La negociación de PP y Ciudadanos para formar el primer Gobierno de centro derecha en Andalucía está camuflando una suerte de referéndum sobre quién será el aliado preferente del partido de Albert Rivera en los futuros procesos electorales: el PSOE o Vox. Los naranjas han echado el freno este lunes al pacto con los populares en Andalucía, porque no sólo está en juego el cambio de ciclo político en una comunidad gobernada 36 años por los socialistas. En esta disyuntiva también está implícita la decisión de Rivera de mantenerse en el espacio político del centro o dar un paso a la derecha. La decisión no es baladí, porque hoy mismo se han conocido encuestas donde la aritmética posibilita tanto un Gobierno tripartito de derechas en España (PP, Ciudadanos y Vox) como un Ejecutivo del PSOE con el partido naranja.
PP y Ciudadanos han solapado este lunes sus programas electorales para sacar adelante el “Gobierno de cambio” en Andalucía, pero la letra pequeña está dilatando la negociación. Las dos formaciones conservadoras se han emplazado a una tercera reunión, que ya tendrá lugar en el límite legal previsto para que se constituya el Parlamento andaluz (27 de diciembre). El diálogo se ha encallado por las discrepancias de PP y Cs en materia de regeneración democrática y lucha contra la corrupción, pero sobre todo por la composición de la Mesa del Parlamento. “Si no hay acuerdo para la Mesa del Parlamento, no hay acuerdo de Gobierno. No puede haberlo, porque están íntimamente relacionados”, ha amenazado este lunes el líder y candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, a sus futuros socios de Ciudadanos.
La segunda reunión al más alto nivel entre PP y Cs para formar Gobierno en Andalucía ha evidenciado las prisas de Moreno por ser investido presidente de la Junta y la precaución de los naranjas por no aparecer retratados junto a la extrema derecha en la primera institución autonómica que van a dirigir. La negociación sobre el reparto de los siete sillones del órgano de gobierno del Parlamento está indisociablemente unida a la formación del nuevo Gobierno andaluz. PP y Cs están de acuerdo en este punto, es más, trabajan con la idea de que Moreno presida el Ejecutivo y una diputada naranja el Legislativo. El problema radica en que las dos fuerzas conservadoras, con 47 diputados, no suman suficiente para controlar ambas cámaras. Un hipotético acuerdo de izquierdas entre PSOE y la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU) sumaría 50 escaños y les dejaría fuera de la Presidencia del Parlamento, un puesto clave para controlar los ritmos de la legislatura.
El debate entre PP y Cs se ha estancado en esta encrucijada: o bien abren la negociación con Vox para recibir los votos que les faltan para amarrar la Presidencia del Parlamento y la investidura; o bien negocian con el PSOE para que se abstenga y facilite un Gobierno de cambio sin apoyo de la extrema derecha. Son dos vías irreconciliables, una de las dos se abrirá paso el próximo 27 de diciembre y revelará, a las claras, cuál es la estrategia de PP y Cs de cara a las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2019.
Los naranjas quieren presidir la Mesa del Parlamento andaluz con acuerdo del PP, pero no renuncian a contar con el PSOE, para no tener que depender de los votos de Vox. Los socialistas han descartado de plano esta posibilidad. El PSOE fue la fuerza más votada el 2 de diciembre y Susana Díaz no acepta que el primero facilite el Gobierno al segundo y al tercero. Toda la presión de los socialistas recae ahora sobre los hombros de Ciudadanos, a sabiendas de que su líder nacional, Albert Rivera, es reacio a retratarse con Vox. Rivera usa como referentes europeos al francés Emmanuel Macron y a la alemana Angela Merkel, y ambos han marginado a los grupos ultraderechistas y euroescépticos en sus parlamentos.
La escenificación del desacuerdo que ha hecho este lunes el candidato naranja, Juan Marín, tiene mucho que ver con preservar este relato lo más posible: Cs aspira a cerrar su acuerdo programático con el PP y luego negociar hasta el último minuto con el PSOE para que el día 27 se abstengan y les entreguen la Presidencia del Parlamento. Lo previsible es que eso no ocurra nunca, pero al menos le servirá a los naranjas para montar su relato: “Lo intentamos hasta el final y los socialistas se negaron”.
La simulación de un acuerdo PP-Cs-PSOE en Andalucía -lo que Marín llama “la vía constitucionalista”-, se antoja difícil incluso para poner en marcha la legislatura, no sólo porque los socialistas se niegan, sino porque el propio PP no lo quiere así. La dirección de Pablo Casado cuestiona incluso que el PSOE de Pedro Sánchez sea un partido constitucionalista por su gestión del problema catalán y por su “dependencia de los independentistas” en el Congreso. Y el PP andaluz de Juanma Moreno no cree que los socialistas de Susana Díaz deban entrar en la ecuación de cambio de Gobierno, pues “son a ellos a los que queremos cambiar”. “Ciudadanos quiere hacer partícipe al PSOE tanto en la elección de la Mesa como en la investidura, y nosotros pensamos que no debe ser protagonista de ninguno de los cambios que vamos a liderar”, ha dicho Moreno tras su reunión de dos horas con Marín, en la que han vuelto a participar los secretarios generales de PP y Cs, Teodoro García Egea y José Manuel Villegas.
En el fondo, el acuerdo de Gobierno andaluz está atorado por razones que trascienden la política andaluza: Rivera quiere mantener limpia su posición de liberal de centro derecha, y Casado quiere forzarle a elegir entre el cambio (de la mano de Vox) o la continuidad (con el PSOE). En este punto, sorprendentemente, la estrategia de Casado es la misma que la de Susana Díaz. La presidenta andaluza en funciones confía en que el pacto de derechas se rompa por la parte más débil y dubitativa, que son sus ex socios de Gobierno. Y los populares andaluces no lo ponen fácil. “Pueden ponerse de perfil todo el tiempo que quieran, pero al final tendrán que vestir a la muñeca, porque las cuentas van a ser las mismas toda la legislatura”, dicen fuentes del partido sobre su dependencia de los votos de Vox.
Moreno ha asegurado que no hay “una negociación activa” con el partido de Santiago Abascal, que este lunes estaba en Sevilla, pero sí admite “conversaciones telefónicas”. El líder del PP andaluz ha empezado su comparecencia tras la reunión con un tono optimista, pero ha terminado con cierto tono de alerta, incluso ha advertido a Cs que puede hacer descarrilar el “Gobierno del cambio” si persiste en su empeño por entenderse con el PSOE. “Si no hay acuerdo, habrá habido un fracaso descomunal en el centro derecha y tendrán que dar explicaciones ante sus electores por frustrar la ilusión de miles de andaluces”, señala.
26 de diciembre, fecha tope
Marín ha sido mucho más explícito al señalar el distanciamiento entre ambos. “Es un acuerdo complicado y bastante difícil. Después de 40 años de gobiernos del PSOE nadie podía pensar que se iba a solucionar en pocos días. No ha sido posible cerrar un acuerdo programático porque hay diferencias en apartados importantes”, ha dicho. El equipo técnico de PP y Cs que negocian la parte programática volverá a reunirse esta semana. Ambas formaciones apurarán hasta el 26 de diciembre, fecha tope para cerrar la negociación, ya que 24 horas después se constituirá el Parlamento.
Si PP y Cs llegan a ese límite sin un acuerdo cerrado sobre la composición de la Mesa de la Cámara, “cada partido se votará a sí mismo”, ha dicho Marín. Lo cual significa que el PSOE, con 33 diputados (y un posible acuerdo con Teresa Rodríguez para llegar hasta 50), se quedará con la Presidencia del Parlamento. Aunque el bloque de derechas seguiría teniendo mayoría en este órgano -PP y Cs tendrían cuatro miembros y la izquierda tres-, el presidente es quien tiene la potestad para elegir al primer candidato que se someterá a la investidura. La ley le permite designar a Susana Díaz, al representar al partido más votado el 2 de diciembre, y los populares temen que el PSOE dilate los tiempos de la investidura hasta forzar una repetición de las elecciones a los dos meses.
Los primeros cien días
Ciudadanos ha planteado al PP un calendario para que las primeras medidas de impacto del nuevo Gobierno andaluz se noten en los primeros cien días, con la vista puesta a las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019. Entre ellas deben aprobarse, según los naranjas, las más significativas en materia de lucha contra la corrupción: la eliminación de aforamientos, la reforma de la ley electoral o la limitación de mandatos son algunas de las que ha mencionado Marín, pero aquí el PP se ha opuesto a darle la prioridad que le exigen sus socios. El PP quiere que la eliminación de aforamientos se aborde globalmente, en el conjunto del país, una posición que también defendió Susana Díaz cuando se lo exigió su entonces socio de Cs (y que fue motivo de la ruptura del acuerdo).
La negociación aún no ha aterrizado en el reparto de sillones, aunque PP y Cs forcejean por quedarse con la Consejería de Hacienda, un puesto clave para trasladar a números las políticas del futuro Gobierno andaluz. La dirección nacional de Pablo Casado da por sentado que ese puesto será para el PP, aunque también Rivera lo ha señalado como “innegociable” para los suyos.
La reunión, de dos horas de duración, ha comenzado a las cuatro de la tarde en la sala donde se reúne la Mesa del Parlamento andaluz, órgano rector de la Cámara. Los protagonistas han sido los mismos que la semana pasada. Del lado del PP se han sentado Moreno, junto a su número dos, Dolores López, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y el vicesecretario general de Organización, Javier Maroto. Del lado de la formación naranja estaba Marín, junto a las diputadas andaluzas electas Marta Bosquet y Ana Llopis, y el secretario general del partido, José Manuel Villegas. Los dirigentes nacionales no han comparecido tras la reunión.