El informe de la Cámara de Cuentas sobre la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) relativo a 2018, y del que la derecha está tirando para atacar la gestión de la agencia pública empresarial bajo el mandato del PSOE en la Junta de Andalucía, se ha aprobado por la mínima, con la oposición incluso del presidente del órgano de fiscalización, Antonio López. Éste firma un voto particular, igual que dos consejeros, de los seis que conforman el pleno, Enrique Benítez y Daniel Albarracín, porque no comparten la principal conclusión del dictamen: que la RTVA realizó sus contratos de servicios audiovisuales sin respetar la legalidad. De manera que las conclusiones no tienen ni el beneplácito del presidente de la Cámara de Cuentas ni de un tercio de los consejeros, como ha trascendido este viernes, días después de que se haya usado como herramienta contra los socialistas.
En concreto, el informe sostiene que los procedimientos de contratación de la RTVA y su mercantil Canal Sur Radio y Televisión “están sometidos a los principios de publicidad, transparencia y concurrencia” de la Ley de 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y detecta importantes incumplimientos en la muestra fiscalizada: 71 procedimientos por un importe de más de 22 millones de euros. Sin embargo, los votos particulares, que firman el presidente y los consejeros elegidos a propuesta del PSOE (Enrique Benítez) y Adelante Andalucía (Daniel Albarracín) hacen matizaciones importantes a esta consideración, alineándose con los postulados de RTVA.
Entre otras cosas porque entienden que los contratos de la RTVA cuestionados en este informe por no cumplir las reglas de la contratación pública lo hacen por estar “expresamente excluidos”, tanto en directivas de la UE como la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Por ello, sostienen que “las alegaciones de la agencia pública empresarial, en relación a los contratos de producción servicios audiovisuales, debieron ser admitidas y por tanto se tuvo que modificar el informe definitivo”. Básicamente porque estos servicios audiovisuales que contrata la RTVA “conllevan una creación original y una transferencia de conocimiento, por lo que son un negocio jurídico que afecta a una propiedad intelectual”. En resumen: son contratos privados y no públicos.
En concreto, se remiten a la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, que excluye los contratos de servicios audiovisuales en los que concurre la creación artística de las reglas de la contratación pública. Citan también la sentencia del TJUE de 2007 del caso Bayerischer, que afirma que los servicios audiovisuales no forman parte del contenido de estos contratos recogidos en las directivas.
Recuerdan también que la Comisión de Normas y Procedimientos del Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas (OCEX) puso de manifiesto en 2013 la necesidad de homogeneizar, armonizar y actualizar las reglas de auditoría pública, “sobre la base de los principios y normas internacionales” que concluyó con la elaboración de una guía práctica de fiscalización (GPF-OCEX 4320). Dentro de los criterios para calificar los incumplimientos recoge que si son debidos a una interpretación “controvertida”, como creen que es el caso, la opinión “será positiva con salvedades”. Las modificaciones que deberían reflejarse en el informe definitivo, a consecuencia de las alegaciones presentadas y no admitidas por el pleno, ponen de manifiesto, según el presidente de la institución, “que los incumplimientos que se describen no tienen un carácter generalizado y puede ser debido a una interpretación controvertida de las normas aplicables”, por lo que reitera que debería tener una conclusión a favor del fiscalizado.
Urgen cambios para la supervivencia de la cadena autonómica
No cuestionan, en cambio, otras consideraciones del informe en relación con la eficiencia económica y técnica de la empresa pública. En el documento se sostiene que “la bajada de la financiación pública y de la cifra de negocios, el incremento de las pérdidas acumuladas y el descenso del patrimonio neto de la entidad en un 70% en los últimos 10 años” hace que resulte necesario asumir una remodelación del modelo que garantice su supervivencia. En la misma línea, pese a la utilización que sobre todo desde Vox, con el beneplácito del PP y Ciudadanos, hacen del coste de la RTVA, el informe recuerda que es la cadena autonómica que presenta el coste por habitante de la financiación pública más bajo después de la de Madrid. En concreto, 16,7 euros de presupuesto público por habitante, según recoge la Cámara de Cuentas, que también apunta que “la falta de flexibilidad de la plantilla provoca que las dotaciones de determinadas categorías profesionales en los distintos centros puedan estar descompensadas en relación con las cargas de trabajo”.
Los votos particulares no contradicen tampoco las conclusiones en torno a los 192 contratos menores que fueron analizados y donde la Cámara de Cuentas detecta fraccionamiento en el 60,94%. Los auditores estiman que se han separado prestaciones que constituyen un solo objeto del contrato. Como superan los valores estimados para la contratación menor, concluyen que se han dividido para ir a la adjudicación directa. “No aparece motivada la necesidad de la contratación, la justificación de la adjudicación directa, y de manera concreta, la oferta y la empresa seleccionada por parte de los órganos de contratación”, sostiene el informe, en una conclusión que no ha sido objeto de voto particular.
El portavoz de RTVA en el Parlamento de Andalucía, Francisco Conejo, ha celebrado sin embargo los votos particulares, porque entiende que defienden la legalidad de la gestión. El diputado del PSOE cree que Elías Bendodo, consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y la derecha están utilizando el informe de fiscalización de la RTVA “como una cortina de humo para tapar el desmantelamiento de la cadena que han aprobado con el acuerdo suscrito con Vox, como precio a pagar por apoyar el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2021”. De hecho, el partido de Abascal impuso un recorte millonario en el presupuesto para este ejercicio y la amortización de las plazas de jubilaciones.
“Quiere tapar con estos bulos todos los escándalos de manipulación y recortes de los que son responsables”, reprocha Francisco Conejo. También advierte de que la nueva dirección de la RTVA sigue utilizando los “mismos procedimientos que la anterior”. De modo que “si ahora cuestionan la legalidad de la gestión en la etapa anterior, están cuestionando su propia gestión, ya que están utilizando los mismos procedimientos”.