Muchas cosas han pasado desde que el pasado 13 de diciembre se sentaran por primera vez en las sillas de los acusados por el llamado 'procedimiento específico', la primera de las decenas de piezas en las que se divide el caso de los ERE. Nada menos que dos expresidentes andaluces, seis exconsejeros y otros 14 exaltos cargos de la Junta ante un tribunal de justicia. Tantas cosas como argumentos de defensa han expuesto los acusados en interminables interrogatorios, si bien la mayoría de ellos han manifestado que desconocían, en el desempeño de sus funciones, que se estuviera cometiendo algún tipo de irregularidad, delictiva o no.
“Recuerda usted si....” ha sido el arranque de pregunta más recurrente entre la pareja de fiscales anticorrupción, que se han relevado en los interrogatorios según qué acusado. ¿La respuesta más frecuente? “No lo recuerdo, señor fiscal” y sus variedades “lo desconozco” o “no lo sé, puede ser”. Quizás Manuel Chaves, el penúltimo en declarar, le diera una vuelta de tuerca al argumento cuando repitió hasta la saciedad que sabía que la Junta de Andalucía concedía las ayudas pero que “no sabía cómo se daban”.
O no conocían, o no les advirtieron de las irregularidades, o entre sus competencias no estaba la concesión de ayudas, o había normativa (autonómica o estatal) que regulaba las mismas. El tribunal les acaba de dar unas inesperadas 'vacaciones', pero el momento de la verdad de los 22 llegará con la presentación de las conclusiones de cada una de las partes y la posterior y esperada sentencia. Los que peor parados han salido a priori de los interrogatorios, uno por defecto y otro por exceso, han sido el exconsejero de Empleo Antonio Fernández (ocho sesiones) y el exdirector de Trabajo Javier Guerrero, el único que se negó a contestar las preguntas del Ministerio Público. Fernández incluso dejó de declarar al sentir “temor” por las preguntas del presidente del tribunal, en el único momento en que el magistrado Calle se ha mostrado especialmente duro más allá de llamar la atención a los enjuiciados por la solemnidad del acto de juicio.
Fernández, antes, había derivado la responsabilidad en Guerrero, también un clásico en los interrogatorios: era de 'otro' la incumbencia. Esta argumentación se ha dado hasta en el seno de una misma consejería, como el caso de Fernández y Guerrero, normalmente de arriba hacia abajo en la escala jerárquica. También Viera tiró de esa línea de defensa: el trabajo era “de los técnicos” y él no estaba “en el día a día” de cada decisión.
“Nadie me advirtió”
Tantos estos responsables de Empleo como el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías han invocado activamente que la tramitación y concesión de las ayudas que se juzgan venían amparadas por diversa normativa, como la Ley de Hacienda Pública o el Reglamento de Subvenciones de la Junta. La validez o no de las órdenes ministeriales de 1994 y 1995 para ayudas previas a la jubilación y a trabajadores afectados por procesos de reconversión y reestructuración de empresas, esgrimidas por varios acusados por su aplicación de forma “supletoria”, también serán objeto de la sentencia.
“Es un error pensar que la Consejería de Hacienda lo controlaba todo”, dijo la consejera de Hacienda Magdalena Álvarez, poniendo en Empleo la pelota de la posible culpabilidad en la comisión de irregularidades. Ni ella ni Griñán ni Martínez Aguayo, todos ellos responsables de Hacienda en algún momento, no tuvieran constancia de que tuvieran que actuar. Y de ello acusan al exinterventor general, Manuel Gómez, dependiente orgánicamente de ellos pero con total “autonomía”, según han insistido los tres. Gómez reconoce ahora que las ayudas del caso ERE no suponían “ni menoscabo de fondos públicos ni delito”. Las alarmas no saltaron. “Nadie me advirtió”, argumentó también el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo.
La buena fe en el quehacer político también ha sido argumento traido a colación en el juicio. “No se me ocurrió nunca pensar que una ley pudiera ser ilegal” (Aguayo), “la Consejería no estaba para eludir la fiscalización, eso no me entra en la cabeza” (Viera) o “me cuesta creer que intencionadamente se pudiera establecer un procedimiento ilegal o para burlar la ley” (Chaves), han sido algunas de las frases utilizadas en tal sentido.
Así las cosas, durante los próximos meses comparecerán casi 150 testigos y una docena de peritos antes de que se dicte sentencia. Lo que la justicia empieza ahora a determinar es el grado de culpabilidad, si lo hubiera, de cada uno de los acusados respecto a la conclusión a la que se llegó tras siete años de instrucción, esto es, que entre los años 2000 y 2011 “se implantó y mantuvo” desde la Junta un procedimiento particular para “eludir” los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta y disponer partidas presupuestarias destinadas a priori a ayudas sociolaborales y a empresas pero que fueron objeto de un “reparto discrecional o, incluso, arbitrario” que, según concluyó la jueza Mercedes Alaya, generó al PSOE andaluz “réditos políticos y electorales”.