El PSOE andaluz ha lanzado una amplia ofensiva judicial contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno. Los socialistas han denunciando en los tribunales de lo Contencioso Administrativo las contrataciones exprés de la Junta de Andalucía, que ya han servido para cubrir, hasta la fecha, casi 500 puestos de funcionarios interinos y laboral temporal en menos de 24 horas, una celeridad amparada “en el marco de emergencia de salud pública ocasionada por la Covid-19”. El principal partido de la oposición sigue la estela del sindicato CCOO, que ya ha solicitado a los jueces la paralización de estas convocatorias exprés, pero va un paso más allá al barajar también la vía Penal contra la Junta, por “adoptar actuaciones contrarias a la ley a sabiendas de su ilegalidad”.
Las contrataciones exprés del personal interino y laboral temporal de la Junta surgen de un acuerdo con todos los sindicatos representados en la Mesa de Función Pública. Cuando se firma, la razón era contratar de urgencia a sanitarios para luchar contra el avance de los contagios de Covid-19, pero posteriormente salen plazas de otros puestos en la Administración, como ingenieros de minas, archivistas, conservadores de patrimonio o técnicos de pesca, que algunos sindicatos creen “injustificada su contratación de urgencia”. El contencioso del PSOE denuncia la vulneración de los principios constitucionales de “publicidad, capacidad y mérito”, convencido de que este sistema “conduce al enchufismo”, porque “no tiene en cuenta a los opositores ni a las academias que los preparan para un puesto en la Administración”.
Pero también acusan a la Junta de violentar el principio de igualdad de oportunidades, dado que estas convocatorias exprés excluyen a las mujeres embarazadas, al ubicarlas en el colectivo de personas más vulnerables a la pandemia, junto a enfermos graves o con otras dolencias anteriores.
El diputado socialista y ex vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha descrito estas convocatorias como “un escándalo”. “Es posible entrar en la administración por un correo electrónico a través de una página web de la Junta, sin publicidad, sin presentar el currículum, sólo con llegar primero puedes entrar en el cuerpo de funcionarios interinos y laborales, es un escándalo”, ha explicado este lunes. Desde la Consejería de Presidencia y Administración Pública remiten al acuerdo firmado con los sindicatos de Función Pública, que ampara estas contrataciones rápidas, y añade que la lista de colectivos vulnerables, incluidas las mujeres embarazadas, la ha elaborado el Ministerio de Sanidad, no la Junta.
El pasado 19 de junio, con la evidencia científica que se disponía entonces, el departamento de Salvador Illa definió como grupos vulnerables para la Covid-19 a las personas “con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años”. La recomendación del Ministerio es que estas personas no se incorporen a su puesto de trabajo.
Jiménez Barrios sostiene que “algunos de los sindicatos que firmaron el acuerdo de Función Pública se sienten engañados y han acudido a los tribunales”. UGT ha mostrado públicamente su disconformidad con la aplicación posterior de ese acuerdo y CCOO ha acudido a los juzgados de lo Contencioso. CSIF está estudiando caso a caso, pero por ahora no se ha mostrado tan beligerante como el resto. “Tendría explicación al principio, para contratar a sanitarios, pero ahora es una vía al nepotismo. Están colonizando la Administración pública, y con el contencioso que hemos presentando, tendrán la obligación de presentar todo el expediente de contratación”, insiste el diputado del PSOE.
Fuentes consultadas por Presidencia admiten que en la Administración andaluza, y en sus empresas del sector instrumental, hay empleados públicos catalogados de “vulnerables”, también embarazadas, que continúan en sus puestos gracias a un acuerdo con los sindicatos para que estas personas puedan teletrabajar gran parte de su jornada. En junio, el Gobierno andaluz firmó un acuerdo con CSIF y UGT (CCOO se desmarcó) en la mesa de negociación del personal público para que aquellos funcionarios, interinos o laborales “especialmente sensibles por estar incluidos en algunos de los grupos vulnerables” descritos por el Ministerio de Sanidad, “no se incorporarán al trabajo presencial hasta que se valore su situación y continuarán con el teletrabajo”. Dicho acuerdo está vigente hasta el 15 de septiembre.
Este periódico ha preguntado insistentemente cuántos empleados públicos vulnerables están teletrabajando en la actualidad, pero la Junta ha rehusado proporcionar esos datos. Lo que sí aclaran es que las contrataciones exprés sirven para ocupar puestos temporales -hasta el 31 de diciembre- y que se exige “carácter presencial ya que o bien muchos procedimientos administrativos que deberán desempeñar no están telematizados o así lo requiere el desarrollo de la actividad”.
El acuerdo con los sindicatos de la Función Pública no se limita a las contrataciones en el ámbito sanitario, sino que incluye un apartado para “reactivar la actividad administrativa y agilizar procesos con motivo de la crisis económica asociada a la pandemia”. En este epígrafe entrarían los puestos que el PSOE y CCOO ponen en duda. Se trataría de un plan de choque para reclutar mil empleos temporales de seis meses de duración en varias categorías y cuerpos para reforzar las 11 consejerías en todas las provincias.
El Decreto-Ley 6/2020, aprobado el 30 de marzo, modificó una norma previa para facilitar este tipo de procedimiento urgente, siempre que se hayan agotado la bolsa única y las bolsas de las distintas especialidades. Según el Decreto-Ley, el plazo de presentación “nunca excederá de veinticuatro horas” y una vez transcurrido se seleccionará a las “personas más idóneas para el desempeño de los puestos convocados”. En este caso, el criterio para determinar qué candidato es más idóneo ha sido la rapidez en presentar la solicitud. El procedimiento también tiene la particularidad de que los nombramientos y las contrataciones no están sujetos a la fiscalización previa de la Intervención General.
Estas convocatorias de emergencia también se amparan en la Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Cuando se aplica, se suspende la regulación habitual de estos procedimientos de selección, siempre que se trate de nombramientos de interinos y personal laboral temporal “de emergencia para hacer frente al COVID-19”. Se trata de establecer un proceso para cubrir “las necesidades de efectivos que sean precisas para la prestación de los servicios esenciales”. A los candidatos seleccionados se les llama por teléfono y, si no cogen la llamada, se pasa al siguiente. Lo mismo pasa si no responde a la oferta en ese momento.
Junto al contencioso anunciado este lunes, el PSOE andaluz también denunciará ante el Consejo de Transparencia que la Junta no hace públicas las decisiones de los Consejos de Gobierno a los tres días de su celebración, como establece la normativa. Jiménez Barrios ha tildado al Ejecutivo de Moreno como el “más opaco y menos transparente de la historia”.