La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, liderada por Jesús Maeztu, ha incoado de oficio este viernes una queja dirigida al Ayuntamiento de Sevilla sobre “la problemática de necesidad de vivienda” en la capital hispalense, interesando la emisión de un informe a la Gerencia Municipal de Urbanismo y a la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisesa) ya que “no puede permitirse la existencia de viviendas vacías y sin ocupar propiedad de la Administración Municipal”, “dada la situación de necesidad de vivienda de muchas familias sevillanas”.
La queja, suscrita este mismo viernes, indica de modo genérico que “no parece aconsejable el que, si a pesar de las
medidas adoptadas, estas promociones se quedan sin vender, debería de procederse a la adopción de alguna solución para las mismas, si quiera transitoria, que permita su ocupación y uso en régimen de alquiler protegido, o
social, según se considere, por familias necesitadas de viviendas protegidas en la ciudad de Sevilla“, ”y coadyuvar así a solucionar la problemática de vivienda de la ciudad, ofertándose un mayor número de viviendas de estas características para aquellas familias que no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre de alquiler“.
El Defensor comenta en la queja que se siguen recibiendo quejas de la ciudadanía sevillana en las que dan cuenta de la necesidad de acceder a una vivienda digna y adecuada y de las gestiones infructuosas que, en este sentido, han realizado para alcanzar tal finalidad ante el Ayuntamiento de la ciudad. Se trata de, en la mayoría de los casos, de personas con una carencia absoluta de ingresos o que perciben algunos de muy escasa cuantía.
La queja hace referencia a un caso de máxima actualidad como es la ocupación de varias viviendas en Nuevo Amate. En este sentido, y aludiendo a que algunas personas han manifiestado en la Oficina del Defensor que, ante la tesitura de verse viviendo en la calle con sus hijos e hijas, se han visto abocados a ocupar viviendas vacías, tanto de promoción privada como pública, el Defensor pregunta directamente por las “causas a las que se deba el que, a fecha actual, sólo 72 viviendas de las 220 construidas por Emvisesa, en Nuevo Amate, antes Regiones Devastadas, estén ocupadas, así como previsiones que haya respecto a las mismas para su ocupación y uso, procedimiento de adjudicación que vaya a utilizarse y perfil de las personas y familias a las que vayan a ser destinadas”.
“El procedimiento excepcional se ha convertido en el procedimiento ordinario de adjudicación”
La Oficina del Defensor recuerda que cuando solicita informe a Emvisesa, como entidad encargada del Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegidas a través del cual se adjudican las VPO, siempre se les dice que no hay viviendas disponibles para ello siendo además el procedimiento de selección de las personas beneficiarias el de sorteo. Pero que se les añade, no obstante, que las personas necesitadas pueden acceder también a través del procedimiento regulado por los Servicios Sociales del Informe-Baremo para viviendas de segunda ocupación.
“A este respecto, hemos de decir que a pesar de que en la actualidad el acceso a las viviendas protegidas ha de efectuarse a través de los Registros Públicos de Demandantes que han de existir en todos los municipios andaluces, la normativa que regula estos Registros prevé la posibilidad de que se excepcione de la aplicación del Registro, las adjudicaciones de viviendas y alojamientos destinados a atender situaciones en el marco de las prestaciones de los servicios de asistencia y bienestar social, cuando se trate de unidades familiares en riesgo de exclusión social y cuando se justifique su carácter de urgencia por los Servicios Sociales del Ayuntamiento”, señala la queja.
La conclusión a la que llega el Defensor es que “nos encontramos así, con que el procedimiento excepcional previsto para adjudicar vivienda a familias en riesgo de exclusión, en el marco de actuación de los Servicios Sociales, se ha convertido en el procedimiento ordinario de adjudicación, con la circunstancia añadida de que, hasta este año, para estos casos se contaba con las viviendas de promoción pública de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, AVRA, (antigua EPSA), que van quedando vacantes por diversos motivos, cuyo número anualmente es insignificante para atender a todas las personas y familias baremadas y en lista de espera ordenada por puntuación tras la aplicación del baremo, algunas de ellas, desde hace varios años”.
“Ya se está gestando y puede acabar creándose, un alto clima de conflictividad social”, advierte la queja, que repasa la adopción de diversos acuerdos por parte del Ayuntamiento de Sevilla en este año 2013. Por ejemplo, el de 30 de octubre creando una unidad específica en Emvisesa para la gestión del parque público de viviendas sociales y para la atención a las personas en proceso de intervención social que iba a ser transferido a la misma según un acuerdo del Gobierno Local el 20 de septiembre de 2013. “Aún no se ha puesto en marcha, ni este acuerdo se ha hecho efectivo, ya que se encuentra condicionado al traspaso en firme a dicha entidad, de las viviendas de titularidad municipal que formarán parte de dicha unidad, sin que dicha transferencia se haya efectuado”, por lo que el Defensor se interesa por las causas y motivos de la no transferencia.