La “violencia intrafamiliar”, la seguridad en los centros de menores no acompañados o la promoción de la caza en los colegios han tomado forma concreta en los presupuestos acordados este miércoles por PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía para el año 2020, que incluye definitivamente partidas para varias medidas propuestas por la formación de extrema derecha.
Algunas de las medidas ya se adivinaban en el documento suscrito en junio para modificar las partidas presupuestarias de este 2019 pero adoptan concreción con, por ejemplo, una dotación por importe de 300.000 euros “para la gestión del teléfono para la protección de violencia intrafamiliar” (que se suma a tres teléfonos más que ya atienden 18.800 denuncias al año en Andalucía), o un “proyecto de inversión por importe de 150.000 euros” para “seguir reforzando la seguridad de los menores atendidos e los centros MENAs”, donde se registra un 0,54% de delincuencia según los datos oficiales.
El acuerdo suscrito en la sede del Parlamento por los consejeros de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo (PP-A), y de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco (Cs), y por el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, incluye también el “impulso de un programa de actividades complementarias para promoción y conocimiento de actividades cinegéticas en los colegios”, así como “una mejora de las actuaciones de fomento en las Escuelas Taurinas de Andalucía”, con 50.000 euros adicionales a los 300.000 euros ya incluidos en el presupuesto para impulso de las actividades sobre tauromaquia.
El acuerdo también recoge un importe de dos millones para la atención de servicios de asesoramiento a las mujeres embarazadas que se encuentren con dificultades económicas y de cualquier otra índole para llevar adelante su embarazo. Así, se pondrá en marcha un programa de asistencia a la mujer embarazada en dificultades, mediante el concierto social (asegurando la concurrencia y objetividad) que permita seleccionar una o varias asociaciones sin fines de lucro, con el objetivo de proceder a la atención de dichas mujeres, ofreciendo la totalidad de las alternativas disponibles a la mujer embarazada, de forma respetuosa con su decisión final.
Además se incluye que la Junta planteará al Gobierno central la firma de un convenio de colaboración en materia de inmigración irregular, “para luchar contra las mafias que trafican con personas, para ordenar adecuadamente los flujos migratorios irregulares de acuerdo con lo que establecen las normas nacionales y europeas y para garantizar las mejores condiciones de trabajo para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra la inmigración irregular”.
A continuación, el documento al completo: