Apenas 24 horas después de que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, anunciara por sorpresa la compra de 7.500 hectáreas del Parque Natural de Doñana para preservar un humedal de 3.500 hectáreas donde anidan 300.000 aves acuíferas -un golpe de efecto aplaudido por ecologistas y conservacionistas por su enorme impacto ambiental-, el grupo parlamentario popular aceleró los últimos trámites para que la Cámara apruebe de forma definitiva la ley para indultar regadíos ilegales en el entorno de Doñana.
La intención, aseguran desde el PP, es que el dictamen final de la ley esté listo el próximo martes para registrarlo, un día después, en el orden del día del próximo Pleno, que se celebrará la tarde del miércoles 27 de septiembre, coincidiendo con la votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados.
El acelerón final hará, incluso, que la ley se eleve a Pleno sin que el dictamen definitivo haya sido publicado aún en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA). Fuentes del PP matizan que su intención de fijar el debate final de la ley de regadíos junto a Doñana el 27 de septiembre está condicionada a que “el reglamento del Parlamento lo permita”. “Si no puede ser en el próximo, en el siguiente”, añaden.
Fuentes jurídicas de la Cámara aseguran a este periódico que el trámite previo de la publicación en BOPA no es un requisito obligatorio, que no es la primera vez que se da esta circunstancia y que lo importante es que los diputados que van a votar la ley tengan el texto definitivo con antelación suficiente para analizarlo antes del debate final.
Con esta planificación, los de Moreno logran amortiguar el foco mediático nacional que ha tenido la polémica ley que amplía la zona regable junto a Doñana durante toda su tramitación la proposición de ley de PP y Vox, discutida enérgicamente por la Comisión Europea, la Unesco, la ONU, el Gobierno de España y gran parte de la comunidad científica.
A las mismas horas que se debata la ley en el Parlamento andaluz, la tarde del miércoles 27 de septiembre, el Congreso vota la investidura de Feijóo que, hoy por hoy, carece de apoyos suficientes para ser presidente del Gobierno de España. La oposición de izquierdas, que votará en contra de la norma, asegura que “esconderse detrás de la agenda nacional y del fracaso de Feijóo en la investidura no hará que pase desapercibido este atropello al medio ambiente, porque toda la comunidad internacional está pendiente de lo que ocurra en el Parlamento andaluz”.
Ponencia aprobada
El PP-A convocó para este viernes, a las 10 horas, la ponencia de la ley de regadíos junto a Doñana, que incorporó las enmiendas técnicas de su propio grupo y descartó las propuestas de supresión de los ecologistas. Una hora y media después, se fijó para el próximo martes la comisión de Fomento que debe aprobar el dictamen definitivo de la ley, quedando lista para elevar el texto al Pleno para su aprobación final.
Esto, según la intención del PP, ocurrirá 24 horas después en la Junta de Portavoces, a propuesta del presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre, que incluiría el debate final en el orden del día del 27 de septiembre. Los populares tienen mayoría absoluta en el Parlamento y controlan los tiempos legislativos de principio a fin. La tramitación de la ley de regadíos junto a Doñana se hizo por la vía de urgencia y el plan, según aseguró siempre el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, era aprobarla a finales del último periodo de sesiones o a principios de este.
Recalificación de 700 hectáreas
La ley abre la puerta a la recalificación de unas 700 hectáreas de secano en la corona norte de Doñana, a 30 kilómetros del Parque Nacional, para autorizar cultivos de regadío, pero no permisos para regarlos, ya que eso no depende de la Junta, sino del Gobierno central. La propuesta genera expectativas de riego en los agricultores dueños de esas parcelas que, no obstante, vienen regando de manera ilegal sus cultivos de fresa desde hace años, esquilmando el sobreexplotado acuífero de Doñana con pinchazos de agua subterránea.
La ley le permitirá regularizar el uso de esos cultivos, pero el agua sólo les llegará si la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir lo autoriza (y este organismo se ha mostrado enérgicamente en contra de ampliar los regadíos porque, dice, la actual crisis de sequía ni siguiera garantiza el cultivo actual del entorno que sí cuenta con todos los permisos).
La norma también explicita que el agua para regar esas 700 hectáreas -se necesitan más de tres hectómetros cúbicos, según cálculos de la Junta- no puede salir del acuífero del Parque Nacional, sino que debe ser agua en superficie, vía trasvases. Para ello, se demandan infraestructuras hidráulicas competencias del Estado que ni siquiera han empezado a construirse.
El Gobierno de Moreno cuenta con una holgada mayoría absoluta en el Parlamento -58 escaños- más el apoyo de los 15 diputados de Vox, que permitirán aprobar la ley para ampliar regadíos en el entorno de Doñana con más de dos tercios de la Cámara. Enfrente tiene a la oposición de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y el grupo mixto Adelante Andalucía-, que califican la ley como un “atentado medioambiental” al Parque Nacional y exigen, sin éxito, su retirada.
El presidente Moreno convocó a los portavoces de todos los grupos parlamentarios en el Palacio de San Telmo, antes de reabrir el curso político, para tratar de conformar un frente común de todas las fuerzas políticas que pidiera a la Comisión Europea fondos extraordinarios para luchar contra la sequía, reconociendo la “singularidad” de Andalucía como una de las regiones de Europa más expuestas al cambio climático.
Los socialistas y el resto de fuerzas de izquierdas le dieron un portazo. Ven y denuncian que es incoherente elevar la voz y pedir más fondos por la falta de agua, mientras se ultima una ley para autorizar más regadíos en una zona de alto valor ecológico y claramente dañada por la sequía.
La Comisión Europea ha amenazado a España con sanciones millonarias si la ley sale aprobada del Parlamento andaluz, la Unesco advierte de que Doñana puede ser expulsada del catálogo de espacios Patrimonio de la Humanidad, y el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez está dispuesto a recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional en cuanto se publique en el BOJA, a principios de octubre.
En este contexto de presión, Moreno dio un volantazo de guió esta semana al anunciar la compra de la piscifactoría Veta la Palma, una finca privada dentro del Parque Natural, con 7.500 hectáreas, de las que 3.500 están inundadas. El objetivo es proteger esa reserva de agua que colinda con Doñana -hábitat del 60% de las aves acuíferas censadas en el parque- y ampliar el perímetro del Parque Nacional en un 14%, el mayor desde 1978.
La Junta, que pagará a la empresa propietaria 70 millones de euros (la mayoría de fondos europeos), ha calificado la operación como “el mayor hito medioambiental en 45 años”, tratando de acallar así las críticas de la oposición y los grupos ecologistas que cuestionan el compromiso verde del presidente Moreno.