El PSOE andaluz registró este miércoles en el Parlamento la solicitud de información a todas las consejerías del Gobierno de Juan Manuel Moreno sobre los contratos de emergencia realizados durante el año 2021 y los primeros meses de 2022. La contratación extraordinaria habilitada por el Gobierno central a las comunidades durante el primer Estado de alarma por la pandemia permitió a las administraciones adquirir obras, suministros y servicios a dedo, sin pasar por los requisitos de concurrencia competitiva y transparencia habituales, dada la escasez que había entonces en los mercados, sobre todo de material sanitario.
La Junta de Andalucía ha prorrogado ese sistema de contratación exprés hasta el pasado martes, cuando el Consejo de Gobierno derogó el artículo del decreto que regulaba estos contratos a dedo. Seis días antes, el PSOE había citado en el Parlamento al consejero de Hacienda, Juan Bravo, para que explicase por qué esa norma seguía en vigor, por qué la Junta seguía haciendo contrataciones de emergencia en 2022 y para asuntos que, aparentemente, nada tenían que ver con la pandemia. La denuncia de los socialistas se benefició de la sombra de sospecha del caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso, que está siendo investigado por la Fiscalía por haber cobrado una comisión a cambio de su supuesto intermediación de un contrato del Gobierno de Madrid con una empresa con la que estaba vinculado.
La información que ha pedido este miércoles el PSOE a las consejerías está publicada ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y en el Portal de Transparencia, pero los socialistas han querido escenificar este movimiento para poner el foco de la sospecha sobre el Ejecutivo de Moreno. Buscan “aprovechamiento ilícito” semejante al que apunta hacia el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Durante el debate parlamentario de la semana pasada, el consejero Bravo anticipó que no encontrarían nada, pero tampoco puso la mano en el fuego por todas las consejerías porque, dijo, “mi departamento no tiene competencias para fiscalizar el uso del dinero público, eso lo hace la Intervención general de la Junta y la Cámara de Cuentas a posteriori”. “Si encuentran algo, vayan a la Fiscalía”, remató Bravo.
La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha atribuido este miércoles a la “voz de alarma” que su grupo lanzó la semana pasada acerca de las contrataciones de emergencia realizadas “a dedo” por la Junta “con la excusa” de la pandemia de coronavirus el que el Consejo de Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs) acordase este pasado martes la derogación parcial del decreto del 16 de marzo de 2020 que afectaba a la regulación de dicha forma de contratar.
“Los hemos pillado”, ha afirmado al respecto la portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha aseverado que “sólo por la denuncia del PSOE han derogado” desde la Junta “la normativa de este tipo de contratación”, lo que, según ha continuado, supone “una declaración de culpabilidad en toda regla”.
“El hecho de que hayan tardado menos de una semana” en aprobar esa derogación respecto a la “voz de alarma” y al anuncio de inicio de investigación que el pasado miércoles realizó el portavoz del PSOE-A en la comisión de Presidencia del Parlamento, Mario Jiménez, “evidencia”, en palabras de Ángeles Férriz, “que los hemos pillado y han corrido a derogar algo que no estaban haciendo bien”, porque desde la Junta “estaban haciendo contrataciones fraudulentas, y nuestra denuncia los ha paralizado”.
La portavoz socialista ha remarcado además que el Gobierno andaluz ha realizado dicha derogación “de tapadillo”, porque aunque iba incluida en el orden del día de la sesión del Consejo de Gobierno de este martes, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, no la mencionó en la rueda de prensa posterior, sino que se refirió a ella “a preguntas de los periodistas”, según ha puesto de relieve.
Férriz ha defendido que el procedimiento de contratación de emergencia tenía “sentido” en marzo de 2020, al inicio del estado de alarma decretado por el Gobierno central, ante la situación “extraordinaria” en la que se encontraban los mercados, pero después de que decayera dicho estado de alarma, en junio de 2020, un gobierno como el andaluz, “con dos presupuestos aprobados”, tenía “perfectamente normalizado el procedimiento de contratación de las cuestiones más urgentes”.
En esa línea, ha defendido que desde el momento en el que el Gobierno de España anunció que iba a “derogar su propia normativa, no tiene sentido que en Andalucía se haga contratación de emergencia”, según ha incidido la portavoz socialista, que ha subrayado que se continuó con ese mecanismo sin tener “nada que ver con la incidencia de la pandemia”, y pese a estar ya las condiciones del mercado “normalizadas”, y al respecto ha citado el caso, a modo de ejemplo, de la contratación por esa vía, por parte de la Consejería de Hacienda, del servicio de limpieza de las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) de Córdoba “en junio de 2021”, cuando “ya no había ningún motivo para utilizar este procedimiento arbitrario, injustificado”.
“La pregunta es para qué, por qué y para quién son esos contratos”, según ha manifestado la también vicesecretaria general del PSOE-A, quien en esa línea ha señalado que han sido “contratos a dedo de manera interesada para burlar los procedimientos que garantizan la igualdad y concurrencia, que son principios que recoge la Ley de Contratos del Sector Público y la propia Constitución”.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA JUNTA
Tras advertir del “riesgo enorme” de que al hilo de este mecanismo de contratación pudiera producirse un “mal uso de los fondos públicos” o el “aprovechamiento ilícito por parte de alguien”, Ángeles Férriz ha anunciado que el Grupo Socialista “no se va a quedar ahí”, porque quiere “conocer todos y cada uno de los contratos, porque nos tememos que detrás de ese procedimiento de contratación a dedo hay unos beneficiarios ventajosos que vamos a investigar”.
Por eso, según ha detallado, el Grupo Socialista ha registrado este miércoles en el Parlamento “solicitudes de información” para “todas y cada una de las consejerías” pidiendo “la relación y copia de todos los contratos de emergencia realizados”, y que en la información que se le aporte por parte de la Junta “conste el órgano de contratación, la fecha de contrato, el importe, la justificación y el informe de la emergencia, la forma de pago, la motivación de la urgencia del referido contrato y la persona o entidad adjudicataria”.
Además, el Grupo Socialista ha presentado “una iniciativa fiscalizadora para que la Cámara de Cuentas pueda investigar todos y cada uno de los contratos realizados en 2021 como lo ha hecho en 2020”, según ha anunciado Férriz, que ha destacado que gracias a esa labor de dicha institución saben que por parte de la Junta se realizaron durante 2020 un total de “17.472 contratos de emergencia por un importe global de 979 millones de euros”.
De igual modo, ha señalado que desde el PSOE-A van a tratar de “verificar también que el Consejo de Gobierno ha cumplido con su obligación” a la hora de “convalidar la emergencia de esa contratación”, y que no haya “mirado para otro lado y sea cómplice de esta estrategia de ocultamiento y adjudicación fraudulenta de la contratación de servicios y suministros para la administración pública”.
Tras enfatizar que “no se puede utilizar la excusa de la pandemia para intentar justificar una utilización arbitraria de la administración pública, para hacer contratos a dedo”, ha insistido en que “si el Gobierno andaluz ha corrido para derogar la norma” es porque desde el PSOE-A dieron “la voz de alarma”.
“Si no hubiéramos dado la voz de alarma, hubieran seguido haciéndolo de la misma manera”, ha insistido la portavoz socialista, que ha sostenido que “la contratación a dedo ha existido” por parte de la Junta, y por ella ha habido “empresas beneficiarias”, cuestiones que “gracias al PSOE-A se van a saber”, según ha advertido Ángeles Férriz para concluir.