Organizar una plataforma de afectados por la precariedad laboral, plantear demandas colectivas, exigir un plan de estabilización profesional y preparar una protesta “gorda”. Es la respuesta de profesores universitarios andaluces a la primera sentencia que reconoce derechos negados hasta ahora al 'sector B', como adelantó en exclusiva eldiario.es/andalucia.
Las acciones conjuntas han sido acordadas en una asamblea organizada en la Universidad de Sevilla (US). Antes, la “expectación” generada en el mundo universitario llegó a campus de Valencia, Madrid, Barcelona, La Rioja… o Málaga, convertida en epicentro movilizador y que verá una primera manifestación el 20 de junio ante la Comisión de Seguimiento del Convenio Colectivo (CIVEA). Citan ese día “a todas las universidades andaluzas”.
Entre las propuestas decididas destaca la demanda colectiva de los “precarizados”. No solo Personal Docente e Investigador (PDI), sino que abren la mano al resto de profesionales que trabajan en el ámbito universitario en situación similar, caso de los Profesores Sustitutos Interinos (PSI), “ayudantes de doctores”… Los docentes han creado además “comisiones para elaborar un plan de estabilidad” laboral para estos sectores que presentarán “ante la Junta de Andalucía”.
Acudir al Defensor del Pueblo Andaluz, preparar “acciones legislativas y judiciales”, desarrollar la “agenda de movilizaciones” o seguir construyendo la “red de colectivos” afectados aparecen como otras de las decisiones adoptadas. “Esto es una fotografía de la situación actual y los actores para cambiarla somos nosotros los precariUS”, animaba una profesora presente en la reunión. Han planteado en esa “lucha”, incluso, iniciar una campaña en redes sociales y de firmas de apoyo a través de una plataforma digital.
“Mala praxis” frente a “sentencia histórica”
El encuentro asambleario, convocado por la delegación del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en la US, ha recogido la corriente generada en multitud de universidades y con la implicación de otras fuerzas sindicales, caso de CGT o CCOO, por el fallo judicial “histórico” del Juzgado de lo Social 10 de Sevilla –puede consultarlo aquí– que da la razón al exprofesor de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Jesús Sabariego. Casi la mitad de las plantillas docentes pertenecen a este 'sector B' cuyos salarios quedan en “un tercio de lo que cobran los profesores acreditados”, según informan fuentes sindicales con representación universitaria.
El propio rector de la UPO, Vicente Guzmán, reconoce la “mala praxis” y el “error” que dibuja la sentencia. Aunque la resolución, a su modo de ver, “es aplicable a un solo caso”, el de Sabariego, y “no va a alterar ni influir en los contratos” de otros docentes, como sostuvo en declaraciones realizadas durante un almuerzo informativo.
“La sentencia es histórica y muy potente”, ha relatado el docente afectado, Jesús Sabariego, al inicio de una reunión definida para analizar las repercusiones de la reciente sentencia lograda “en la lucha por la mejora de las condiciones laborales de éste u otros colectivos con contratos temporales”. El fallo, continuaba, “no sólo reconoce la improcedencia del despido sino que discute el papel de los asociados en las universidades y la concatenación de contratos”.
“Feudalismo” laboral en las universidades
El juzgado rechaza “que ese trabajo sea puntual”, para definirlo como “estructural”. Una situación reincidente “y que la sufrimos de manera cotidiana” en un número cercano “al 50% de las plantillas docentes”, explicaba. “Pero la precarización cada vez es mayor y se crean nuevas figuras profesionales que abundan en esta situación”, ha denunciado.
“No es un caso aislado”, señalaba uno de los profesores presentes. Otro relataba la historia de “un compañero que tenía trabajo, se le reconoce incapacidad absoluta para ejercer y la universidad le rescinde el contrato porque no tiene esa segunda actividad”. Está allí, aunque aquel no lo sabe. “Tuve un infarto”, reconoce el afectado. Le habían cesado “estando enfermo”.
Se acumulan relatos de docentes “dados de alta como autónomos para situaciones así y a los que la Seguridad Social les envía comunicados preguntándoles que por qué están datos de alta si no generan ingresos”. Escenarios de “fraude”, de vulneración de derechos, de “feudalismo” laboral en las universidades. Quieren atacar la precariedad, luego la estabilidad profesional y, al fin, la promoción personal.
Hay quien aporta la realización “de un informe jurídico” en proceso “y que puede ser la bomba a nivel nacional”. En el proceso que quieren emprender es imprescindible la “voluntad política”, piensan, “y tenemos que parar las universidades e ir a las puertas de las consejerías pertinentes”. “No perdamos ni un minutos más”, “la temporalidad en los asociados se ha acabado”, esgrimen casi como eslóganes.
Para esa lucha barajaron tres opciones: la demanda individual, la plural y establecer un conflicto colectivo. “Esta última es la mejor”, dicen, la más rápida y contundente. Es la que deciden: “se puede plantear esa batalla”. Los convocantes de la asamblea señalaban que en otras universidades, “como la de Málaga, el colectivo de PDI y PSI ya es está organizando y estudiando posibles acciones colectivas”. Un extremo confirmado y extendido en la reunión celebrada en Sevilla.