejo de Gobierno “ni siquiera se ha leído el texto”.