El PSOE de Andalucía va a registrar a finales de abril en el Parlamento la creación de una comisión de investigación sobre los más de 4.600 contratos de emergencia de bienes, servicios y suministros que realizó el Gobierno de Juan Manuel Moreno en 2021 y 2022, amparándose en un procedimiento excepcional que el Ministerio de Sanidad habilitó para que las comunidades hicieran frente a los efectos de la Covid 19.
Era un sistema de contratación de urgencia para un momento en el que el exceso de demanda de material sanitario colapsaba los mercados internacionales, pero también sorteaba los controles habituales en la Administración, al hacerse sin publicidad ni concurrencia competitiva. Entre 2020 y 2022, la Junta firmó 21.668 contratos exprés por valor de 1.600 millones de euros, según datos de la Consejería de Hacienda. La mayoría a cargo del Sistema Andaluz de Salud (SAS), aunque todas las consejerías han usado este procedimiento hasta hace poco.
Los socialistas andaluces han reclamado esos miles expedientes a todas las consejerías y, este jueves, la vicesecretaria general y portavoz de su grupo en la Cámara, Ángeles Férriz, ha anunciado que si “se niegan” a dárselos, impulsarán la citada comisión de investigación. Los de Juan Espadas siguen la estela del caso del hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está siendo investigado por la Fiscalía tras beneficiarse de una comisión, supuestamente por mediar en la adjudicación de un contrato público del Gobierno madrileño con una empresa a la que estaba vinculado.
La iniciativa, en todo caso, prosperará si cuenta con una mayoría parlamentaria que sólo es posible si Vox se deslinda de los socios de Gobierno PP-Ciudadanos y se suma al bloque de izquierdas. El partido ultraderechista, sostén del Ejecutivo de Moreno durante tres años, también ha cuestionado que el sistema de contratación de emergencia se haya prorrogado hasta la actualidad y ha reclamado a la Junta los nombres de los “posibles comisionistas” que hayan intervenido en la adjudicación de contratos exprés a empresas, en una velada alusión al caso del hermano de Díaz Ayuso.
Un escenario en el que toda la oposición en bloque alimente sospechas de fraude contra el Gobierno andaluz y fuerce una comisión de investigación puede precipitar el calendario electoral, justo cuando una parte del PP vuelve a presionar a Moreno para que aproveche el impulso del congreso de este fin de semana en Sevilla, que encumbrará a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia, para disolver el Parlamento justo después y convocar los comicios a mitad de junio.
El runrún del adelanto electoral es una constante, pero la división de criterios en torno al presidente andaluz sigue siendo la misma. Unos a favor de convocar el 12 o el 19 de junio aprovechando el “efecto Feijóo” -el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, ha admitido esta semana que la legislatura “está agotada” y que el adelanto será “técnico”-; y otros advirtiendo de que adelantar en mitad de una guerra y una inflacción que dispara los precios y consume el ahorro de los andaluces es “una locura”.
La advertencia de Hacienda: “uso residual”
Durante el primer Estado de alarma que provocó la pandemia, en marzo de 2020, el Gobierno central autorizó a las comunidades -vía Real Decreto ley- a realizar esos contratos exprés a dedo para adquirir suministros sanitarios con urgencia, en un momento en de especial dificultad para las administraciones a la hora de acceder a EPIS, mascarillas o test de antígenos en unos mercados sobrepasados por la demanda. Durante ese primer año, la Junta de Andalucía formalizó 98.371 contratos, de los cuales 17.444 fueron por el procedimiento de emergencia.
Un año después, ya con la vacunación en marcha y con un escenario de pandemia menos agresivo, el Gobierno derogó aquel decreto ley (mayo de 2021), pero según el PSOE-A, el Gobierno de Moreno siguió “abusando” del sistema de contratación exprés hasta bien entrado 2022. Los socialistas lo denunciaron así en el primer Pleno de marzo y una semana después el Consejo de Gobierno derogó parcialmente la norma andaluza que servía de asidero jurídico a estos contratos a dedo. Según datos de la Consejería de Hacienda, en 2021 la Junta de Andalucía hizo 4.124 contratos a dedo que suman 502,7 millones de euros, más otros 500 que corresponden a 2022. El Servicio Andaluz de Salud acapara el 84% del importe de contratación por este procedimiento, por una suma total de 422 millones de euros el año pasado.
El 18 de junio del año pasado, la Dirección General de Contratación de la Consejería de Hacienda publicó unas instrucciones que hizo llegar al resto de departamentos del Ejecutivo andaluz, sus entidades instrumentales y sus consorcios adscritos advirtiéndoles de que, desde ese momento, “el recurso a la contratación de emergencia” orientado a “hacer frente al Covid-19” debía tener “carácter excepcional y residual”.
En ese escrito, el director general de Contratación de la Junta, Alejandro Torres, autoriza los contratos de emergencia “siempre que la necesidad a satisfacer no pueda cubrirse acudiendo a ninguno de los procedimientos de contratación contemplados en la legislación de contratos o en las normas internas de contratación”. Distintos organismos de la Junta de Andalucía -sobre todo la Consejería de Salud- han seguido utilizando ese procedimiento de contratación exprés después de recibir las instrucciones de Hacienda, como atestiguan las referencias del Consejo de Gobierno desde junio de 2021 hasta la actualidad (la legislación estipula que los contratos por la vía de emergencia, aun siendo menores, deben pasar obligatoriamente por el Consejo de Gobierno para su consideración).
El consejero de Hacienda, Juan Bravo, explicó en el Parlamento que desconocía cuántos de esos 4.124 contratos exprés correspondientes a 2021 han pasado por el Consejo de Gobierno entre el mes de junio, cuando su departamento declara el “carácter excepcional y residual” de los mismos, y marzo de 2022. No obstante, desde su consejería matizan que “fruto de aquella instrucción, el volumen de contratos de emergencia descendió más de la mitad en 2021 respecto al año anterior” y “siempre ha sido directamente proporcional a la presión de la crisis sanitaria”.
Bravo retó al PSOE en la Cámara a “acudir a la Fiscalía” si detectaban alguna irregularidad, pero recordó que su consejería no era la competente para “controlar la regularidad de los expedientes”. “Eso corresponde a la Intervención de la Junta o a la Cámara de Cuentas”, advirtió entonces.
Los socialistas andaluces también se han personado como partido en el caso judicial que investiga a un exasesor del consejero de Salud, Jesús Aguirre, por un presunto fraude en la venta de test de antígenos. Aguirre y el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, están citados como testigos en los juzgados en julio. Férriz ha advertido este jueves de que “si hay un adelanto electoral el 12 de junio” -la fecha con la que se especula en San Telmo es el 19 de junio- “entonces no saldría la Ley de Doñana, ni la Ley de Policías Locales, ni Moreno Bonilla tendría que dar cuenta de justificar el abuso de los contratos exprés, ni el modelo perjudicial de las universidades públicas”.