A pesar de la reducción de la inflación en agosto por la caída de los carburantes, el sector del transporte continúa lamentando “la escaladas de precios, tanto de materiales como de combustible”. A solo unos días del arranque de las clases en los colegios andaluces, las empresa han querido dar un último toque de atención a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía antes de que empiece el curso alertando de que su labor se hace “inviable” al estar prorrogados desde 2016 la mayoría de los contratos públicos. “Muchos servicios y rutas de transporte escolar podrían no iniciarse en septiembre o, de comenzar, podrían tener que suspenderse ante la imposibilidad de las empresas de seguir trabajando a pérdidas”, augura Antonio Vázquez, presidente de la Federación de Transportistas de Andalucía (Fedintra), que aglutina al 65% de las empresas de transporte de viajeros por carretera en Andalucía, con 360 compañías, y que forma parte de la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus).
Según su denuncia, las tarifas de esos contratos, prorrogados hasta noviembre de 2022, “no cubren los costes de explotación” ante el encarecimiento de los precios del transporte del 31,5% desde 2016, de acuerdo a sus cálculos. Esa situación, unido al incremento de “un 39%” de los costes de combustible, ha provocado que las empresas estén “al borde la ruina y del colapso de tesorería”. “Los transportistas somos los que estamos sufragando el traslado de los escolares de Andalucía. La situación se ha desquiciado desde marzo con la subida descomunal de los precios”, insiste la federación, que prevé “graves consecuencias” si no se llega a una solución.
El servicio de transporte escolar en Andalucía es gratuito para el alumnado matriculado en enseñanzas de Educación Obligatoria, Segundo Ciclo de Infantil, Bachillerato y Formación Profesional que esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de residencia por inexistencia en la misma de la etapa educativa correspondiente. Alrededor de 1.350 centros educativos y 90.000 estudiantes son receptores del servicio de transporte escolar. En Andalucía son más de 450 empresas las que se dedican a ello, dando empleo a 11.000 trabajadores, con unas 1.500 rutas escolares.
Fedintra, que acusa a la Junta de “falta de sensibilidad” y a cuyos responsables han pedido una reunión “urgente y extraordinaria” para abordar la cuestión, de la que ya advirtieron en julio, se encuentra “a la urgente espera de la revisión de los precios de los contratos de servicio” con la administración pública. El caso es que, según argumentan, las pérdidas que arrastra el transporte obedece a “los fracasos de las licitaciones de 2020 y 2021”, que fueron anuladas por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, con un “desistimiento” de la Agencia Pública Andaluza de Educación. “No se puede seguir trabajando en el inicio del próximo curso escolar con tarifas de 2016”, incide Vázquez.
A estas mismas alturas del año pasado, Fedintra ya alertó de que la Junta sacaba un concurso y un contrato público puente para las rutas escolares para los meses de septiembre a diciembre de 2021, habiendo ya entonces “retrasado” la licitación de un concurso escolar para los próximos años tal y como estaba previsto. Fuentes de Fedintra añaden que el problema reside en las “prórrogas continuas” y en que “no hay licitaciones nuevas”, amén de que “la dinámica de los concursos públicos es que son subastas a la baja” ya que “no se tiene en cuenta nada más que los importes del servicio”.
La Junta alega que, sabedora de la situación, ha hecho “un enorme esfuerzo en las últimas licitaciones del servicio de transporte escolar para adaptar los precios a la evolución de los costes directos e indirectos de la prestación del servicio en los últimos años” y que se traduce en “un aumento del 25% del presupuesto de licitación del transporte escolar”. Esa ampliación del crédito se aprobó el pasado mes de mayo, cuando el Consejo de Gobierno dio su visto bueno al aumento en 154 millones de euros de las anualidades futuras de 2023, 2024 y 2025, pasando de los 71,1 millones de euros/año en el año en curso a 88,9 millones al año en los próximos tres ejercicios. “La nueva licitación está en marcha”, detallan fuentes de la Consejería.
La Consejería para ello tuvo en cuenta, según recuerda la Junta, el coste de la mano de obra directa, la evolución general del IPC y la variación de los precios del combustible, habiendo realizado además “una consulta preliminar al mercado”, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Asimismo, argumenta la Consejería que la Agencia Pública Andaluza de Educación “no tiene competencias para articular un procedimiento de revisión de precios en contratos de servicios que se encuentran en vigor” y que sería el Estado el que “podría poner en marcha este tipo de medidas, como las articuladas con los precios de los materiales de la construcción en las obras públicas.
Desde la administración se argumenta que la ampliación de créditos responde a la necesidad de proceder a la contratación del servicio de transporte escolar en los centros educativos públicos de Andalucía para los tres próximos cursos escolares. Asimismo, la evolución de los costes directos e indirectos de la prestación del servicio en los últimos años obligó ya a “una revisión en profundidad de ese esquema de tarifas, de forma que las nuevas licitaciones cubran esos costes”.
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