Sanidad
El Gobierno de Juan Manuel Moreno se ha puesto en guardia ante la posibilidad de un “efecto contagio” que arrastre hasta Andalucía la multitudinaria protesta que vivió Madrid el domingo contra el deterioro de la sanidad pública y la gestión del Ejecutivo de su compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso.
Cuatro días antes de la manifestación, miembros de la Junta de Andalucía ya barruntaban, en los pasillos del Parlamento, que la oposición trataría de subirse a la ola del malestar en la comunidad sanitaria madrileña. Así ha sido. 24 horas después de ver a cientos de miles personas clamando contra Ayuso en la capital de España, el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, y la portavoz de la coalición Por Andalucía, Inmaculada Nieto, anunciaban sendas enmiendas a la totalidad al Presupuesto andaluz para 2023, el primero de la legislatura y el más abultado de la historia autonómica gracias a la inyección de fondos europeos.
“El Presupuesto para 2023 es la antesala para que Andalucía tenga la crisis sanitaria que hay en Madrid, y esa es una línea roja para el PSOE”, advirtió el dirigente socialista, tras confirmar que su partido “estará presente” en la manifestación convocada ya por la Marea Blanca andaluza el próximo 26 de noviembre, una protesta programada antes de la manifestación de Madrid del domingo 13.
La incorporación de los socialistas andaluces a la protesta de batas blancas comporta ciertos riesgos, toda vez que sus críticas a la gestión sanitaria de Moreno son contestadas duramente por el PP con una larga factura de reproches por los 37 años de gobiernos socialistas.
En 2017, el PSOE-A presenció, atónito, cómo cientos de miles de ciudadanos se manifestaban en las calles de Granada, Málaga y Huelva. El detonante que hizo saltar las alarmas entonces fue la protesta, pilotada por el médico Jesús Candel (alias Spiriman), contra el proyecto de fusión de dos hospitales de la capital nazarí. Pero el telón de fondo era un sistema sanitario apolillado por los recortes en el gasto público que la Junta acometió tras la crisis financiera de 2008. En el último Gobierno de Susana Díaz hay quien señala aquella marea blanca como el punto de inflexión que terminaría por expulsar a los socialistas del poder tras casi cuatro décadas.
En realidad, lo más significativo de aquellas protestas fue la constatación de que el PSOE-A había perdido el olfato político que, durante años, le sirvió para palpar el sentir general de los andaluces y prevenir con tiempo sobresaltos de este tipo. Al margen del conflicto sanitario, los socialistas venían perdiendo votos a espuertas desde 2012, cuando el PP ganó por primera vez las autonómicas, con 50 diputados, pero lograron conservar el poder formando un gobierno de coalición con IU.
Ahora la mecha de la movilización sanitaria que iniciaron el domingo los profesionales y ciudadanos de Madrid va camino de contagiar a toda España. Después de que cientos de miles de personas se reuniesen en la capital del país para clamar contra lo que llaman el “plan de destrucción” de la atención primaria madrileña, Andalucía también va a salir a la calle para exigir una sanidad pública de calidad. Las mareas blancas serán quienes lleven las pancartas, pero tras ellas está previsto que estén cientos de profesionales y ciudadanos. Además, el sindicato UGT también ha confirmado su presencia y el sindicato de enfermería SATSE está estudiándola. Por su parte, CSIF explica que hará su propia movilización el 23 de noviembre, tal y como lo tenían previsto desde este sindicato, aunque no descartan unirse también a las mareas. CCOO estará en la movilización de Sevilla en principio y Sindicato Médico no se ha pronunciado al respecto de momento.
Porque lo cierto es que el escenario sanitario, aunque no tan grave como el de Madrid, sí está generando enfado entre usuarios y trabajadores. Con un gasto medio por habitante de 1.372 euros en Andalucía, la inversión sitúa a la región andaluza como la tercera peor de España en este sentido. Según los datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, solo Catalunya y Madrid invierten menos por cada ciudadano. Un dato que llena de motivos a los sanitarios para movilizarse y reclamar más recursos que alivien las listas de espera y mejoren la accesibilidad en la atención primaria, muy mermada desde la pandemia, con acceso a citas, en muchos casos, con tiempos de demora no menores a quince días.
Si bien el Ejecutivo regional de Moreno Bonilla ha presentado unos presupuestos autonómicos que califica de “expansivos” y en los que el gasto en sanidad pública aumenta 10,8% hasta alcanzar los 13.837,5 millones de euros, la situación de los hospitales y centros de salud de Andalucía no es idílica. La pandemia de la Covid-19 ha generado un tapón asistencial que está mermando la capacidad para dar servicio de la infraestructura sanitaria, y los sindicatos y profesionales llevan meses advirtiendo de que la situación no mejora.
Por eso, el próximo 26 de noviembre están convocadas manifestaciones en cada provincia andaluza para, tras Madrid, seguir en la ola de la defensa de la sanidad pública. Teresa Almagro, portavoz de la Marea Blanca de Cádiz y miembro de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, matiza no obstante que “no salimos ahora a rebufo, sino que vamos paralelos a la movilización de Madrid”. Almagro explica que desde finales de septiembre se están organizando los actos que se llevarán a cabo en dos semanas en Andalucía.
“Salimos por la defensa de la sanidad pública, con todo lo que conlleva”. Las mareas blancas andaluzas no dudan de que lo que está ocurriendo en la capital de España puede terminar llegando a Andalucía. “Ese modelo madrileño está en una situación extrema, pero que no nos quepa la menor duda de que se va a extrapolar a nuestra tierra”, dice Teresa Almagro. “Va a pasar como con Ayuso, por más que Moreno Bonilla sonría de una forma más bonita”.
Aunque la fecha clave para la movilización será el 26 de noviembre, cada centro territorial decidirá exactamente de qué forma se van a manifestar. Capitales como Sevilla ya tienen perfilado su recorrido con una llamada a los sanitarios para partir desde el Palacio de San Telmo (sede presidencial) hasta el centro histórico a las 11.30 de la mañana.
“Entre la privatización masiva que ejerce el PP y el aumento de muertes evitables, ya eso no es una cuestión de ideología”, denuncia Teresa Almagro. “Hay varios estudios que demuestran con evidencias científicas que eso está ocurriendo”. En ese sentido, las mareas andaluzas también planean una conferencia en Sevilla con el autor de una de esas investigaciones para que explique qué está ocurriendo en la sanidad pública de Andalucía. Es decir, el ruido no se va a quedar solo en las calles, sino que pretenden que sea “transversal”.
En todo caso, la sanidad andaluza se encuentra ahora mismo en una encrucijada tras el cambio en la dirección de la Consejería de Salud. Tras la salida de Jesús Aguirre y la llegada de Catalina García, los últimos meses de fricción del anterior mandato entre la Junta de Andalucía y los sindicatos se han calmado, pero, aseguran, no bajan la guardia. De hecho, sigue en el aire el futuro de los 12.000 contratos de refuerzo Covid-19, que llevan tres años renovando con vinculaciones temporales y que, si nada cambia, seguirán haciéndolo a partir del 31 de diciembre, aunque la mesa sectorial reclama que se conviertan en personal fijo.
Con una población superior a los 8,4 millones de personas, la sanidad pública andaluza cuenta con algo más de 120.000 sanitarios que no llegan, sin embargo, a cubrir el déficit de personal que sufre el Servicio Andaluz de Salud (SAS). De hecho, fuentes oficiales admiten que faltan perfiles en la bolsa de contratación y muchos de ellos acaban marchándose a otras comunidades autónomas o a otros países porque se les ofrecen contratos más largos y mejores sueldos. Sin ir más lejos, Andalucía está teniendo que recurrir a incorporaciones fuera de la bolsa del SAS para poder cubrir vacantes puntuales.
Al mismo tiempo, como no hay plantilla suficiente, los centros de salud de la comunidad autónoma están sufriendo problemas asistenciales. Si bien es cierto que ha habido una leve mejoría en los últimos meses que sitúa la demora para conseguir una cita en 3,72 días, según cifras oficiales, el dato se dispara en algunos ambulatorios. Aquellos en los que la demanda es menor sí se acercan a esos días de espera, pero muchos de los grandes centros de salud acumulan demoras de quince días o no cuentan con espacio en la agenda para los pacientes. Una situación que afecta directamente a enfermeros y médicos de familia. Los primeros, porque han de hacer cribaje de los casos menos graves con las novedosas “consultas de acogida” y los segundos porque no dan abasto con ratios de atención de ciudadanos que pueden superar las 60 personas en una misma mañana.
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