Según datos de la Junta de Andalucía, más de 45.000 personas viven en residencias de la tercera edad en la comunidad autónoma, y a 30 de marzo, eran 447 los que habían dado positivo en coronavirus, por lo que la tasa de incidencia -con todas las cautelas que supone la escasa realización de pruebas- ronda ya el 1 por 1.000 en esta población tan vulnerable.
La imposibilidad en muchos casos de seguir la recomendación de separar a los contagiados del resto, por cuestiones de distribución de los espacios, ha obligado a la Junta de Andalucía a crear cuatro residencias provisionales y medicalizadas en las provincias más afectadas -Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla- a las que se trasladarán estos ancianos cuando sea preciso. Se une a esto la contratación por vía de urgencia de 427 personas para reforzar la atención en estas instalaciones, tanto por las bajas de trabajadores que se han contaminado, como por las nuevas exigencias en una situación como la actual.
Paralelamente, son objetivo prioritario en las tareas de desinfección que lleva a cabo el personal de la Unidad Militar de Emegencias (UME), porque la entrada del virus en establecimientos donde se concentra una población tan frágil suele tener consecuencias fatales. Las grietas en el sistema han quedado en evidencia, como en otras muchas esferas, y por ello, pese a que la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Rocío Ruiz, llama a la tranquilidad y expone las medidas que se han ido adoptado, a los afectados no les parece suficiente.
Entre otras cosas porque no se han dado datos de los residentes que han fallecido con la enfermedad, ni tampoco por provincias, ni del personal de los geriátricos que haya podido verse afectado, puesto que en muchos casos están tan expuestos como los sanitarios. De hecho, los familiares de estas personas consideran que todavía hay mucha opacidad en torno a la dimensión del problema en las residencias, lo que unido a que no pueden ir a visitar a sus mayores, genera una situación muy angustiosa.
Falta de transparencia
Lo describe el presidente de la Federación de Organizaciones de Mayores de Andalucía (FOAM), Martín Durán, quien ha dirigido una carta abierta de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, para que se den estos datos, “como lo hace la Región de Murcia”, que es la que más transparencia está mostrando en este sentido.
“No hemos empezado a recabar información por nuestra cuenta porque si bien las privadas la pueden facilitar, en un momento dado, en las públicas hay mucha resistencia. Por eso, se lo hemos pedido a la Junta de Andalucía, para la tranquilidad de las familias, igual que recomendamos que se dispusieran sistemas de videollamadas para que puedan comunicarse con los suyos”, cuenta.
La incomunicación que reina en ocasiones inquieta, y mucho, como ha expresado en un comunicado la Asociación de Familiares de la Residencia Huerta Palacios de Dos Hermanas (Sevilla), después de que se confirmara un positivo en el personal de la misma, pero nada más. “Mientras pasan las horas, crece la desesperación entre los familiares, que no pueden evitar ponerse en lo peor ante el muro de silencio que ha impuesto la Junta de Andalucía y la dirección”, subrayan.
En opinión de Martín Durán, es necesario conocer “los nombres de las residencias y su localización, el número de positivos entre internos y trabajadores, los fallecidos y las cifras de aislados por síntomas pero pendientes de pruebas”. Sin ninguno de estos datos, sí es posible hacer un recorrido más general por las ocho provincias, para dibujar luces y sombras entre la población más vulnerable a la pandemia.
El mapa del virus en los asilos
Granada. La Junta de Andalucía ha tenido que tomar el control de las 47 residencias después de la trágica situación en la del municipio de Cájar, con una docena de fallecidos la pasada semana, en su mayoría con sintomatología compatible con el COVID-19. La Junta de Andalucía, de hecho, confirmó poco después 10 positivos con fallecimiento en este geriátrico, más otros cuatro de un centro de mayores de La Zubia, y otro más en uno de la capital. Tan marcado quedó el episodio de Cájar que este lunes el personal de las dos residencias de Montefrío, otra localidad de Granada, anunciaba una medida drástica: se ha confinado con los internos para evitar ser ellos los que entrando y saliendo puedan “meter el bicho”. Harán turnos de 10 días seguidos, pese a lo duro que les resulta dejar en casa a sus familias.
Cádiz. La segunda situación más dramática en una residencia se ha vivido en el municipio de Alcalá del Valle. Un total de 38 ancianos tuvo que ser trasladado de urgencia a La Línea de la Concepción, donde se ha instalado la primera de las cuatro residencias medicalizadas de Andalucía, después de que enfermera el personal, 20 trabajadores, y quedaran desatendidos los abuelos, igualmente contagiados. Solo en este centro de mayores se registraron en pocos días 58 contagios, tres ya con desenlace fatal. En esta provincia está prevista también la desinfección por la UME en las residencias Matía Calvo, en Cádiz, y Nuestra Señora de la Paz, Novo Sancti Petri y Hogar Nazaret, en Chiclana de la Frontera.
Málaga. En la provincia que es el principal foco del coronavirus en Andalucía, los afectados entre internos de geriátricos son más de la mitad del total, según confirman desde la Consejería de Salud y Familias, por lo que superan los dos centenares. De hecho, el primer fallecido se registró en una residencia en Churriana, a la que luego ha seguido otra muerte de un interno del mismo asilo, donde del centenar que tiene, hay una veintena en aislamiento.
Sevilla. La residencia de ancianos Fundomar puede presumir de tener la persona más mayor curada de coronavirus, Antonio Magdaleno Martínez, a sus 98 años, como publicaba este martes El Mundo, pero también sufre la realidad de que dos tercios de sus 167 internos están contagiados lo que ha obligado a convertirla en la primera medicalizada de Sevilla, independientemente de la residencia que se ha improvisado en un hotel del Aljarafe con el mismo fin. Desde ahora, contará con atención permanente de equipos del hospital Virgen del Rocío por la imposibilidad de trasladar a tantos afectados.
Jaén. El coronavirus ha entrado también en el geriátrico de Linares, que con casi 250 plazas es el mayor de Andalucía, por lo que el estado de alerta es máximo en estas instalaciones. Se ha confirmado un fallecido y media docena de contagiados entre personal y ancianos, si bien están aislados en la séptima planta y no revisten gravedad. La activación del protocolo ha obligado a cambiar a muchos de la habitación en la que llevaban años para evitar más contagios, pero desde la dirección llaman a la tranquilidad porque se han adoptado todas las cautelas.
Huelva. Los primeros positivos fueron notificados desde una residencia de Nerva con más 115 internos, tras lo cual se sometió a una desinfección por parte de la UME, lo que no ha impedido que se hayan notificado luego más casos debido a la celeridad con la que actúa el virus.
Almería. Esta provincia, que junto con Huelva, es menos afectada por la pandemia, la ha visto ya entrar en una residencia de ancianos, concretamente en la de Valleluz de Íllar, con 70 plazas concertadas y donde otros seis internos han dado positivo en las últimas horas, por lo que el porcentaje de afectados supera el 10%.
La Junta de Andalucía realiza una media de 1.000 inspecciones por ejercicio en este tipo de centros. Según datos a los que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, entre 2014 y 2018 fueron 5.099. El número de expedientes sancionadores firmas en este periodo, según la información que a día de hoy consta en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales han sido 20 en el sector de los mayores. Destaca que la mayoría de las sanciones graves y muy graves fueron en las provincias de Sevilla (ocho) y Granada (6).
En dicho periodo, los dos casos más graves fueron en las provincias de Granada y Jaén, en 2014 y 2015, respectivamente. El primero, en Albolote, donde se sancionó a una residencia con sendas multas de 30.000 y 150.000 euros y se ordenó el cierre temporal por incumplimiento de las condiciones mínimas materiales y funcionales con el consiguiente perjuicio y peligro para la integridad física o moral del usuario. En Jabalquinto también se ordenó el cierre, por dos años, de otra residencia y se le impuso una multa de 90.000 euros.
En total, las sanciones han superado el millón de euros en esa veintena de expedientes a lo largo de los cinco años referidos. Junto a las citadas, destacan por su importe dos sanciones de 70.000 euros impuestas a residencias de la provincia de Granada por condiciones higiénico sanitarias y confortabilidad deficientes, falta de personal y creación de nuevos espacios habitables sin autorización previa ni licencia, junto a otra de 30.000, a un asilo de Cádiz por la omisión de la asistencia sanitaria y farmacéutica y falta de aseo e higiene los internos.
El caso es que, la mayoría de las inspecciones se salda con resultado positivo, según los parámetros usados por la Junta de Andalucía actualmente. Basta con ver el último resumen disponible, el de 2018, y los cinco indicadores que se han facilitado:
- Centros en los que las instalaciones, el día de la visita, reúnen unas condiciones higiénicos sanitarias adecuadas: 99,6%.
- Centros en los que el día de la visita el usuario tenía un aspecto adecuado en cuanto a su higiene y aseo personal: 99,8%.
- Centros en los que se dispensa a los usuarios de una alimentación adecuada en cantidad, calidad y adaptadas a sus necesidades: 97,1%.
- Centros que disponen de plan de autoprotección: 100%.
- Centros que el día de la visita incluyen en el menú diario al menos una ración o pieza de fruta y de verduras: 96,2%.