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El PSOE andaluz acudirá al Tribunal Constitucional por la convocatoria de la Diputación Permanente del Parlamento durante el estado de alarma

Europa Press

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Los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz van a presentar ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amparo al entender que se han vulnerado sus derechos como representantes públicos, contemplados en el artículo 23.2 de la Carta Magna española, por la convocatoria de la Diputación Permanente de la Cámara andaluza tras una resolución de la Presidencia del Parlamento que ostenta Marta Bosquet (Cs), durante el estado de alarma decretado por el Gobierno central para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus.

Así lo ha anunciado este martes en una rueda de prensa no presencial, celebrada en la sede del PSOE-A en Sevilla, el diputado socialista Juan Pablo Durán, quien ha explicado que la decisión de recurrir en amparo al TC la toma el Grupo Socialista tras conocer el informe que a este respecto había encargado a los servicios jurídicos del partido.

Según ha sostenido Juan Pablo Durán, la activación de la Diputación Permanente “fuera de lo establecido en el Reglamento” del Parlamento, ha llevado aparejada una “suspensión de derechos” de los diputados, que ha “impedido” a aquellos que no forman parte de dicho órgano de la Cámara emitir su voto en la convalidación de decretos aprobados por el Gobierno andaluz, como el denominado de simplificación administrativa, y que ha alcanzado también a su facultad para registrar preguntas escritas de control al Gobierno o solicitudes de información al Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs).

En ese sentido, Durán ha señalado que el Grupo Socialista tiene “pendiente de contestación del Gobierno o de remisión, por parte del Parlamento al Gobierno, de casi 1.500 preguntas escritas y solicitudes de información”.

El que fuera presidente del Parlamento en la pasada legislatura ha indicado que han sido “innumerables” las ocasiones en las que los socialistas han expresado su queja por esta situación, pero “ni la Presidencia del Parlamento, ni los miembros de la mesa de PP-A, Cs y Vox, han escuchado esta solicitud pidiendo que se terminase la suspensión de los derechos de los diputados”.

Decisiones “sin fundamento legal”

Juan Pablo Durán también ha advertido de que, si el TC diera la razón al PSOE-A en este recurso de amparo que van a presentar, “todas las decisiones aprobadas por la Diputación Permanente quedarían sin el fundamento legal, y posiblemente sin efecto”, algo de lo que los socialistas “advertimos en la primera” de las reuniones de dicho órgano, según ha puesto de manifiesto.

Entre las decisiones aprobadas por la Diputación Permanente en este periodo de estado de alarma figura la convalidación del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía, contra algunos de cuyos artículos ha interpuesto el Gobierno central un recurso ante el TC cuya posible admisión a trámite tiene previsto analizar este miércoles el Pleno del alto tribunal.

Después de que el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, se preguntara este lunes en rueda de prensa si el PSOE-A y Adelante Andalucía sabían de antemano el fallo que fuera a adoptar el TC al respecto de dicho recurso, el parlamentario socialista ha replicado que Marín tuvo el “mismo conocimiento” que el PSOE-A de la posible decisión que vaya a adoptar el Constitucional, a través de un medio de comunicación.

Durán ha aludido así a una noticia de la Cadena SER que avanzaba que el TC admitirá a trámite el recurso del Gobierno, y, en todo caso, ha aprovechado para reiterar la “oposición frontal” del PSOE-A a “todo el conjunto” de dicho decreto de la Junta, y contra que el que los socialistas andaluces también han anunciado un recurso de amparo ante el TC de la mano de 50 senadores.

El diputado socialista ha defendido que en las Cortes Generales “no se suspende el poder legislativo” cuando se declaran algunos de los estados recogidos en el artículo 116 de la Constitución --de alarma, de excepción y de sitio--, y, de hecho, “la ley orgánica que regula esos estados establece que, en esos casos, lo más importante es preservar todos los poderes del Estado”, para que los ciudadanos, a través de sus representantes políticos, puedan “controlar al Ejecutivo”, que en esas situaciones asume “mayor poder que el que tiene habitualmente”.

Desde el Grupo Socialista creen que la “vulneración de raíz los derechos de los parlamentarios” por la convocatoria de la Diputación Permanente se ha hecho “de forma consciente” desde la Presidencia del Parlamento, porque se ha demostrado en los últimos días que “a todas luces era posible adoptar otras decisiones distintas” para mantener la actividad de la Cámara durante el estado de alarma.

En ese sentido, ha aludido al acuerdo adoptado la semana pasada en la Mesa del Parlamento para reformar el Reglamento de la Cámara incluyendo la posibilidad de delegar el voto por “razones extraordinarias derivadas de una pandemia” y para reducir así la presencia de diputados en el Pleno durante la crisis sanitaria.

También ha indicado que la convocatoria de la Diputación Permanente “se ha basado en un único argumento”, el de la declaración del estado de alarma y el confinamiento que éste traía aparejado, si bien “hemos asistido en este tiempo a cambios de criterio de la propia Diputación Permanente, que comenzó siendo telemática y luego presencial en unos casos y telemática en otros”.

Según ha insistido el expresidente del Parlamento, “había fórmulas para compatibilizar el trabajo y, sobre todo, la dedicación de los diputados, con la lucha frente a la pandemia en la que estamos todos convocados y a la que todos nos hemos sumado de una forma sincera”.

A preguntas de los periodistas, Durán ha indicado que “desde un primer momento” desde el Grupo Socialista manifestaron “de forma fehaciente” sus “dudas” sobre la convocatoria de la Diputación Permanente, y así se lo trasladaron “por escrito a la Mesa del Parlamento”, si bien no han dado el paso de presentar un recurso de amparo ante el TC hasta disponer de “un informe exhaustivo” de sus servicios jurídicos.