Las comunidades autónomas y el Gobierno central siguen negociando la aplicación interna de la Política Agraria Común (PAC). Un asunto que tendrán que tener resuelto en diciembre. Después del primer acuerdo de julio, para que ningún territorio pierda dinero, ahora hay abiertos 8 grupos de trabajo para elaborar el modelo definitivo. Un sistema basado, según el director general de Producciones y Mercados Agrarios, Carlos Cabanas, en “un compromiso” orientado a “mantener un nivel de apoyo similar en cada comunidad autónoma, en cada territorio y en cada sector”, con una desviación de un 2 por ciento en las subvenciones, al alza o a la baja, que es la “horquilla de diferencia” de una campaña a la siguiente.
La nueva consejera de Agricultura, Elena Víboras, ha retomado la posición andaluza donde la dejó su antecesor: “que Andalucía no pierda ni un céntimo de euro” en la negociación, ha dicho. Sin embargo, ha admitido que en el debate hay “flecos” en los que Junta y Gobierno no coinciden. Así lo ha expresado en unas jornadas, organizadas por la Unión de Pequeños Agricultores, en las que también ha estado Cabanas.
El primer caso es el llamado ‘capping’ o límite a las ayudas. El Gobierno de España ha establecido como techo para la percepción de subvenciones a quienes ingresen más de 300.000 euros por ese concepto, que dejarán de recibirlas. Andalucía quiere que la restricción sea mayor. Propone que a los productores que superen los 150.000 euros en ayudas se les rebaje la subvención a la mitad. Según la consejera, con 150.000 euros de ayuda el agricultor “tiene ingresos suficientes para vivir de la explotación” y no precisa del apoyo público. El remanente de esta limitación, según la Junta, debe destinarse a medidas de desarrollo rural, que permitan impulsar una agricultura “más competitiva y sostenible”.
ASAJA ha evitado pronunciarse sobre este aspecto que otras organizaciones, como UPA y COAG, sí comparten con la administración andaluza. Según COAG, “no hay muchos agricultores profesionales que superen los 150.000 euros de ayudas”, ha indicado Juan Luis Ávila, secretario de COAG en Jaén. Esta organización siempre ha pedido ese tope potenciar la figura el agricultor profesional frente a los especuladores. El Ministerio se limita a recordar que está en fase de negociación. Sin embargo, la COAG critica que se ha excluido a los agricultores de esas comisiones en las que no tenían voto pero sí eran escuchados. Ahora mismo, la decisión depende de las reuniones entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas, sin presencia directa del sector. En el caso de Andalucía, la Consejería y las organizaciones han cerrado una posición conjunta.
La UPA, sin embargo, ha agradecido los contactos periódicos, tanto con el Ministerio como con la Consejería, a la hora de definir una posición sobre el reparto interno de la PAC. Para esta organización, el eje del reparto de las ayudas sigue siendo la definición de comarca agraria. El secretario general de la organización, Agustín Rodríguez, ha insistido en que se garantice “el cálculo de las ayudas sobre el cien por cien del pago individual”. O lo que es lo mismo, que se afine hasta el punto de que no haya trasvase ni entre territorios ni entre cultivos ni entre explotaciones.
A la hora de establecer la comarcalización, el ministerio atenderá a “diferencias entre cada tipo de cultivo, diferencias entre secano y regadío, cultivos permanentes y no permanentes, y pastos”, ha explicado Cabanas. La COAG cree que es necesario que esa definición sea muy específica para que se reconozca el esfuerzo de los productores que han apostado por la modernización y la introducción de regadío. Además, exige la consejera de Agricultura una posición más firme en este terreno.
Otro factor clave para las organizaciones agrarias son los mecanismos de control del mercado. La caída de los precios en los últimos años está asfixiando a los productores. La reforma no contempla otros sistemas de intervención que el almacenamiento privado, en el caso del aceite de oliva, para forzar una subida de precios.
Por eso, la UPA ha vuelto a pedir al Ministerio el desarrollo, en paralelo al modelo de aplicación de la PAC, de la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada recientemente. “No podemos cerrar la reforma sin tener en cuenta al mercado”, ha dicho Agustín Rodríguez, del que depende el 70 por ciento de la renta de los agricultores, a través de la venta.
El otro 30 por ciento procede de las subvenciones europeas. Y eso es lo que habrá de cerrarse antes de diciembre. La posición de la Junta de Andalucía es firme: mantener los 2.000 millones de euros que cada año llegan al campo andaluz procedentes de Bruselas.