El Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, con los votos de PP y Vox, el macro decreto de simplificación administrativa, norma polémica porque reforma de una tacada 176 leyes de rango superior que afectan a prácticamente todas las políticas públicas.
El objetivo de la Junta es “desburocraticar” la Administración para agilizar los proyectos empresariales y hacer más atractiva Andalucía a la inversión externa: se eliminan permisos e informes preceptivos, se suprimen órganos participativos, entes consultivos, se aligera la maquinaria legal de la Junta y, en definitiva, desaparecen pasos intermedios obligatorios hasta ahora para abrir un negocio.
Todo ello, asegura el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, “sin menoscabo de las garantías legales y dentro del marco jurídico”. Es el cuarto decreto de simplificación administrativa del Gobierno de Juan Manuel Moreno.
Se trata de un decreto de 600 páginas con un expediente adjunto de casi 2.000 folios que entró en vigor hace una semana -nada más aprobarlo el Consejo de Gobierno- y que los grupos de la oposición conocen desde hace apenas unos días.
El texto ha abierto frentes con la oposición de todo tipo. Pero quizá el más espinoso fueron las diez líneas que, según el Gobierno central, reabren la puerta a regularizar de forma retroactiva cultivos agrícolas ilegales.
Un párrafo de 10 líneas en el voluminoso decreto extraído literalmente de la polémica ley de regadíos junto a Doñana, que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, bloqueó en el Parlamento tras pactar con el Ministerio de Transición Ecológica una inversión de 350 millones extra para el condado de Huelva.
Ese párrafo hizo que la ministra Teresa Ribera dejase en suspenso aquel acuerdo millonario con la Junta y que, de manera acelerada, la Junta reculase a las pocas horas anunciando su intención de modificarlo a gusto del Gobierno.
Ese escollo entre Gobierno y Junta se superó horas antes del debate parlamentario, pero fue sólo una de las cientos de trincheras que separan al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno con la oposición.
Las izquierdas hablan de un monumento a la “desregulación” y el “neoliberalismo económico”. “Este decreto borra al Gobierno andaluz, no hay principio de intervención y todo queda en manos de los negocios privados”, proclamó Inma Nieto, de Por Andalucía.
Sanz explicó que el decreto pivota sobre dos principios -“el silencio administrativo y la declaración responsable” de empresas y ciudadanos-, pero “simplificar no es desregular”. El diputado del PP José Ramón Carmona lo resumió así: “Este superdecreto es una enmienda a la totalidad a 40 años de políticas socialistas”.
PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía e incluso Vox -que ha votado a favor- han pedido al Ejecutivo de Moreno que se tramite como proyecto de ley para poder analizar y fiscalizar mejor su contenido durante seis meses en el Parlamento, y para tener la opción de presentar enmiendas de mejora o supresión al texto.
Esta vía no frenaría la puesta en marcha del decreto, que está en vigor desde que lo aprobó el Consejo de Gobierno, y tampoco peligraría políticamente porque el PP tiene mayoría absoluta.
Pero abriría un extenso debate con los agentes sociales, los ayuntamientos y los órganos consultivos -todos afectados por los cambios que introduce el decreto- que tendrían que comparecer en el Parlamento para exponer sus reparos desde todas las materias disponibles: Salud, Educación, Medio Ambiente, Vivienda, Urbanismo, Dependencia...
“Esto es una vergüenza antidemocrática, es un decreto ómnibus al estilo Milei”, ha asegurado el diputado socialista Josele Aguilar. Sanz, previamente, había tanteado el suelo tambaleante de esta macroreforma. “Es arriesgada, sí. Pero valiente y necesaria. Es la más revolucionaria y ambiciosa reforma que jamás haya hecho una Admnistración del Estado”.
El PSOE andaluz ha anunciado que recurrirá el decreto ante el Tribunal Constitucional (TC) por el fondo y por el contenido: porque no está justificada la “urgente y extrema necesidad” que requiere un decreto ley en las 176 modificaciones legales que introduce; y porque algunas de esas reformas son “directamente inconstitucionales”.
Por Andalucía también ha anunciado que acudirá, junto al PSOE, a la Comisión de Venecia -órgano consultivo dependiente del Consejo de Europa formado por expertos independientes en derecho constitucional- para que “supervise la calidad democrática y el respeto a los derechos humanos” del macro-decreto de simplificación de la Junta. La Comisión de Venecia es el órgano que evalúa la ley de amnistía.
El decreto es un árbol robusto con 176 ramificaciones, una por cada reforma legal que afecta a todos los sectores productivos de Andalucía: cambian de sopetón 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes. El presidente Moreno quiso destacar, en su presentación en Madrid, dos aspectos muy sociales: una reducción notable del tiempo medio de espera para resolver las solicitudes de los dependientes -de 555 días actuales a un máximo de 180-; y reducir la certificación de familia numerosa a un solo formulario, en vez de los tres actuales.
Pero, tras publicarse el decreto en el BOJA, la oposición de izquierdas y los agentes sociales se pusieron a rebuscar en el contenido, denunciando algunas reformas que se extralimitan del marco de la simplificación administrativa.
Por ejemplo, la Junta elimina varios órganos de control de igualdad de género en políticas públicas, como la Comisión de Impacto de Género de los Presupuestos -vigente desde 2004-, las auditorías de género a entes públicos y el informe de género de la Cámara de Cuentas a sus cuentas, que era obligatorio. La razón: “exceso de carga burocrática” y duplicidad con otros informes y organismos de control.
Otra reforma legal que habilita a una empresa privada a autorizar una edificación -en sustitución de un funcionario público-. El PSOE denuncia que este apartado ya lo intentó “colar” la Junta en la Ley andaluza del Suelo y la Vivienda (la LISTA), pero la retiró tras un informe negativo del Consejo Consultivo advirtiendo de su posible inconstitucionalidad.
Por Andalucía y Adelante Andalucía denuncian que, con este añadido, el macro decreto permite abrir una residencia de ancianos privada o un instituto privado de FP “sólo con el silencio administrativo de la Junta y una declaración responsable”.
Las izquierdas también denuncian la eliminación en cascada de un buen número de órganos de participación públicos, que hasta ahora ejercían de contrapeso a las decisiones ejecutivas de las consejerías: el Observatorio de la Vivienda de Andalucía, el Consejo Rector del Instituto Andaluz de la Juventud, el Consejo Regional y los Consejos Provinciales de la Infancia, la Comisión Interdepartamental de Seguridad y Salud Laboral, el Comité Andaluz de Ética de la Investigación con Muestras Biológicas de Naturaleza Embrionaria y Semejantes, el Consejo Andaluz de Formación Continuada de las profesiones sanitarias y la Comisión Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores.
Vox, defensor acérrimo de la desregulación, votó a favor y no cuestionó ni mencionó ningún aspecto concreto de los 600 folios que contiene la norma desde su entrada en vigor hasta su convalidación en el Parlamento de este miércoles.
A través de nuestro canal en Telegram trasladamos de forma inmediata lo que ocurre en Andalucía: últimas noticias que van aconteciendo, o donde, simplemente, te ofrecemos un resumen de la información más relevante del día.