El Instituto Nacional de Estadística (INE) volvía a sacar a la luz esta semana una realidad ya conocida: las tasas de pobreza más altas de España están en Andalucía. Con diez municipios andaluces entre los 15 con más paro y 34 de los 50 con menor renta, junto los barrios más pobres del país, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que aprueba este viernes el Gobierno central supondrá para muchas familias un alivio a una situación de pobreza severa, sin duda acrecentada por las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia de COVID-19 que azota el mundo. Pero, ¿cuántas familias de Andalucía podrán beneficiarse de esta nueva ayuda para cubrir sus necesidades básicas?
Para poder ofrecer una cifra aproximada de familias beneficiarias en Andalucía del IMV habría que acudir al porcentaje que representa la población andaluza en pobreza extrema o severa sobre el total de población en pobreza extrema o severa en España. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, tomando como referencia la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018, estima que 217.538 familias residentes en Andalucía (el 25,59% del total de posibles beneficiarios) podrían acceder a la nueva prestación nacional. Madrid (11,62%), Valencia (11,07%) y Catalunya (10,45%) serían las siguientes en cuanto a número de potenciales beneficiarios, a bastante distancia de Andalucía con motivo, como se ha dicho, de los niveles más bajos de renta y más altos de pobreza en la comunidad andaluza.
El IMV, que comenzará a abonarse de oficio en junio en unos 100.000 hogares de España, correrá a cargo de la Seguridad Social y oscilará entre los 461 euros para un adulto que viva solo y 1.015 euros mensuales para una pareja con dos hijos. La medida podría ayudar a 850.000 familias de España que agrupan a unos 2,3 millones de personas, según explicó recientemente en una entrevista con El Periódico de Cataluña el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá.
Según Manuel Fuentes, miembro de la directiva de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, “como el IMV va en función de la renta y los niveles de renta en Andalucía son inferiores, en teoría a Andalucía llegaría una mayor parte”, de acuerdo al “último borrador conocido” y a expensas del documento que apruebe el Consejo de Ministros este viernes.
“Un hito social”
El IMV, según explica Fuentes a este periódico, se establece sobre las condiciones económicas de la persona y su familia, tomándolos en consideración junto con su patrimonio. “En el borrador anterior se tomaba todo el patrimonio familiar y en el último se toma el de la persona solicitante. Antes, en cambio, podrían acceder por sí mismas las personas que viviesen solas mayores de 21 años pero en el último borrador se ha reducido a los mayores de 23”, explica en cuanto a detalles y cuantificaciones del instrumento.
En cualquier caso su valoración es “muy positiva” porque lo considera “un hito social tan importante como lo fue la Ley de Dependencia en su momento” y con el cual “un montón de personas felizmente van a poder recibir una prestación económica para un nivel mínimo de subsistencia, que provocará que además que haya que reorientar el trabajo de los servicios sociales porque ya no habrá que cubrir en muchos casos las necesidades básicas de las personas ya que las tendrán garantizadas, centrándonos en nuestro cometido que es su inclusión social”.
La implantación del IMV, que será compatible con otras prestaciones autonómicas (como la Renta Mínima Social de Andalucía) pero no acumulable, obligará a las comunidades autónomas “a redefinir sus prestaciones, teniendo en cuenta que a partir de ahora habrá un mínimo estatal garantizado”, según el Ministerio. “Esperemos que ninguna comunidad autónoma tenga la tentación de suprimir los presupuestos que en estos momentos se dedican a rentas mínimas, porque ese dinero se debe seguir dedicando a servicios sociales porque sigue siendo muy necesario y no debe destinarse a otras cuestiones ajenas. Es una oportunidad para reforzar el sistema público de servicios sociales de Andalucía, no para menguar su financiación”, apunta.
Fuentes también informa de que los ayuntamientos cooperarán con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la gestión del Ingreso Mínimo Vital en la gestión de las solicitudes, traslado de información sobre la variación de las condiciones socio-económicas de la unidad familiar que la reciba, así como la gestión de las medidas de inclusión social que acompañarán al IMV. Como ejemplo de la compensación económica que recibirán los ayuntamientos equivalente al 5% de su gasto en personal destinado a servicios sociales, el Ayuntamiento de Sevilla podría recibir del INSS una aportación cercana a los 800.000 euros, o el Ayuntamiento de Málaga en torno a los 700.000 euros.
Privación Material Severa
La denominada 'pobreza severa' afecta a hogares cuyos ingresos están por debajo del 40% de la renta mediana, la medida usada habitualmente por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. Según el VIII Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, la renta mediana representa mejor el punto central de la distribución que la renta media, porque la distribución de la renta suele caracterizarse por ser asimétrica, con unos valores muy elevados en los grupos de rentas altas, lo que se manifiesta en la obtención de elevados valores medios.
Pese a que el Ministerio aún no ofrece datos territorializados del IMV, el porcentaje de población andaluza en pobreza extrema respecto a la población española se correspondería con el porcentaje de población en Andalucía con acceso a IMV del total de personas con derecho a la nueva ayuda que, de acuerdo a la estimación de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, se sitúa en torno a la cuarta parte del total.
El baremo usado para el IMV queda próximo al umbral de pobreza extrema medido por el 40% de la renta mediana y la participación de Andalucía de ese total puede estimarse por la aproximación que hace dicha asociación, según explican fuentes de Oxfam Intermón en Andalucía, que señalan que en el informe 'La hora de rescatar a las personas' consta el índice estatal de pobreza extrema, de más del 9% entre la población española, un porcentaje muy similar al que apunta la asociación de directoras y gerentes de servicios sociales para explicar el reparto por comunidades autónomas.
Segun la 'Radiografía de la Pobreza en Andalucía 2019', el empobrecimiento de cada vez más población se ve reflejado en la deominada 'Privación Material Severa', es decir, no poder hacer frente al menos a cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a nivel europeo. El crecimiento en el caso de las personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, es especialmente intenso, ya que en el úlitmo años se incrementó a más del doble y llegó al 6,2%, la cifra más alta de la década. Para reflejar la pobreza severa, en este informe se utilizó un umbral equivalente al 30% de la mediana de renta por unidad de consumo, concluyendo que un 38,2% de la población andaluza (doce puntos mas que la media estatal) se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social tomando de referencia la tasa Arope, que mide la pobreza incluyendo no solo los ingresos sino la carencia material o la baja intensidad en el empleo.
Ayudas andaluzas
La Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía, por su parte, defiende que cuando se decretó el estado de alarma puso en marcha unas primeras medidas de agilización de la Renta Mínima de Inserción para resolver favorablemente todas las solicitudes por vía de urgencia y prorrogar automáticamente las que ya estaban concedidas, en virtud del Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo.
Con esa modificación, según fuentes del departamento dirigido por Rocío Ruiz, se ha conseguido en abril “una cifra récord” con 11,3 millones de euros para llegar a 11.400 familas. De esas, más de 5.900 fueron nuevas solicitudes y, dentro de estas, 4.129 fueron por medidas relacionadas con el citado decreto. Posteriormente, el 29 de abril, el Consejo de Gobierno aprobó nuevas medidas como el ingreso mínimo extraordinario, convalidado recientemente en el Parlamento, del que aún no se conocen cifras de balance según fuentes de la Consejería pero que prevé beneficiar a otras 4.200 familias durante cinco meses.
Desde la Plataforma Federal de Afectados por la RMI Andalucía opinan que “la Junta sigue sin dar respuesta a las familias más vulnerables, las que ya venían arrastrando el desempleo y la pobreza mucho antes que si quiera se tuviese conocimiento del COVID-19”. A su juicio, la medida aprobada a finales de abril supone una “nueva modalidad” que, en lugar de cubrir a las familias que la primera medida había dejado fuera, “olvidándose además de aquéllas con hijos mayores de edad o sin hijos al cargo”, “no trae más que más trabas burocráticas, aumento de retrasos y empobrece más aún a las familias pobres”.
Cabe recordar que, como informó recientemente este medio, la Junta concedió en 2019 menos de la mitad de las peticiones de acceso a la Renta Mínima de Inserción. Este periódico informó el año pasado de que la Junta tardaba en resolver estos expedientes cuatro veces más de lo exigido por ley. Fue entonces el Defensor del Pueblo Andaluz el que constataba “carencias estructurales” en su tramitación. Asimismo, desde la puesta en marcha de este medida ha habido voces que han criticado la excesiva burocracia para conseguir esta ayuda. Un solo vistazo a los 10.000 comentarios, muchos de estos días, a una antigua publicación en la web del Defensor del Pueblo Andaluz sobre los “atrasos del salario social” da una idea de que la Renta Mínima no llega en tiempo y forma a muchas familias andaluzas.