La Junta de Andalucía de PP y Ciudadanos ha cifrado sus políticas para el año que viene en 38.539 millones de euros, un 5,6% más que el presente ejercicio. Son unos números expansivos que reposan en una previsión de crecimiento de la economía andaluza del 1,9% del PIB. Pero esa subida, que hacen de los próximos presupuestos andaluces los más altos de los últimos años, no va a repercutir en cooperación internacional, es decir, en los programas de solidaridad con otros países que lleva a cabo la Junta de la mano de las ONGD. Concretamente, la partida que contempla el Proyecto de Ley de Presupuestos para tal fin es de 39,9 millones de euros, es decir, un 0,1% respecto al total, por debajo incluso del 0,11% del presente año.
El Gobierno andaluz, en todo caso, ha venido incumpliendo en los últimos años su compromiso presupuestario para la cooperación internacional y el desarrollo. Además, el III Plan andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE 2020-2023) aspira sólo a la mitad del histórico 0,7% en ayuda al desarrollo a final de legislatura. “No es aceptable que los presupuestos más elevados coincidan con los más bajos para cooperación internacional”, lamenta Héctor Rivero, presidente de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (CAONGD), que conforman 73 organizaciones.
“El presupuesto vuelve a caer”, apunta Rivero, que señala que las cuentas previstas consolidan el recorte de 8,2 millones de euros sufrido por la AOD andaluza el año pasado y evita “acercarnos al 0,20%, que es el mínimo porcentaje para considerar estrictamente que existe una política de cooperación”. Se trata, insiste, del porcentaje más bajo destinado a cooperación internacional desde 2003. Rivero apunta que mantiene estos días encuentros con diferentes grupos parlamentarios para que presenten algunas enmiendas y “mejorar esta situación” durante la tramitación de los presupuestos.
“No se pueden generar unas expectativas y luego no cumplirlas”, denuncia el representante de las ONGD andaluzas respecto al “nuevo modelo de gestión” que se había anunciado desde el Gobierno de la Junta pero para el que “hace falta músculo financiero”. Rivero califica de “frustrante” la situación ante un “momento importante” para estas cuestiones, a diez años vista de cumplirse el límite marcado por la Agenda 2030 de Naciones Unidas, cuyos postulados además ha tomado de referencia el citado PACODE 2020-2023. “Deberían darse pasos decididos para cumplir esos objetivos pero no es así. Nos vendieron que lo que había pasado este año era debido a una cuestión interna pero vemos que es un problema de prioridades y de voluntad política”, resume.
Retos “globales”
Para más inri, el anuncio de las cuentas públicas para la autonomía se ha producido en la misma semana en la que la Comisión de Cooperación y el Consejo Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo han aprobado el informe sobre el mencionado III Plan Andaluz de Cooperación. El texto, que debe validarse próximamente en Consejo de Gobierno, es una propuesta en línea con la adecuación de las políticas andaluzas a la Agenda 2030, como ya se ha dicho y que, entre otros aspectos, la meta 17.2 hace referencia al compromiso histórico del alcanzar el 0,7% destinado a políticas de cooperación.
Según denuncia además la CAONGD, la Junta no define claramente qué otras partidas, al margen del presupuesto de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), deben ser computadas en este bloque, “una dificultad que se repite año tras año”.
“Los retos a los que nos enfrentamos, que de una u otra manera vienen recogidos en la Agenda 2030, ni pueden esperar ni se pueden enfrentar en soledad: la pobreza extrema, el hambre, las desigualdades o el cambio climático son retos globales, a los que hay que hacer frente desde el conjunto de la comunidad internacional”, ha dicho la CAONGD en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía con motivo de la tramitación parlamentaria de los presupuestos 2020.
Sin visos de “gestión nacional” firmada con Vox
En todo caso, los incumplimientos en la materia en Andalucía se remontan 16 años atrás. El artículo 15 de la Ley Andaluza de Cooperación de 2003 estableció que “la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía fijará anualmente los créditos destinados a la cooperación internacional para el desarrollo que tenderán progresivamente a alcanzar el mínimo del 0,7% de los Presupuestos de la Junta de Andalucía”. Para colaborar a la erradicación de la pobreza en el mundo hasta alcanzar el 0,7% en 2012, sólo se llegó a poco más del 0,2% al final del periodo.
Mucho más habría que remontarse para ver los orígenes de la reivindicación del 0,7%. Tanto como medio siglo, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó, el 24 de octubre de 1970, la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con base en el informe final de la 'Comisión Pearson', en 1969, la ONU hizo un histórico llamamiento para que los países desarrollados ofrecieran un nivel mínimo del 0,7% de su producto interno bruto (PIB) en Ayuda Oficial al Desarrollo.
Asimismo, la Junta incumple uno de los puntos del acuerdo suscrito el 9 de enero entre PP y Vox para investir a Juan Manuel Moreno como presidente andaluz. El último punto de aquel documento, el número 37, decía: “Trabajar para que, en el marco de las ayudas a la cooperación internacional al desarrollo, se den pasos decididos hacia una gestión nacional de estos recursos”. Aunque los presupuestos son los que son, tampoco parece que se esté dando paso alguno hacia una gestión estatal de ese tipo de recursos públicos como pregonaba aquel acuerdo. La cuestión no ha vuelto a relucir en los acuerdos presupuestarios de la Junta con Vox, ni en el de junio ni en el último de octubre.