“Recreos mudos, pueblos muertos”: el Defensor Andaluz promueve las escuelas rurales para evitar la despoblación

“Recreos mudos, pueblos muertos”. Bajo esa premisa, el Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu, ha insistido este martes en la importancia de mantener y potenciar los colegios públicos rurales, donde se forman unos 11.500 niños y niñas de nuestra comunidad autónoma. A partir de una investigación propia, con cuestionarios y visitas in situ a las ocho provincias, el informe 'La atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía: retos y propuestas' acredita la calidad educativa que se imparte en los 106 centros, con 346 sedes, pero advierte sobre la necesidad de su continuidad para evitar la despoblación territorial.

El informe ha sido entregado este martes al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y en él se constata, como ha hecho hincapié Maeztu, la existencia de una brecha digital en este ámbito, puesto que ocho de cada diez centros manifiesta dificultades en ese sentido, más patentes durante la pandemia de Covid-19. Asimismo, la institución proponer reflexionar sobre la continuidad de las enseñanzas a la ESO para favorecer el derecho del alumnado a permanecer en su entorno. “El segundo ciclo de la ESO no se imparte en estos colegios rurales, y las familias quieren que sus hijos cursen toda la Secundaria en un mismo sitio. Eso es de cajón”, ha enfatizado Maeztu.

De acuerdo a la investigación del Defensor, el grado de satisfacción de las familias cuyos hijos e hijas estudian en estas escuelas rurales alcanza un 95% entre bueno y muy bueno, una valoración que disminuye al aumentar el número de alumnos. En ese sentido, Maeztu aboga por una reducción de la ratio y, a nivel general, apuesta por fomentar el conocimiento de estos colegios pata “prevenir que las deficiencias en el ámbito educativo sean un elemento más para el abandono de los pueblos, ya que la escuela es una de las razones de permanencia en el territorio”.

Incentivos para profesores y familias

Maeztu ha propuesto, entre otras muchas medidas contenidas en el informe, la reordenación de algunos colegios públicos rurales para su adaptación a la demanda actual y futura, así como una normativa específica que contemple sus peculiaridades, por ejemplo, en cuanto a las medidas para la matriculación (“o se matriculan 15 ó 12 niños exactamente, según si se comparten ciclos o etapas educativas, o no hay aula, sin excepciones”, ejemplifica) y para los servicios educativos complementarios (aula matinal, comedor escolar, transporte escolar y actividades extraescolares), “muy escasos” según se indica en la investigación.

El Defensor, que también propone un plan para evitar la pérdida de unidades y la elaboración de un mapa específico e integral para la identificación de los recursos disponibles, ha lamentado la “heterogénea e irregular distribución” de las aulas. Así, en Granada hay 38 colegios rurales y solamente uno en la provincia de Sevilla. Por otro lado, unos 2.000 profesionales prestan en estas escuelas, para quienes se pide “mejorar la estabilidad” y “estimular su permanencia” en los pueblos mediante “incentivos económicos sostenibles en términos presupuestarios”.

“El conocimiento de la realidad y bondades de la Educación en el mundo rural debe ser difundido como incentivo para que las familias opten por este tipo de enseñanza y su consiguiente traslado a muchas zonas rurales de Andalucía, contribuyendo de ese modo a frenar los procesos de despoblación”, también ha afirmado Jesús Maeztu. Para asegurar esta apuesta por la enseñanza en colegios rurales, el Defensor de la Infancia ha reclamado “la continuidad o, en su caso, la creación en determinadas zonas andaluzas de estos recursos educativos, proporcionándoles todos los medios necesarios para atender sus singulares y específicas necesidades”. Asimismo, el Defensor de la Infancia ha hecho hincapié en la mejora de las condiciones técnicas y ambientales de las instalaciones con la colaboración de la Administración educativa y los ayuntamientos, y ha solicitado medidas de discriminación positiva en materia de TIC para evitar la brecha digital.