Parece de cajón que la evaluación de las políticas públicas, para ver primero si son adecuadas a las necesidades y luego si consiguen sus objetivos, está sistematizada desde hace años en una administración como la Junta de Andalucía que mueve más de 30.000 millones de euros por ejercicio. Pero no ha sido hasta hace poco más de un año cuando se ha comenzado a trabajar en la sistematización de esta cultura de control, como reconoce el propio Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), dependiente de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
En el documento elaborado por el IAAP como marco para esta tarea se incluye, como propuesta para culminar con la institucionalización del sistema, una Ley de Evaluación de Políticas Publicas por la que estos planes serían obligatorios, se llevarían a cabo “en determinadas políticas de todas las consejerías” y sus resultados “se vincularían a las asignaciones económicas”. El documento, consultado por eldiario.es/andalucia pone 2019 como límite para esta ley.
Sin embargo, cuando C's la reclamaba en una interpelación en el último pleno del Parlamento de Andalucía, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, replicaba que no hacía falta y que “ya existen mecanismos” para ello. Incluso le afeaba a Julio Díaz que pensara “que la Junta de Andalucía no evalúa las políticas públicas” que lleva a cabo.
De hecho, existen estos mecanismos, pero están prácticamente en fase de estreno. Es más, hace sólo año y medio, el 2 de marzo de 2016, que la presidenta de la Junta de Andalucía, durante una de sus comparecencias anuales para abordar la situación general de la comunidad autónoma, afirmó: “Tenemos que evaluar que los programas que se ponen en marcha den los resultados previstos. Y la Junta de Andalucía puede anunciarles que ya ha comenzado la primera evaluación, concretamente con el apoyo al sector de la TIC empresarial”. Se refería a la estrategia de impulso del sector TIC Andalucía 2020.
En este caso, lógicamente, la evaluación ha sido previa y todavía está pendiente de publicación por parte del IAAP. Fue coordinada por una asesora del IAAP, que contó con un equipo de seis evaluadores con formación y experiencia en esta materia. También se contrató con una empresa especializada la realización de determinados estudios econométricos. En cuanto a sus conclusiones, “se está realizando un informe ejecutivo resumen de todo el proceso y los resultados definitivos se colgarán próximamente en la web del IAPP”, según fuentes de este órgano.
Las mismas fuentes explican que “ha habido algunas experiencias de evaluación ex ante auspiciadas por fondos europeos, pero es la primera vez que la Junta de Andalucía y una unidad directiva deciden hacer de forma explícita, participativa y con metodología basada en datos y evidencias, un ejercicio serio de reflexión global de un plan previo a su implementación para tratar de garantizar, al máximo posible, la viabilidad”. ¿Conseguirá esta estrategia los resultados previstos? Eso habrá que verlo cuando concluya, y si se hace la evaluación a posteriori.
Desde el Gobierno de Andalucía insisten en que, por decreto, el IAAP tiene atribuidas las competencias en la materia y que está “firmemente comprometido” con la tarea de asegurar que sus propuestas legislativas y de políticas públicas son “realistas en sus objetivos, eficaces a la hora de conseguirlos y eficientes tanto en cuanto a costes directos como indirectos, incluidos los sociales y medioambientales”. Dicho compromiso, según insisten en el IAAP pasa por realizar “evaluaciones previas, de ejecución y a posteriori, con métodos transparentes, tanto cuantitativos como cualitativos, de investigación social”.
El diputado de C's Julio Díaz insiste en la necesidad de la “gestación por ley de un sistema de evaluación de políticas públicas que funcione, sea independiente y que cuente con medios y recursos suficientes”. En su interpelación puso el acento en la necesidad de “mejorar el talón de aquiles de este gobierno: la gestión”. Por eso reprocha la respuesta de María Jesús Montero: “El Gobierno de Andalucía parece duro de oído cuando se habla de evaluar las políticas públicas. ¿No quieren saber si lo que están haciendo lo están haciendo bien y si su trabajo resuelve los problemas de verdad?”. En opinión del parlamentario, Andalucía sería “pionera” porque no existe referente en España sobre este asunto.
Se trata, en definitiva, de avanzar para saber si los programas que están gestándose o ya aplicándose han sido formulados de modo lógico y adecuado para lograr sus objetivos, si realmente éstos se producen y cuáles son las auténticas causas del éxito o del fracaso. Con ello “se pretende detectar buenas prácticas y extenderlas y eliminar aquellas que llevan a un callejón sin salida o simplemente son ineficientes”.
En su respuesta, María Jesús Montero le reconoció que la evaluación de las políticas públicas es “una herramienta fundamental para la mejora continua de la administración y para incrementar la transparencia”. Es más, apuntó que potencia la “credibilidad y legitimidad”, mediante la rendición de cuentas y la transparencia.
Desde su departamento apuntan que ya se han organizado ocho grupos de trabajo integrados por 40 empleados públicos para ello. Junto a la citada evaluación de la estrategia para las TIC, ha puesto ejemplos de otras en marcha como para el servicio de ayuda a domicilio y el Plan Estratégico de Patrimonio histórico 2017-2020.
En este sentido, la consejera sostenía el pasado año en una interpelación parecida en el pleno que este modelo de evaluación pretende ser “flexible y abierto” para poder adaptarse a las necesidades de cada política o programa, así como integral y participativo, de modo que tenga en cuenta también a los responsables políticos y a los propios ciudadanos.
El observatorio está congelado
No obstante, si se habla de la opinión de la ciudadanía, llama la atención que el propio Observatorio para la Mejora de los Servicios Públicos se detuvo en 2009. Impulsado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, es una herramienta que permite conocer la opinión y la satisfacción de la ciudadanía sobre la calidad y la modernización de los servicios públicos.
“Tiene una periodicidad anual lo que permite ver además, la evolución de la opinión ciudadana a lo largo del tiempo”, recogen sus principios. Con ese carácter anual “se pretende dar respuesta a lo establecido en el Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el Sistema de Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos. Pero no hay actualizaciones desde ese 2009 que se realizaron 250 encuestas por provincia y 2.000 en el conjunto de Andalucía otorgándose una puntuación media a 5,86 a los servicios públicos.
El caso es que, dado que C's no ha tomado la iniciativa con ninguna proposición de ley en el Parlamento de Andalucía, porque, según argumenta su líder Juan Marín, no hacen propuestas “unilaterales”, sólo le queda que el Gobierno de Susana Díaz cumpla, en caso de aprobarse, la moción que le obligaría a impulsar a esta ley. Norma que, como se ha dicho figura, ya como propuesta en los documentos de la propia Junta de Andalucía.
“El decreto regula aspectos muy específicos y concretos. Eso se hace mejor con un decreto que con una ley. Cuando la administración esté preparada para una ley, la habrá. No hay contradicción. Es una hora de ruta marcada”, replican desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública.