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PERFIL
Rocío Hernández Soto, una médica de atención primaria para reflotar la Consejería de Salud del Gobierno andaluz

La nueva consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández Soto, en una imagen de archivo

elDiarioand

Sevilla —
29 de julio de 2024 18:20 h

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Experiencia en puestos de dirección en el ámbito sanitario y compromiso con la atención primaria. Esos son los dos rasgos de la pediatra sevillana Rocío Hernández Soto en los que se ha fijado el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, para ficharla como nueva consejera de Salud y Consumo.

Esta profesional independiente se incorpora así al Gobierno andaluz con el desafío de reconducir la gestión de un departamento que se ha convertido en el talón de Aquiles de la Junta de Andalucía y en el blanco de las críticas de la oposición y los sindicatos sanitarios.

Hernández Soto desempeña desde marzo de 2019 el cargo de directora-gerente del Distrito Sanitario de Atención Primaria Aljarafe-Sevilla Norte y desde junio de 2022 ostenta también la presidencia de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (SEDAP).

El Gobierno andaluz destaca su “dilatada experiencia en puestos de dirección de salud” y se encomienda a ella para tratar de taponar las constantes protestas por parte de usuarios y profesionales, así como la oleada de dimisiones que se han producido en la Consejería de Salud en lo que va de legislatura.

La nueva consejera de Salud nació en Sevilla y se licenció en Medicina por la Hispalense. Especializada en Pediatría y sus áreas específicas, Hernández Soto acumula años en puestos de dirección de salud, según remarcan desde el Gobierno andaluz, subrayando su papel como presidenta de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria.

Precisamente, el “deterioro de la atención primaria” es uno de los lastres que arrastra la cartera de Salud, hasta ahora dirigida por Catalina García, quien ha sido diana de las críticas más duras de la oposición al Gobierno de Moreno, exigiendo reiteradamente su dimisión en sede parlamentaria por la “nefasta” gestión de las abultadas listas de espera, la falta de sintonía con los sindicatos del sector y los discutidos contratos a dedo con las clínicas privadas para derivar a pacientes que han rebasado el plazo legal para operarse en la sanidad pública.

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