Más de un millar de Profesores Técnicos de Formación Profesional (PTFP) quedarán excluidos de la bolsa de trabajo de la Consejería de Educación de la Junta tras las nuevas exigencias formativas. Están al borde del despido. O acreditan haber realizado un máster oficial o equivalente, con un coste que oscila de 2.000 a 12.000 euros según el centro, o estarán fuera de la próxima convocatoria laboral.
La Federación de Enseñanza de CCOO-A denuncia que la resolución dictada en este sentido por la Junta deja “sin margen a más de 1.000 docentes para obtener la formación pedagógica y didáctica”. No hay, dicen, “oferta formativa en este momento”, cuando la aplicación del Real Decreto 1834/2008 que requería un mínimo de experiencia docente de 12 meses a fecha de 1 de octubre de 2009 que impone el Ministerio de Educación y acata ahora la Junta andaluza deja a “numerosos profesionales con años de experiencia” en una situación “manifiestamente injusta”.
El conflicto emergió antes en otras comunidades autónomas y salta ahora para el cuerpo docente andaluz. De haberlo aplicado antes, el problema de fondo hubiera sido el mismo. La consejería de Educación abrió el pasado 24 de abril un plazo de 15 días para que los profesores interinos de FP cumplieran el requerimiento. Las nuevas exigencias de formación pedagógica del Ministerio “discriminan” a “profesores con titulación universitaria frente a los que no la tienen”, apuntan los sindicatos, que anuncian “movilizaciones”.
Así, el jueves 14 se llevó a cabo una concentración ante la delegación provincial de Educación, en Sevilla, que marca el arranque de las protestas contra el despido de 1.000 docentes técnicos de FP. La movilización tendrá continuidad con una jornada de huelga el próximo 26 de mayo “a la que está llamada el colectivo afectado por esta injusta medida”, recuerda CCOO. Ese mismo día, dos después de las elecciones municipales, hay convocada “una concentración regional” frente al Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de Andalucía.
A la par de estas acciones, el sindicato ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo y pide la suspensión cautelar de la resolución. Al tiempo, exigen al Ministerio de Educación “una moratoria” y un “ejercicio de responsabilidad y valentía a la administración andaluza” por la medida que enviará “al paro a centenares de docentes que han sido utilizados por las administraciones educativas y que no han tenido oportunidades reales de formarse”, según el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, José Blanco. Y “avisan”, también, que el cuerpo docente “irá al paro el 1 de septiembre” si no cuentan con esa demanda formativa “hoy por hoy muy difícil o imposible de obtener en Andalucía”.
Afecta a los profesores “desde 2009”
Estos profesionales se encuentran con la “imposibilidad de realizar la formación solicitada porque, en el caso del máster en estos momentos solo existe oferta formativa en la universidad privada con un coste superior a los 4.000 euros, y no existen cursos en Andalucía para obtener la titulación”, según CCOO. Además, los nuevos requisitos para integrar las bolsas de PTFP “pueden resultar discriminatorias para los profesores con titulación universitaria frente a los que no la tienen”, apunta el presidente de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), Manuel Fernández. La razón es que a estos últimos se les exime de esa exigencia si acreditan un mínimo de 12 meses de docencia en centros públicos o privados de enseñanza reglada a fecha de 1 de septiembre de 2014. El resto deberá demostrar que está en posesión del extinto Certificado de Adaptación Pedagógica (CAP), no exigido con anterioridad en las convocatorias de oposiciones, o de un Máster universitario de Educación Secundaria (MAES).
“Se produce una discriminación que perjudica a determinados integrantes de una bolsa de trabajo frente a otros sin un criterio lógico que pueda resultar comprensible”, señala Manuel Fernández. Resulta “complicado cifrar con precisión” el número de afectados, indican desde APIA. Están en torno a los 1.000 que apunta CCOO, aunque calculan que podrían ser “más personas” los que estuvieran “sin trabajo el curso próximo y en una situación muy difícil” aunque aprobaran “sin plaza las oposiciones hace cinco años, desde 2009, cuando no existía el actual requisito”.
“Para solucionar este tema pedimos a la administración primero sentido común. El acceso a la función pública docente tiene que ser igual para todos. A alguien que lleva trabajando 6 años no puedes decirle que se queda fuera de la bolsa; vamos a dar una moratoria para que el que esté tenga opción”, precisan fuentes de la asociación de profesores de instituto. Una de las grandes “trabas” para el personal docente está en “esos máster que tienen un coste elevado”, que APIA solicita “que lo asuma la administración en el proceso de formación”.
Unos cursos de adaptación que señala también el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA). Con un coste que oscila “entre los 2.000 y 12.000 euros, según el centro donde se imparta”, si es público o privado, el nuevo requisito “relegará al desempleo a centenares de Profesores Técnicos de Formación Profesional, algunos con más de seis años de tiempo de servicio”.
La duración de estos máster, “superior a la de un curso académico convencional y con fecha de inicio en octubre”, imposibilita terminarlo “con anterioridad al comienzo del curso 2015/2016”. Y “muchos” de los afectados, denuncia SPA, “con periodistas de prensa, radio y televisión que habían reorientado su actividad profesional al ejercicio de la docencia en los diversos ciclos formativos vinculados al área de imagen, sonido y medios de comunicación”.
Calendario de movilizaciones
Es “una salida profesional más que se cierra para los periodistas”, de ahí que el sindicato se solidariza “con la recién creada Plataforma Contra el Despido de Profesores Técnicos de FP y reclamamos a la Junta de Andalucía una alternativa o un plazo razonable que permita a los afectados acreditar su capacidad docente, sin que ninguno de estos profesionales en ejercicio se vaya a engrosar las ya abultadas cifras del desempleo”.
Se da la circunstancia, además, de que buena parte del colectivo está conformado por profesionales no licenciados, sin posibilidad por tanto de acceso al MAES. “Y para los que ni la administración central ni la autonómica han desarrollado ningún tipo de formación pedagógica alternativa que les permita actualmente o en el futuro acreditar su capacidad docente”, según SPA. Al hilo de esta reivindicación se ha constituido la Plataforma de Unidad Docente Andaluza, impulsada de manera conjunta por APIA, CGT, Marea Verde-Andalucía e Interinos docentes andaluces.
El calendario de movilizaciones, ya en marcha con la plataforma contra el despido, insta a la Junta “a mantener en sus respectivos puestos de trabajo a los profesores afectados mientras concluyen el periodo formativo que se les demanda”. Será, avisan los sindicatos, una “lucha en la calle por este atropello que está llevando a la desesperación a más de mil trabajadores” y ante la “poca disposición por parte de la Junta de Andalucía a solucionar el problema”.