El PSOE comenzará en los plenos municipales y provinciales su anunciada campaña frente al recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto de la función social de la vivienda que ha presentado el Gobierno de la Nación. Para ello, ha redactado una moción que los grupos municipales del PSOE, y también los de las diputaciones, elevarán a sus correspondientes plenos exigiendo a Madrid que “dé marcha atrás en un recurso que ataca la autonomía de Andalucía y va contra las personas, porque este decreto pretende que a la cadena de desgracias que supone el desempleo no se le sume también el desahucio”.
Lo ha expresado así el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, quien se ha preguntado por qué se ha esperado hasta el final para recurrir. “Imagino que por el impacto que al principio tuvo el decreto, el PP no se atrevió a ir contra él ni cuestionó su legalidad, sino que ha esperado a las órdenes de la troika”, ha apuntado. En su opinión, “el Gobierno de España es un títere, y este recurso es un reflejo más de su debilidad”. Ha llamado por ello a la implicación en esta batalla de los ayuntamientos y diputaciones “que ya fueron parte esencial en la defensa de la autonomía de Andalucía”.
Por otra parte, ha advertido la posibilidad de que el Gobierno de la Nación vaya contra la ley que consolidará este decreto. “El Parlamento de Andalucía sigue trabajando en el desarrollo de la ley, que pasará por los sucesivos plenos, y nos preguntamos si también va a recurrirla”, ha manifestado. Sí ha puntualizado que precisamente el desarrollo de la ley “deja al Gobierno de Mariano Rajoy sin uno de sus argumentos para ir contra el decreto, porque en su recurso cuestionaba el rango de la normativa por la que se fijaban estas medidas”.
Cuando pase de decreto a ley, según el socialista, habrá un argumento menos que defender en el TC, si bien ha confiado en que no se produzca este segundo recurso, del que ha dicho que sería “otra agresión más a la autonomía de Andalucía y sus instituciones”. Precisamente, con esta ley se pretende matizar algunos puntos del decreto para consolidar más todavía su legalidad frente a futuros frentes que se le abran, según han puntualizado desde la Consejería de Fomento y Vivienda, que no obstante insiste en que tal y como está la norma es “impecable”.
El decreto 6/2013 de medidas para asegurar la función social de la vivienda, más conocido como decreto antidesahucios, entró en vigor hace dos meses, y fue recurrido la pasada semana, horas antes de que expirara el plazo máximo para ello y tras algunas críticas desde la Comisión Europea sobre sus posibles repercusiones en la estabilidad financiera de España. El TC admitió a trámite el recurso, por lo que la norma queda suspendida hasta que dictamine, lo que puede tardar hasta cinco meses. Esto invalida los 12 desahucios que había evitado en toda Andalucía desde su entrada en vigor a mediados de abril, así como otros seis expedientes que ya se habían iniciado para defender el derecho a la vivienda de otras tantas familias en riesgo de exclusión social.
La ofensiva del PSOE se une a la que ya iniciaron sus socios de gobierno de IUe une a la que ya iniciaron sus socios de gobierno de IU la pasada semanas, con concentraciones en todas las capitales de provincia y con una campaña de recogida de firmas, además de la petición de una moratoria a la banca hasta que se pronuncie el TC, para defender una norma que se ha convertido en seña de identidad de la legislatura en su apuesta por otras fórmulas para solucionar los principales problemas de la crisis.