Cerca de 50.000 personas (49.876) presentaron en 2019 solicitud para acceder a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, una medida en vigor desde el 1 de enero de 2018 dirigida a las familias con menos recursos La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales concedió entre enero y diciembre del año pasado un total de 19.897 solicitudes, es decir, un 40% (39,89%) del total de peticiones, según un informe de la Dirección General de Servicios Sociales al que ha tenido acceso este periódico.
Este lunes, el Consejo de Gobierno de la Junta autorizó a esta Consejería a acelerar la resolución de expedientes de Renta Mínima de Inserción Social “para dar respuesta inmediata a las situaciones de vulnerabilidad producidas como consecuencia de la evolución del coronavirus en Andalucía”. Así, la Junta asegura que, mientras se mantenga el estado de alarma, procederá a dictar resolución de concesión, dando por cumplidos todos los requisitos y estableciendo la cuantía en función de la composición de la unidad familiar, de todas las solicitudes de urgencia o emergencia social ya presentadas, así como las solicitudes de ampliación de esta prestación. De la medida, según Elías Bendodo, se beneficiarán unas 5.000 familias.
Según el informe, menos de la mitad de las solicitudes presentadas en 2019 se resolvieron favorablemente. Por otro lado, y según el mismo informe, en el año anterior fueron denegadas, archivadas e inadmitidas un total de 22.053 solicitudes. La cifra es inferior a la registrada en 2018 (30.668), si bien en este año hubo muchas más solicitudes (79.539) aunque menos las concesiones (17.891), como entonces informó este medio.
Otro dato que se desprende del informe de la Dirección General de Servicios Sociales, un total de 10.969 solicitudes de 2018 estaban pendientes de resolución, a fecha 25 de febrero de 2020. Este periódico informó el año pasado de que la Junta tardaba en resolver los expedientes de la Renta Mínima de Inserción cuatro veces más de lo exigido por ley. Fue entonces el Defensor del Pueblo Andaluz el que constataba “carencias estructurales” en su tramitación.
Modificación de la normativa
Asimismo, desde la puesta en marcha de este medida ha habido voces que han criticado la excesiva burocracia para conseguir esta ayuda. La Junta, en cualquier caso, afirma que está “trabajando en la modificación de la normativa” que regula la Renta Mínima teniendo como base las conclusiones de la evaluación del primer año de ejecución del Decreto Ley que regula la prestación, realizada en colaboración con la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Andalucía.
Fuentes de la Consejería de Igualdad explicaron a este periódico en su momento que los retrasos en la concesión de la Renta Mínima eran “un problema heredado del Gobierno socialista que aprobó con prisas y sin previsión alguna esta iniciativa sin dotarla de los medios ni recursos suficientes ni planificar tampoco los procedimientos y herramientas necesarias”.
La medida, investida de la naturaleza de derecho subjetivo, nació con la intención de mejorar los requisitos exigidos por la anterior normativa (el Ingreso Mínimo de Solidaridad), ampliar su período de percepción inicial y reforzar la seguridad jurídica mediante garantías conceptuales y procedimentales.