Víctimas del franquismo han realizado las primeras videoconferencias con el Juzgado Federal Número 1 de Buenos Aires desde la Embajada de Argentina en Madrid. Al otro lado, la jueza María Servini de Cubría les tomaba declaración. A partir de ahora se irán sucediendo los testimonios bajo el marco de la denominada querella argentina, pero el que abrió la veda se hizo tras el más estricto mutismo previo. Sin publicidad, silenciado por miedo a que el Gobierno de España interviniese para evitar las declaraciones por crímenes de lesa humanidad, como en el primer intento hizo el Ministerio de Exteriores.
Desde la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAQUA) se hubiera preferido “dar a conocer este importante acontecimiento con mucho tiempo de antelación”. Se optó por la discreción. “Por no difundirlo ante el temor de que, si se daban a conocer antes de que se realizaran las primeras, el Gobierno español interfiriera como lo hizo en mayo de 2013 para intentar impedirlas”. No se podía correr “el riesgo de una nueva suspensión”.
“Se ha roto la dinámica que había con las videoconferencias”
“Se ha roto la dinámica que había con las videoconferencias”El primer día comparecieron María Mercedes Bueno, de Alumbra (asociación de bebés robados) y Jesús Rodríguez Barrios, torturado por el ex policía Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. El segundo, José Alfonso, Jon Etxabe, Flor de Lis y Julián López. Primeras videoconferencias de lo que se prevé una larga serie que alcance cierta regularidad. La normalización de una causa contra el franquismo que se acoge a la justicia universal desde el 14 de abril de 2010.
Aunque a quien primero tomó declaración la jueza Servini de Cubría fue al coordinador del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA, de CGT), Cecilio Gordillo. “Lo más importante es que se ha roto la dinámica que había con las videoconferencias, que había evitado con anterioridad el Gobierno”, remarca. La intervención de Gordillo versó sobre los campos de concentración y el trabajo esclavo de los presos del fascismo español.
Después, desgrana, “hubo petición de detalles”. Sobre todo en torno a las empresas públicas y privadas, incluida la iglesia católica, “que hicieron fortuna con ese trabajo esclavo”. La jueza argentina solicitó datos concretos del campo de concentración de La Algaba (Sevilla), como la relación nominal y procedencia de las 144 víctimas que allí fallecieron en un periodo de un par de años.
Esto demuestra “el interés en conocer no sólo temas generalistas sino en bajar a la historia más concreta”. Caso de las compañías que usaron trabajadores forzados. “Se ha adjuntado un listado de más de 40 empresas de todo tipo, públicas, privadas y también la iglesia y se le recordó –a la jueza Servini de Cubría– que en ningún caso el Estado español ha reconocido esta situación que estuvo vigente hasta mediados de los años 60”. Para esto, se “invitó” a solicitar el Libro de Actas del Patronato de la Merced, ubicado en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares (Madrid), “donde hay constancia oficial de los acuerdos de traslados de presos, de su cesión” como mano de obra gratuita.
Entre la documentación entregada a las autoridades argentinas está, además del trabajo esclavo, ejemplos de varias exhumaciones de fosas comunes. También del proyecto Todos (…) los nombres, una base de datos para su consulta en internet que aglutina cerca de 80.000 nombres de represaliados por el régimen franquista en Andalucía, Extremadura y norte de África, del que RMHSA-CGT es promotor junto a la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA). En esta comparecencia y en las siguientes, los querellantes están acompañados en la Embajada por Slepoy y Messuti, abogados de la querella argentina, mientras en el país andino es directamente la jueza impulsora de la causa quien atiende la declaración.