Juan Hernández es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén (UJA) y coautor del informe sobre el decreto de becas en el que la Conferencia de Rectores Españoles (CRUE) basa su rechazo a la propuesta del Gobierno de la Nación.Conferencia de Rectores Españoles (CRUE) Los datos son contundentes: en el curso que acaba de finalizar más de 7.600 alumnos no han obtenido beca por la subida de la nota de acceso de un 5 a un 5,5. Un factor que se ha consolidado y que amenaza con dejar sin ayuda al estudio a 20.000 alumnos durante su periodo de vigencia.
Ha cruzado datos de la UJA, de la que fue gerente, con los de la Universidad Politécnica de Valencia. La primera es una universidad generalista, como la mayoría del medio centenar de públicas que hay en España, donde se reparte el 89% de las ayudas a los estudios superiores. La segunda, especializada. Sus datos permiten corregir las desviaciones que pueden introducir en la concesión de becas las carreras técnicas.
Las conclusiones que realiza son tan demoledoras como los datos sobre las que los apoya. “El problema del sistema universitario no es el 23% de becarios, sino el cien por cien de los alumnos”, señala. Su experiencia como profesor y como directivo universitario le dice que “el becario abandona menos y rinde más: el problema está en los alumnos que no son becarios”.
El 85% de cada titulación está subvencionada para el conjunto de los alumnos, que sólo pagan el 15% a través de las tasas de matrícula. “¿Se ha pensado que en la universidad hay mucha gente que tiene un rendimiento muy bajo y un nivel de abandono muy alto?”, se pregunta. Y plantea una sencilla operación: “Por cada alumno que abandona, tiramos 9.000 euros. Teniendo en cuenta que 60.000 abandonan cada año, a razón de 9.000 euros, ahorraríamos 540 millones de euros. Más de lo que se ahorrarán con las becas, donde el recorte del decreto ahorrará unos 300”.
Propone dotar al sistema de una herramienta de control inexistente: el seguimiento y orientación del alumnado durante el primer año de carrera que es cuando se produce el 75% de los abandonos. No se sabe si los alumnos que dejan de estudiar “simplemente cambian de titulación, ni cuántas veces lo hacen, o si abandonan el sistema definitivamente”. Con lo cual, no existe un cálculo de cuánto dinero se pierde con alumnos a los que se sufraga el 85% del coste de su plaza universitaria, ni existen condiciones para su permanencia en la universidad “porque la evaluación no es obligatoria”. Condiciones que sí existen para los becarios a quienes se les exige una nota mínima para obtener ayuda económica (5,5), lo que les obliga a evaluarse, a rendir académicamente.
El profesor cree que es necesario responsabilizar a todos los alumnos del valor de una plaza en la universidad y para eso propone un mecanismo simple: “En primero se deberían establecer una reglas, que conozca el alumno, en las que la universidad le exija, para seguir, que acredite un mínimo de objetivos y esté un tiempo máximo con la bonificación del 85%”. Una forma de premiar a quien rinda y “si alguien quiere estar toda la vida que pague el cien por cien de las tasas”, como en el sistema americano.
Propuesta para controlar el historial
Esto facilitaría un seguimiento a través del DNI del alumno, para no vulnerar la Ley de Protección de Datos. Se averiguaría el recorrido de un universitario, en cuanto tiempo finaliza un grado o cuántas veces cambia de carrera. Otra posibilidad: “Un grado son cuatro años. Voy a aplicar una ineficiencia de un año y, a partir de ahí, penalizo al alumno que no rinda”. No todo son condiciones para los estudiantes. “La universidad tiene que explicar cuál es el horizonte, por ejemplo, decirle al alumno que tiene 300 créditos gratis y, cuando los haya agotado, para seguir tiene que pagar el cien por cien de los que le queden”. Es lo que llama la “línea de progreso y permanencia” que haría más eficiente el rendimiento de los alumnos. De todos los alumnos. Eso, además, aumentaría la presión sobre el profesorado por parte de los alumnos, obligándolo también a mejorar su rendimiento.
Desde su punto de vista, exigir lo mismo es lo que garantiza la igualdad de oportunidades porque “una beca no es un premio” y “la condición de becario se adquiere por insuficiencia económica; no porque se sea más listo, sino porque tienes menos recursos y te permite renunciar a los ingresos que potencialmente obtendrías si estuvieras trabajando”.
Esa premisa la rompe el decreto, que no tiene en cuenta que el rendimiento de los becarios es mucho mayor y, al endurecer las condiciones de acceso a la ayuda, les abre la puerta de la exclusión. “La experiencia dice que si no tengo incentivo, al primer desánimo abandono, porque tengo poca capacidad y ningún apoyo”, asegura. Insiste en que el decreto genera incertidumbre en las familias que dependen de las becas y eso desencadena que “si me ponen condiciones más difíciles para el acceso, me exigen un mínimo fijo para renovar y las condiciones variables no sé si las tendré… si no me sobra dinero ¿cómo voy a mandar a mi hijo a la universidad?”, con la posibilidad de que haya que reintegrar el dinero si no consigue mantener la beca.