El PSOE de Juan Espadas ha abierto una brecha de corrosión al, hasta hoy, invulnerable Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno, mayoría absoluta y 15 puntos por encima en intención de voto en el último sondeo publicado.
Los socialistas han aprovechado las grietas estructurales del Sistema Andaluz de Salud (SAS), acrecentadas por el impacto súbito que provocó la pandemia del Covid en 2020, para denunciar en los tribunales a la Junta por surfear esa crisis “saltándose la ley” y beneficiando al poderoso conglomerado de la sanidad privada con casi 300 millones de euros en adjudicaciones a dedo, sin publicidad, ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa.
El equipo de Espadas había cocinado su estrategia a fuego lento, pero al hacerse pública esta semana su querella en los tribunales, ya nadie duda de que han trazado una hoja de ruta dirigida a destapar otro caso ERE en el Ejecutivo de Moreno: un supuesto escándalo en los contratos a dedo que otorgó el SAS durante cuatro años, los dos últimos sin aparente cobertura legal, y con una “evidente lesión al caudal público andaluz”.
El epicentro del fraude de ayudas sociolaborales repartidas por el Gobierno socialista durante una década, conocido como caso ERE, es un procedimiento de pago “arbitrario e irregular”, que terminó usándose para otros otros fines, como beneficiar a familiares y allegados al PSOE, gastarlo en fiestas y en cocaína. La causa contribuyó a expulsar a los socialistas del poder tras 37 años ininterrumpidos.
Tras seis años de gobiernos de Moreno, sirva esta frase de la querella que investiga la Fiscalía Anticorrupción,para seguir el camino de baldosas amarillas emprendido por el PSOE hacia otro caso ERE: “Una conducta mantenida en el tiempo, en todo el ámbito geográfico, que movilizó cientos de millones de euros de recursos presupuestarios durante al menos tres ejercicios, obviamente no pudo ser decidida ni sostenida en solitario por los Directores Gerentes del Servicio Andaluz de Empleo. Es evidente que altísimas instancias del Gobierno andaluz habrían tenido, presuntamente, el necesario conocimiento expreso y prestado la obvia aquiescencia que integraría la autoría o una coparticipación como colaboración necesaria”.
Los socialistas llevan más de un año trabajando en esta línea de ataque, dentro y fuera del Parlamento, mientras crecía la conflictividad social en las calles por el colapso en la Atención Primaria y el abultado número de pacientes en lista de espera, que roza los dos millones, si se contabilizan los que aguardan para una operación, para la cita con el especialista y para una prueba diagnóstica. La última cifra oficial, facilitada por el Ministerio de Sanidad, es de 200.000 andaluces aguardando para operarse, con la segunda demoria media más alta del país (169 días).
Los sindicatos médicos se movilizan, la gente protesta y el PSOE recaba una montaña de expedientes del SAS que la Ley de Transparencia ha obligado a la Junta a hacer públicos: antes de 2015, las administraciones no tenían la obligación de colgar en su web los contratos menores, por ejemplo. Espadas y su círculo de confianza han depositado todas las expectativas en la querella criminal contra el Gobierno andaluz para quebrar la verticalidad de Moreno antes de las elecciones de 2026.
El umbral que han puesto es tan alto, que si finalmente el juez y el fiscal terminan por archivar la causa tras las primeras pesquisas, el nivel de fracaso será proporcional a las altas expectativas creadas. Es el riesgo que asumieron al poner un pie en los tribunales, pero el PSOE ha gobernado el SAS durante más de 30 años, y son sus propios técnicos y profesionales quienes están convencidos de que la contratación a dedo de la actual Administración está “infectada”. Si el juez de instrucción cierra esta puerta y archiva la investigación, volverán a intentarlo en una instancia superior, ante la Audiencia Provincial, aseguran fuentes del partido.
El PSOE registró una denuncia en el juzgado el 20 de junio sin hacerlo público, fintando las preguntas de los periodistas, y lo anunció cuatro meses después, en octubre, el mismo día que el juez de instrucción número 13 de Sevilla ordenó la apertura de diligencias.
Luego se ha personado como acusación popular y transformó la denuncia original en una querella criminal que atribuye a dos ex altos cargos de la Consejería de Salud delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y organización criminal, pero que extiende la sombra de sospecha hasta las puertas del despacho del presidente de la Junta.
“Parece lo evidente que no sea posible mantener vivo durante dos años y medio un sistema paralelo de contratación pública a dedo, por más de 240 millones de euros, sin el pleno conocimiento, consentimiento y aquiescencia de las más altas instancias del Gobierno de la Junta de Andalucía”, reza la querella.
Espadas pretendía mantener esta estrategia a salvo del foco mediático, primero para generar ansiedad y nerviosismo en sus rivales del PP que, hasta que la Junta no se persone en la causa, carece de información relevante sobre la investigación en curso. Es una situación incómoda que ya vivió el PSOE con la instrucción de los ERE, donde el PP estuvo desde el principio como acusación particular, y que hizo mucho daño al Ejecutivo socialista por permanecer ciego y atado de manos ante cada auto que publicitaban los populares, hasta que finalmente decidió entrar como parte perjudicada.
Hasta que lo hizo, la tesis que defendió públicamente fue la de señalar a “cuatro golfos” en la Junta como responsables de las irregularidades, ninguneando así la trascendencia de lo que el PP llamaba ya “escándalo”.
La segunda razón de estos silencios prolongados tiene que ver con cierto prurito institucional que se le atribuye a Espadas, exconsejero y exalcalde de Sevilla, y a un cierto miedo escénico ante la imprevisible reacción de la judicatura. Al líder socialista y jefe de la oposición en Andalucía se le ha reprochado que no atacara a Moreno con el caso judicial de los contratos a dedo en la última sesión de control en el Parlamento, 24 horas después de que Anticorrupción se hiciera cargo de la investigación.
En el PSOE no querían dejarle la réplica al presidente, que disfruta de un altavoz mediático mucho más potente del que tiene el jefe de la oposición. Pero, sobre todo, tampoco están convencidos de que sea bueno que el promotor de la querella criminal ya en curso en un juzgado de Sevilla empiece a sobreactuar ante los medios de comunicación en una fase tan temprana de la instrucción.
Entre los socialistas, existe el temor de que el juez que va a pilotar esta investigación tenga la sensación de que se instrumentaliza políticamente una causa que su partido cree haber montado con pruebas sólidas, asesoramiento legal, documentos oficiales, fechas, números, expedientes e informes internos extraídos del Portal de Transparencia. También están los que piensan que el PSOE, sin tantos lazos con la judicatura como tiene el PP, “no puede replicar la estrategia política sobre el caso ERE que dirigió Juan Ignacio Zoido [ex líder del PP-A] y Antonio Sanz [actual consejero de la Presidencia de Moreno]”.
“Nosotros no tenemos a una jueza Alaya”, dice un veterano diputado del PSOE-A, que recuerda bien cómo la magistrada que instruyó el caso ERE hizo coincidir momentos clave de su investigación con campañas electorales, o cuando citó como “preimputados” a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán durante la toma de posesión del Gobierno de Susana Díaz, en 2013.
Por ahora, la gravedad de los hechos no está en las afirmaciones de Espadas, que lleva denunciando este asunto más de un año en el Parlamento ante la indiferencia y el bostezo de los populares. El punto de inflexión, lo que ha virado el interés y la preocupación del Gobierno y del resto de medios que no había prestado interés a este tema, es que un juez ha visto indicios delictivos de prevaricación en la denuncia de los socialistas y ha abierto una investigación, a la que enseguida se ha incorporado la Fiscalía Anticorrupción.
El recorrido que hace la denuncia de los socialistas es, por otro lado, el mismo que ha seguido la investigación periodística que empezó eldiario.es hace un año, cuando publicó el primer expediente de emergencia firmado por el entonces gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, que hoy aparece como el principal responsable de los delitos denunciados.
Un gasto inicial de 70 millones en adjudicaciones a dedo para derivar cientos de pacientes en espera de operarse a clínicas privadas. Ese expediente se prorrogó cuatro veces y se infló con sucesivas adendas de gasto que terminaron por triplicar el presupuesto original, hasta rebasar los 242,7 millones de euros.
Este “sistema paralelo” de las contrataciones a dedo se prolongó de 2021 a mayo de 2023, amparándose en el marco legal excepcional habilitado por el Gobierno en pandemia, cuando ya estaba derogado, y en contra de la orden explícita de la Consejería de Hacienda para que dejaran de usar este procedimiento por norma, y lo limitaran a algo “residual”.
La Junta lo interrumpió 48 horas después de que lo revelase este periódico. “Dicha fulminante actuación supone per se indicio bastante del dominio funcional del hecho por parte del Gobierno andaluz en cuanto al mantenimiento del sistema de contratación presuntamente criminal; responsabilidad que sería tanto por acción como por omisión, pues evidentemente en su mano estuvo haber parado la contratación de emergencia cuando, de manera objetiva, perfectamente constaba, ya que no se daban los presupuestos y circunstancias para su mantenimiento”, advierte la querella que investiga el juez y la Fiscalía.
En el entorno del presidente andaluz hay cierto nerviosismo, porque “cuando un juez abre una investigación, nunca se sabe cómo puede acabar”. En el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, se aferran a los informes jurídicos de la Junta que avalaron las prórrogas de esos contratos a dedo, pese a no contar ya con el marco legal habilitado durante la pandemia.
Son dos informes del Gabinete Jurídico que solicitó expresamentes la dirección del SAS para legitimar unas prórrogas que ya habían empezado a autorizar: uno está fechado el 28 de diciembre de 2021 –días antes de que expirase el expediente de emergencia original, de 70 millones– y el otro es de agosto de 2022, cuando el SAS ya había empezado a firmar las nuevas ampliaciones de gasto, que elevaron el presupuesto total hasta los 242,7 millones.
La Junta no publicó en su Portal de Contratación estas últimas resoluciones con ampliaciones de gasto hasta el 13 de marzo de 2023, horas después de que eldiario.es revelase la noticia. El periódico también hizo público entonces los dos informes del Gabinete Jurídico, que se mencionan en la querella del PSOE, y avalan la contratación de emergencia hasta 2023 porque “seguía vigente” la declaración de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud, y porque la Ley estatal de Contratos del Sector Público amparaba este tipo de contratos, aunque en los expedientes de gasto se mencione el Real Decreto de la pandemia que ya estaba “plenamente derogado”.
Los dos informes distan seis meses entre sí, el primero justifica un momento concreto de la contratación, hasta final de 2021, a partir de la exposición de motivos que hace el SAS para justificar la adjudicación a dedo. Pero en el segundo, los abogados de la Junta responden a un supuesto “genérico”, porque el SAS ya no explica qué ha cambiado en los últimos seis meses, desde el informe anterior.
El primer documento cita a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda: “Se permite extender en el tiempo la eficacia de algunos contratos públicos con el fin de garantizar la continuidad de la prestación a su vencimiento”, como consecuencia de “acontecimientos imprevisibles producidos en el procedimiento de adjudicación”.
Y añade: “queda exenta de culpa la entidad licitadora [en este caso el SAS] cuando el retraso en la adjudicación del nuevo contrato sea producto de acontecimientos imprevisibles”. El Gabinete Jurídico de la Junta señala que “la prórroga no se trata de una prórroga tácita del contrato”, sino de “un supuesto de rehabilitación o mantenimiento ex lege de los efectos del contrato ya extinguido hasta que se formalice la nueva licitación” para “no causar perjuicio al interés público”.
No obstante, el documento concluye con una advertencia: la “duración máxima de la continuidad del contrato de emergencia hasta que comience la ejecución del nuevo contrato” y, en todo caso, nunca más de “nueve meses”. El SAS superó ese plazo de nueve meses, de ahí que el PSOE haya incluido en su denuncia los informes que usa la Junta para protegerse, porque considera que “mintieron a sus servicios jurídicos”.
En agosto de 2022, tras expirar la última prórroga de los contratos a dedo, la Consejería de Salud vuelve a solicitar un segundo aval al Gabinete Jurídico para volver a ampliar el presupuesto a las clínias privadas, pero esta vez ni siquiera introduce un límite temporal ni una exposición de motivos que explique la cuarta prórroga.
En consecuencia, los letrados de la Junta responden a un supuesto en abstracto: “La petición de informe se hace en términos muy generales y por tanto el informe jurídico a emitir por esta asesoría jurídica responderá a este condicionante”, advierte el documento. Esta carta en la manga del Gobierno de Moreno está en manos del juez que investiga los contratos a dedo y será él quien valore la trascendencia que tuvo.
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