El presidente del Alto Tribunal andaluz, sobre el ingreso en prisión de Griñán: “Si es posible, que se haga fuera del contexto electoral”

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, no es partidario de que la Audiencia de Sevilla adopte la decisión definitiva sobre el ingreso en prisión de José Antonio Griñán en vísperas de la campaña para las elecciones generales del 23 de julio.

El ex presidente andaluz, de 76 años, fue condenado a seis años de prisión por malversación de fondos en el caso de los ERE y está pendiente de que la Audiencia decida sobre un informe forense que determine si su enfermedad -Griñán padece un cáncer de próstata- puede ser tratada fuera de prisión.

“Mi forma de conducirme siempre, la forma que yo he exteriorizado y que he hablado con muchos compañeros, es intentar en la medida de lo posible que lo que se puede hacer pasado mañana, si es posible, que se haga fuera de un contexto electoral. Eso sería lo que yo haría”, ha dicho Del Río este lunes durante una entrevista en el programa Acento Andaluz, de 7TV, preguntado por la posibilidad de que la imagen de Griñán entrando en la cárcel coincida con la campaña electoral, que arranca el próximo 7 de julio.

Hace tiempo que el presidente del Alto Tribunal Andaluz estableció un criterio claro, dirigido a sus compañeros magistrados, para que la justicia interfiriera “cuanto menos posible” en los procesos electorales. Del Río recuerda que los jueces son autónomos para decidir sobre el ritmo las investigaciones que dirigen, pero reconoce que no le gustan las interferencias de los procesos judiciales en curso en mitad de una campaña electoral.

El pasado 18 de mayo, el Instituto de Medicina Legal de Sevilla citó a Griñán para realizarle un último informe forense, en el que reconoció que el expresidente andaluz padece una enfermedad “muy grave” que requiere de servicios hospitalarios externos a la prisión para tratarle. Su tratamiento necesita “vigilancia estrecha” y resulta “poco compatible con la vida en prisión”, concluía el documento.

Según el informe, Griñán había finalizado el tratamiento de radioterapia, pero continuaba con el hormonal, sin poder certificar si la evolución de éste último procedimiento eras “favorable o desfavorable”, porque dependía de revisiones médicas programadas entre junio y septiembre, y concluía que debía seguir su tratamiento oncológico fuera de la cárcel.

La Audiencia de Sevilla trasladó el informe al Ministerio Fiscal y a la acusación particular, ejercida por el PP, para que se posicionasen respecto al ingreso en prisión de Griñán. Pero la Fiscalía Anticorrupción respondió con un escrito reclamando información más concreta a los forenses antes de pronunciarse, para saber si el tratamiento es compatible con la vida entre rejas. La Audiencia, en una providencia posterior, ha vuelto a pedir al Instituto Forense otro informe en el que responda con mayor claridad si el tratamiento oncológico del ex presidente es compatible con la cárcel.

De los ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados a cárcel en la pieza política del caso ERE, Griñán es el único que todavía no ha entrado en prisión.  

Caso Maracena, una decisión judicial “desafortunada”

En la misma entrevista han preguntado al presidente del TSJA por la decisión del juez de Instrucción número 5 de Granada de levantar el secreto de sumario a la investigación del secuestro exprés de la concejal socialista de Maracena, Vanessa Romero, tres días antes de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. “Me pareció desafortunado. Son decisiones autónomas de cada juzgado y yo me entero por la prensa”, ha dicho.

La apertura del sumario del caso Maracena reveló, el penúltimo día de campaña, que la alcaldesa del municipio, Berta Linares, y el número tres del PSOE andaluz, Noel López (regidor de la localidad durante 15 años), estaban siendo investigados como posibles “inductores” del secuestro perpetrado por el que entonces era pareja sentimental de Linares y candidata a la reelección.

Ninguno estaba formalmente imputado porque López estaba aforado por su condición de diputado autonómico, pero el juez derivó el caso al TSJA que sí tenía competencias para llamarle a declarar. El número dos del PP andaluz se trasladó a Maracena al día siguiente para hacer campaña desde allí, cargando duramente contra el PSOE. Tras los comicios, los socialistas perdieron la mitad de concejales que tenían, Linares dimitió alcaldesa y López renunció a sus funciones como secretario de Organización de los socialistas andaluces.