Raji Sourani (Gaza, 1953) narra con zozobra la masacre de palestinos de marzo de 2018 durante la Marcha de Regreso, el peor episodio de violación de los derechos humanos en Palestina de los últimos cinco años, cuando fueron asesinados 189, 35 de ellos niños, mientras se manifestaban de forma pacífica. Queda recogido en el informe del Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR), elaborado por un nutrido grupo de trabajadores de campo y abogados que es usado en numerosos casos en los tribunales internacionales, a la vez que sirve para rendir cuentas de la situación sobre el terreno ante la ONU.
Es la primera vez que se ha presentado fuera de Gaza, y ha sido en Sevilla, acompañado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), que hace una década le concedió el Premio de Derechos Humanos de Andalucía por su labor de documentación y denuncia de las violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados.
El propio Raji Sourani ha defendido a muchos palestinos ante los tribunales militares israelíes, y como la mayoría de los varones de su nación, ha pasado por la cárcel. En su caso, en seis ocasiones, porque su vocación incomoda a las fuerzas israelíes pero también a las autoridades palestinas, ya que este informe documenta los abusos de unos y otros, aunque las cifras no son comparables, eso sí. “No estamos para defender a la resistencia ni a ningún partido sino para proteger a los civiles”, aclara. Y es esa independencia la que les ha hecho ganarse enemigos, “pero también el respeto” por su “independencia”.
“Los derechos humanos no pueden ser selectivos ni estar politizados”, prosigue, para recordar que su pueblo se enfrenta a esta realidad tras medio siglo de ocupación, que ha normalizado el apartheid y los crímenes contra la humanidad frente a la indiferencia del resto del mundo. “Los palestinos tenemos que aceptar que somos víctimas. Y encima tenemos que ser víctimas buenas. ¿Por qué nadie nos escucha?”, se pregunta, Raji Sourani , quien fundó el PCHR y ha promovido los derechos humanos en el mundo árabe durante 35 años. Por eso es tajante: “Nuestro deber es no rendirnos”.
Como presidente de la Organización Árabe para los Derechos Humanos, organizó la primera misión de investigación a Libia después de la caída del coronel Muamar Gadafi, y ha entrenado recientemente a abogados, jueces y activistas para la observación y presentación de informes sobre violaciones a los derechos humanos en Siria. El último del PCHR llega cuando se han cumplido 25 años de los Acuerdos de Oslo y la realidad de los palestinos se difumina bajo un Israel que acoge Eurovision y ha recibido la bendición de EEUU para tener como capital Jerusalén saltándose la jurisdicción internacional de la ciudad. Es más, fueron las movilizaciones contra esta provocación en mayo de 2018 las que trajeron en segundo episodio más violento del pasado año, con medio centenar de palestinos más asesinados.
302 asesinados por israelíes
En total, el informe documenta que el pasado año el ejército de Israel y los colonos asesinaron a un total de 302 palestinos. 245 de ellos eran civiles. 57 eran niños. Las fuerzas israelíes, además, detuvieron a 3.369 palestinos, entre ellos 489 niños. Cinco prisioneros murieron en las cárceles israelíes y otro puñado, en los hospitales tras torturas, palizas o falta de cuidados.
En la citada Marcha de Regreso, “una de las violaciones más violentas y sangrientas cometidas por las fuerzas israelíes contra los civiles”, por la que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha iniciado una investigación que previsiblemente [como otras veces] no tendrá consecuencias que disuadan a los ocupantes, no solo hubo muertos, sino 10.066 heridos, “entre los que se cuentan cientos de mutilados, porque los francotiradores disparan a las extremidades con balas hechas a conciencia para terminar en amputaciones de miembros”.
46 asesinados por las autoridades palestinas
Por su parte, las autoridades palestinas, según este informe, acabaron con 46 personas, siete de ellas menores, “por la violación permanente del estado de derecho”. Es esta defensa, de hecho, uno de los empeños de la organización que lidera porque en el deseo de un estado para el pueblo palestino, “cuando llegue”, no quiere “que se parta de cero”. Pero reconoce que es muy difícil: “Parece existir la posibilidad de que se produzca un colapso del sistema político existente. Como palestinos, nos enfrentamos a un futuro sombrío”. Lo dice cuando la ONU ha fijado 2020 como el año en que “Gaza será inhabitable”.
Y es que los derechos humanos en los territorios controlados por las autoridades palestinas se deterioran y la división interna sigue estancada, incluso con una mayor institucionalización de la división en el sistema. “Las violaciones de los derechos humanos continuaron en Gaza, donde se adoptaron nuevas medidas que impiden la libertad de movimiento, expresión, asociación, reunión... Durante 2018, continuaron las citaciones y detenciones contra activistas de Fatah y otros, además de los interrogatorios, la tortura y los tratos inhumanos y degradantes que los acompañaban”, relata.
No son los asesinatos, los heridos y las detenciones sin garantías los únicos crímenes contra este pueblo. En el informe se recogen las consecuencias de la privación del derecho a la libertad de movimiento, la política de limpieza étnica, la campaña contra las organizaciones de derechos humanos, los obstáculos a la labor de las comisiones internacionales de investigación, la construcción del muro de anexión… “Los derechos humanos no son una obligación moral, sino legal”, concluye como un clamor en el desierto.