Segunda reunión, desde su constitución el pasado 1 de octubre en el Parlamento de Andalucía, de la comisión de investigación del fraude de las subvenciones para la formación para el empleo y con pocos avances. De momento, los cinco grupos que la integran sólo han respaldado por unanimidad aceptar las propuestas de petición de documentación que han elevado cada uno por su lado para poder empezar a trabajar. Mientras el PSOE-A y C's intentan marcar el ritmo de la comisión de investigación, el PP-A, Podemos e IU le echan en cara la “dilación” que han imprimido a todo el trabajo que tienen por delante, en principio hasta julio de 2016.
La petición de documentación era el punto previsto en el orden del día, por lo que no se ha aceptado la propuesta del PP-A de acordar algunas de las comparecencias, precisamente porque no estaba en la agenda. En este sentido, los populares querían que se aprovecharan los meses de noviembre y diciembre para citar a técnicos y expertos, principalmente a los ocho interventores provinciales de la Junta de Andalucía, para informar de los procedimientos que se han seguido a la hora de otorgar estas subvenciones. Su testimonio se considera clave porque, según la oposición, podrían haber avisado de irregularidades en el procedimiento.
Pese a que Podemos e IU estaban por la labor de apoyar la propuesta del PP-A, el PSOE-A y C's, dentro de la dinámica de dos bloques que se ha creado en el Parlamento de Andalucía, se han opuesto, y suman mayoría absoluta para tumbar cualquier iniciativa en este sentido. Y lo han hecho. No se ha dado vía libre a esta petición de comparecencias.
Es más, de momento, cualquier comparecencia sigue paralizada, y todo indica que no empezarán hasta febrero, por tanto, mucho después de las elecciones generales del 20 de diciembre. Como ya quedó claro en la primera reunión, por el empeño del PSOE-A de evitar -por lo menos hasta que pase el 20D- una lista en la que el PP-A y Podemos están decididos a meter a la presidenta Susana Díaz.
Por otro lado, se ha previsto que durante esta semana o la próxima, el letrado pida formalmente al Consejo de Gobierno la documentación relativa a los expedientes de subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía desde 2007 a 2011 para formación. Tendrá 10 días para remitirla a la comisión de investigación, y será parte del material con el que cuenten sus 10 integrantes (y otros tantos suplentes) para trabajar. Es decir, que como pronto, la documentación llegará la última semana de noviembre.
Tras la reunión, que se ha producido la tarde de este martes, los diferentes miembros han comparecido para la prensa. Los dos representantes del PSOE-A, María Luisa Bustinduy y Rodrigo Sánchez, han insistido en la voluntad del PSOE-A de que la comisión de investigación trabaje con “rigor, transparencia y seriedad”. Por eso, han justificado que no tengan prisas por las comparecencias hasta estudiar a fondo toda la documentación. “La casa no se puede empezar por el tejado”, ha ejemplificado Rodrigo Sánchez.
Documentación de otras CCAA
Es más, ha anunciado que su grupo no quiere sólo la documentación relativa a subvenciones en Andalucía, sino la de otras comunidades autónomas, dado que el PSOE-A está convencido de que el mismo sistema a la hora de otorgarlas se ha seguido en todas, y no es exclusivo de Andalucía. En este sentido, es previsible que si se llama Susana Díaz, el PSOE-A responda exigiendo la comparecencia de la ministra Fátima Báñez.
Por el contrario, el portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, ha arremetido contra la alianza del “bipartito PSOE-A-C’s” para evitar que haya ya comparecencias, lo que ha calificado de “error”. Por ello, ha confiado en que ambos “reconsideren” su postura, porque entiende que los técnicos y expertos tienen mucha luz que arrojar sobre el proceso.
Por parte de Podemos ha hablado Juan Moreno Yagüe, quien ha criticado el “bloqueo” que el partido que gobierna y su socio “en la sombra” continúan ejerciendo sobre la comisión de investigación. Entiende que las comparecencias deben empezar ya porque es una manera de obtener información que su grupo no desprecia, ni mucho menos.
En términos parecidos se ha expresado Elena Cortés (IU), para quien “no es razonable” que no haya comparecencias hasta que se complete el estudio de toda la documentación, porque entiende que son fuentes de información que pueden ir explotándose de manera paralela. También ha criticado la “objeciones” que ha puesto el PSOE-A a documentación sobre Delphi que ha pedido su grupo, si bien finalmente se ha acordado dar el ok a todo lo solicitado por los integrantes de la comisión de investigación. Elena Cortés ha insistido en que la “dilación” no le parece “razonable” y ha recordado que en el comisión de investigación de los ERE (la última abordada en el Parlamento de Andalucía) los dos procesos eran paralelos: la solicitud de documentación y la obtención de información vía comparecencias.
Es más, la diputada de IU ha incidido en que mucha información ya lleva tiempo al alcance de los parlamentarios. Otra cosa es que la hayan estudiado. “Es como si a algún diputado se le hubiera ocurrido decir, 'que no, que no comparezcan los consejeros hasta que no hayamos leído los presupuestos todos'”, ha ejemplificado en referencia a la “celeridad” con la que la Junta de Andalucía ha enviado el anteproyecto este año para su debate.