Minutos antes de que el Gobierno de Susana Díaz confirmase el adelanto electoral al próximo 2 de diciembre, el PP andaluz ha anticipado su propia campaña con una bomba informativa: el presidente popular, Juan Manuel Moreno, acompañado de la cúpula de su partido ha convocado a la prensa a las puertas de un prostíbulo ya cerrado de Sevilla -Don Angelo-, escenario de una investigación judicial en torno al gasto de fondos públicos del Gobierno andaluz en prostitutas, con cargo a una tarjeta de crédito de la extinta empresa de formación para el empleo (Faffe).
Moreno ha difundido un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que forma parte del sumario, y que eleva a 31.969 euros el gasto de fondos públicos en cinco prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba. El informe denuncia que entre finales de 2004 y mediados de 2009, el ex directivo de la Faffe, Fernando Villén, usó tres de las seis tarjetas de crédito en su poder vinculadas a la empresa pública para pagar “12 juergas o bacanales”, en palabras del PP, en los prostíbulos Don Angelo y Club Top Show (Sevilla); Sala Deluxe y La Casita (Córdoba) y Bahía Dos (Chiclana, Cádiz). La UCO confirma que hubo 43 cargos con estas tarjetas en estos club de alterne, y un último gasto “en efectivo” de 306 euros. En total, se usaron 31.969 euros de dinero público en prostíbulos, y la Guardia Civil no puede acreditar que se devolvieran, porque aunque la contabilidad de las tarjetas recoge la devolución de estos gastos, “dicha devolución se apunta, pero el dinero no aparece”, dice Moreno.
Los nuevos datos aportados por el informe de la UCO redimensionan un caso en vía judicial y que también ha motivado una comisión de investigación en el Parlamento (que ahora decae con la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones). Hasta ahora, la propia Junta de Andalucía, personada en la causa, había denunciado en los juzgados el uso de casi 15.000 euros con cargo a una tarjeta de crédito de la Faffe en el prostíbulo Don Angelo de Sevilla. “Aquí se han hecho las grandes bacanales con dinero público”, dijo Moreno ante el edificio abandonado que albergó el club de alterne. “Este es un edificio en ruinas como el Gobierno andaluz”, remachó.
Ocho tarjetas bajo sospecha
La extinta Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo, dependiente de la Consejería de Empleo, dispuso de 828 millones de euros entre 2004 y 2009, periodo en el que se han detectado los gastos irregulares en los prostíbulos. El PP denuncia que el informe de la UCO pone en tela de juicio la gestión de todo el fondo de formación, en un claro paralelismo con otras causas judiciales, como el caso ERE (que actualmente siente en el banquillo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán) o el de los cursos de formación a parados, que ha sido archivado en la mayoría de los juzgados.
La Faffe dispuso de 13 cuentas corrientes y ocho tarjetas de crédito: dos Visa, cinco American Express y una Mastercard. La Guardia Civil ha rastreado el uso de más de 80.000 euros en “gastos personales” de Villén y su hermano (también empleado de la empresa pública), la mayoría en peajes de autovía, comidas en restaurantes y otros “gastos sin justificar”. No obstante, el informe subraya que “el mayor gasto” con estas tarjetas de crédito se han localizado en los cinco prostíbulos. “Gastar el dinero público en prostitutas es llegar a un extremo desconocido en ninguna otra comunidad y un síntoma de la impunidad del PSOE durante 40 años”, dice Moreno.
Todo el caso remite a una época en la que Susana Díaz no formaba parte aún del Gobierno andaluz, sin embargo, el PP la acusa de “llevar los dos últimos años obstaculizando” la investigación judicial y, finalmente, de adelantar las elecciones para evitar que se celebre la recién constituida comisión de investigación sobre la Faffe y el gasto público en los prostíbulos. La comisión se creó hace dos semanas, a propuesta del PP y sin ningún voto en contra, y la falta de acuerdo entre los grupos de la oposición hizo que finalmente fuera el PSOE quien asumió la presidencia. “Susana Díaz está cercada por la corrupción: el caso ERE, el caso Faffe, los cursos de formaicón. Tiene a un presidente de la Diputación de Huelva de su partido y al alcalde de Granada, ambos imputados. Si adelanta las elecciones es para tapar la corrupción”, dice Moreno, que le ha dicho a la presidenta que “los andaluces tienen derecho a conocer antes de ir a las urnas cuánto y quiénes en la Junta gastaron dinero público en los prostíbulos”.
Aunque la causa no salpica directamente a Díaz, el PP andaluz quiere usarlo como un ejemplo de “la impunidad y la prepotencia con la que lleva gobernando el PSOE en Andalucía casi 40 años”. Los populares también han citado a la presidenta andaluza el próximo noviembre para que comparezca y explique el caso ERE en la comisión constituida por el PP en el Senado sobre la financiación de los partidos políticos.