Sanidad
Andalucía tendrá este sábado la primera gran movilización sanitaria desde que Juan Manuel Moreno Bonilla accedió a la presidencia de la Junta de Andalucía con mayoría absoluta. Las mareas blancas de la región saldrán en cada capital andaluza para protestar por el deterioro del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las consecuencias que está teniendo en la población, especialmente desde la pandemia de la Covid-19. Protestas que siguen el camino marcado por los sanitarios madrileños que salieron en masa el domingo 13 de noviembre contra la gestión en salud del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aunque se lleven preparando desde hace meses, como confirman desde las mareas blancas.
Las mareas blancas andaluzas, englobadas por todo tipo de profesionales sanitarios y asociaciones civiles, llevan desde septiembre preparando un día que pretenden que sea histórico para defender la sanidad en Andalucía. Aunque las movilizaciones se realizan ahora, fuentes de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas matizan que ha habido motivos para manifestarse previamente, pero que la situación epidemiológica no lo ha hecho posible. Ahora, con un escenario frente a la Covid-19 sensiblemente mejor, entienden que es el momento para denunciar en las calles la situación del SAS. Una cita a la que acudirán también los sindicatos de la mesa sectorial UGT y CCOO, aunque no estarán CSIF, SATSE ni el Sindicato Médico por diferentes motivos.
Las protestas de este sábado se pueden resumir en cuatro grandes temas: la falta de plantilla, el progresivo aumento de las derivaciones a la sanidad privada, la fuga de talento joven y la falta de recursos en la atención primaria. Cuatro ejes sobre los que pivota una movilización que en Sevilla arrancará a las once y media de la mañana desde el palacio de San Telmo hasta las Setas, pero que tendrá sus propias acciones en cada capital de provincia de Andalucía. Para las mareas blancas, el actual Gobierno de la Junta “no soluciona el deterioro continuado de la sanidad pública”, por lo que es el momento de luchar por ella.
La falta de plantilla es uno de los principales caballos de batalla no solo de las mareas, sino de los sindicatos de la mesa sectorial. Incluso la propia Consejería de Salud ha tenido que reconocer con varios hechos que no tiene personal suficiente para cubrir vacantes. Con 8,4 millones de habitantes en la comunidad autónoma, según la foto fija del SAS, hay 120.000 profesionales, de los cuales 12.000 son temporales cuya vinculación acaba el 31 de diciembre por haber estado contratados como refuerzos frente a la Covid-19. La voluntad de Salud, aseguran, es ampliar sus contratos, pero las mareas reclaman que se conviertan en personal fijo.
Según las cifras que maneja la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, hacen falta al menos 4.000 nuevos profesionales en atención primaria: 1.200 médicos y médicas de cabecera, 1.800 enfermeras y otros 1.000 de otras categorías. Trabajadores esenciales para aligerar la carga de trabajo de las actuales plantillas y de paso mejorar la demora asistencial. Una cuestión que el propio SAS reconoce habitualmente advirtiendo que tampoco hay perfiles para poder contratar porque o no se aceptan los contratos que se ofrecen o no hay sanitarios en la bolsa de empleo.
Pero no solo faltan profesionales en los centros de salud, sino también en los hospitales. Como en el caso de los ambulatorios, las mareas blancas entienden que Andalucía necesita otros 4.000 efectivos para toda la región que permitan mejorar la asistencia hospitalaria. Serían necesarios 1.500 médicos especialistas, 1.800 enfermeras y unos 700 perfiles de otras categorías. Todo con el objetivo de mantener abiertas las especialidades por la tarde y aligerar las listas de espera. Al respecto, el SAS ha intentado repescar a médicos jubilados y ha mejorado el concepto de continuidad asistencial para que los sanitarios alarguen sus jornadas laborales ante la falta de facultativos in mucho éxito.
También se pide un esfuerzo por aumentar el número de psicólogos clínicos para mejorar la salud mental de la población. En este aspecto, Andalucía suspende con la ratio más baja de estos profesionales de todo el país: apenas 3,5 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Muy lejos de la media europea que sitúa la misma ratio en 18 especialistas en salud mental por el mismo número de ciudadanos. Aunque es el Gobierno central el que acredita las plazas que le corresponden a cada comunidad autónoma para estos sanitarios, lo cierto es que las administraciones regionales pueden pedir un aumento de plazas, tal y como ha hecho Cataluña en los últimos años hasta situarse en niveles de Europa.
Precisamente la falta de plantilla explica en buena medida los problemas que afronta la atención primaria. Considerada como la puerta de entrada a la sanidad pública y un eslabón esencial en el cuidado de la población, tal y como se ha visto durante la pandemia de la Covid-19, la demora asistencial en los centros de salud está colapsando el sistema, denuncian. Aunque la Junta de Andalucía dice que la media de espera está actualmente en 3,72 días, hay ambulatorios en los que esta cifra llega a superar la semana y algunas zonas en las que es imposible conseguir una cita en menos de quince días.
Sobre ello, sindicatos y médicos de cabecera protestan porque los cupos de pacientes a los que han de atender se eternizan. Además de tener que cuidar de la salud de unas 50 personas de forma presencial cada día, a estas hay que sumarles las que llegan por urgencias y las visitas médicas programadas. Un escenario que genera estrés entre los galenos, sobre todo, porque buena parte de ellos están cerca de su jubilación. En ese sentido, los sindicatos advierten de que hace falta aumentar la dotación de estos profesionales porque la demora asistencial podrá seguir empeorando si se van jubilando los médicos de cabecera que actualmente hay.
Las mareas blancas piden que la atención primaria se refuerce para que la demora no supere las 48 horas y los galenos puedan tener 12 minutos para atender a cada paciente y no los 5 minutos con los que cuentan actualmente en el mejor de los casos. Además, solicitan a la Consejería de Salud que refuerce la medicina rural, evitando que las localidades menos pobladas y envejecidas estén desatendidas, mejorando de paso la atención comunitaria preventiva. El SAS puso en marcha en febrero un plan integral para la atención primaria que fue duramente criticado por la mesa sectorial al no ser un plan como tal, sino una recopilación de medidas tan polémicas como las “consultas de acogida” que implican que una enfermera deba cribar la gravedad de un paciente para determinar si debe ser tratado o no por su médico de cabecera.
Con todo, es inevitable que el otro gran eje sobre el que pivoten las protestas sea la pérdida de talento sanitario. Como los contratos que se ofrecen en Andalucía son temporales y los sueldos no están entre los más altos del país -la inversión en sanidad en esta región es la tercera más baja del país solo superada por Madrid y Cataluña-, en los últimos años se está produciendo una fuga de profesionales que acaban sus estudios y se marchan a otras comunidades autónomas o a otros países en busca de mejores perspectivas laborales.
El año pasado, después de que el SAS decidiera no renovar a 8.000 sanitarios de refuerzo Covid-19, se supo que un gran número de facultativos y enfermeros jóvenes se habían marchado sobre todo a hospitales de Cataluña, seducidos por vinculaciones superiores a un año. Mientras, Andalucía no solo les había expulsado del SAS, sino que les ofrecía contratos incluso de semanas. Una realidad que sigue lastrando a la sanidad pública de la región, hasta el punto de que las mareas blancas y los sindicatos exigen a Salud que mejore las retribuciones del personal para evitar que se pierda mano de obra esencial para el futuro de la comunidad autónoma.
El SAS reconoce este problema y trata de ponerle freno, aunque sin demasiado éxito ya que cada vez hay menos profesionales que opten por quedarse en Andalucía, tal y como ellos mismos lamentan. Su nuevo gerente, Diego Vargas, ya se comprometió a estabilizar a los 12.000 temporales que acaban en diciembre, pero lo supeditó a la coyuntura económica de los presupuestos regionales.
Por último, el creciente aumento de la derivación a la sanidad privada es otro de los aspectos que más preocupan a las mareas blancas. Como no hay plantilla suficiente, muchos hospitales comarcales están reduciendo su actividad obligando a que los ciudadanos opten por la sanidad privada. A su vez, los propios recursos del SAS acaban necesitando de esta como complemento, tal y como ocurre en Cádiz y sobre todo en Huelva con las Clínicas Pascual que, mediante convenio con la Junta de Andalucía, hacen las funciones de hospitales públicos ante la falta de infraestructuras.
Al mismo tiempo, la región batió sus propios registros de derivaciones a la sanidad privada en 2021. Se invirtieron más de 200 millones de euros y se derivaron a más de un millón de personas. Cifras que en 2022 parece que se superarán porque en el primer semestre ya se enviaron a los centros concertados a más de medio millón de pacientes. El SAS justifica estas cifras basándose en el colapso asistencial que ha generado en los últimos años la Covid-19, obligando a suspender o postergar operaciones y visitas a los especialistas. No obstante, Salud asegura que en los presupuestos de 2023 se va a producir una reducción del 11,37% del dinero destinado a las derivaciones a la sanidad privada.
Aunque son cuatro los grandes temas que van a llevar a las mareas blancas a las calles, Andalucía tiene más problemas sanitarios que adelantan meses de tensiones entre la mesa sectorial y la Consejería de Salud y no permiten descartar nuevas movilizaciones. Si el éxito de las manifestaciones de este sábado 26 de noviembre cumple con las expectativas, Moreno Bonilla se habrá enfrentado a la primera gran contestación social desde que es el presidente de la Junta de Andalucía con mayoría absoluta.
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