La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT-A y CCOO-A han presentado este martes un manifiesto instando a la Junta de Andalucía a sentarse a negociar ya el nuevo marco de concertación social. Pero sólo con los agentes que tienen “legitimidad” para ello por su representación. Este manifiesto ha puesto sobre la mesa el tradicional rechazo de estas organizaciones a que entren nuevos participantes. Pero también ha entrado en colisión con lo que en su primera entrevista tras su toma de posesión decía el presidente de la CEA en los micrófonos de Canal Sur.
Javier González de Lara se mostraba el pasado mes de enero dispuesto a “hacer autocrítica”, “a cambiar el modelo” y a “abrir la concertación social”. Es cierto que también dejaba claro que no se podía abrir “a cualquiera, sino a entidades representativas y que puedan acreditarlo”. Pero ¿qué entiende por entidades representativas y que puedan acreditarlo? En su momento, cuando con estas palabras respondía a la idea lanzada desde el Gobierno de Andalucía se habló de la necesidad de tener en cuenta la economía social, a los consumidores e incluso a otros sindicatos.
Sin embargo, esta semana tanto él como los líderes de UGT-A y CCOO-A han dejado claro que la organización más representativa de la economía social en la comunidad autónoma, Cepes-A, no tiene cabida porque no tiene el peso que para participar en diálogos de este tipo confieren la Consitutión Española y el Estatuto de Autonomía. Lo reiteraba este miércoles Javier González de Lara. “La CEA no veta a nadie”, decía, para agregar que quien quiera sentarse en esta mesa debe demostrar su representatividad, pero no tienen cabida “aquellos que no lo puedan hacer o representen el 1,5% de la economía y no más de 7.000 empresas de dos millones que hay en toda España”. Entiende que “no se trata de vetar o no, sino de analizar la legitimidad de cada cual”.
“La economía social está presente en el 82% de los municipios”
No han tardado en responderle desde Cepes-A. Su presidente, José María Algora, ha declarado a Europa Press que la economía social está “totalmente legitimada” de cara a la Junta de Andalucía tras los diferentes actos acordados en los últimos años. Ha recordado que la economía social está presente en el 82% de los municipios de Andalucía y supone una forma de desarrollo “totalmente diferente”, basado en la cohesión social y del territorio, en la no deslocalización y en la capacidad de resistencia en tiempos de crisis con un empleo estable y de calidad. Por eso se ha mostrado convencido de que serán convocados por la Junta de Andalucía para esta negociación.
También las organizaciones de consumidores, como Facua, siguen esperando ser convocadas para este foro porque entienden que tienen cabida en el marco del compromiso que anunció la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, de abrirlo a nuevos agentes. El secretario general de Facua Andalucía, Rubén Sánchez, insiste en que se debe “reactivar el diálogo social y abrirlo a nuevos actores, reconociendo su papel como agentes sociales y económicos”. Y “Facua Andalucía es uno de ellos”.
Desde el PSOE-A, su portavoz parlamentario Mario Jiménez dejaba entrever que podría ser de esta manera. Se remitía a las palabras de la presidenta cuando habló de la necesidad de “revisar todo el modelo”, “abrir la economía en canal” y “no dar nada por sentado”. Ha confiado en que la propuesta para este “diálogo social” llegue en próximas fechas, una vez que tanto la patronal como los sindicatos han instado a comenzar ya.
¿Qué dice el Estatuto de Autonomía? En su artículo 10 hace alusión a que uno de los objetivos básicos de la comunidad autónoma es “la concertación social, reconociendo la función relevante que para ello cumplen las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía”. Y en el 26.2 “garantiza a los sindicatos y a las organizaciones empresariales el establecimiento de las condiciones necesarias para el desempeño de las funciones que la Constitución Española les reconoce” y que la ley regulará “la participación institucional de las más representativas en la comunidad autónoma”. El problema radica precisamente en eso: todavía se espera la Ley de Participación Institucional, que está llamada a complementar la de transparencia, recién aprobada, y la de participación ciudadana, que todavía está en negociaciones entre los socios del Gobierno de Andalucía.
Cabe recordar que en el marco del VII Acuerdo de Concertación Social en vigor hasta el 31 de diciembre de 2013, se movilizaron en torno a 20.000 millones de euros para reactivar la economía de la región. Pese a sus buenos propósitos, los firmantes de ese pacto no pueden estar orgullosos del resultado porque el desempleo ha crecido unos 10 puntos y el PIB pero cápita ha caído otro cinco.