El Pleno del Senado aprobó el miércoles por unanimidad, en una imagen insólita, la moción presentada por Unidos Podemos para la transferencia a las autonomías de las competencias en materia de sanidad penitenciaria, según informó el partido en un comunicado. Similar petición se expresaba recientemente, también en Madrid, por parte de organizaciones médicas y de derechos humanos, que solicitan el fin del “precario acceso” a la sanidad dentro de las cárceles.
Con 251 votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra ve la luz una iniciativa, presentada por la senadora andaluza Maribel Mora, que pretende solucionar en parte tanto los problemas sanitarios que padece la población reclusa en nuestro país como los problemas laborales del personal médico que les atiende.
Mora, exresponsable de la Aasociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, comenzó su intervención reconociendo que esta iniciativa no hubiera visto la luz si no hubiera sido por la incansable labor de los colectivos pro derechos humanos y de las organizaciones profesionales de médicos que, desde hace tiempo, vienen reclamando una solución a los problemas que perciben diariamente.
Posteriormente, realizó un simulacro a partir del cual cada uno de los portavoces parlamentarios estaba aquejado de cada una de las enfermedades más comunes en prisión, explicando el complejo entramado burocrático que los reclusos y reclusas españoles han de padecer para recibir el tratamiento sanitario que requieren. De una manera bastante gráfica, le fue posible explicar al resto de senadores y senadoras que en algunos casos los presos y presos tardan año y medio en tener tan solo un diagnóstico para sus patologías, mientras que una persona libre lo recibe en tan solo cuestión de semanas.
En España hay más de 60.000 personas presas que, según el Reglamento Penitenciario, deben recibir una atención sanitaria en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos y ciudadanas. Para ello, en 2003 se aprueba la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que preveía para 2004 la completa integración de la Sanidad Penitenciaria dentro de las competencias sanitarias de todas las autonomías. No obstante, 12 años después, dichas competencias tan solo se han transferido a Catalunya y Euskadi, habiéndose demostrado que el modelo de atención sanitaria en prisiones funciona manifiestamente mejor en dichos territorios. En el resto de comunidades autónomas, no obstante, no existe siquiera un modelo único de funcionamiento, informa Unidos Podemos.
La iniciativa que ha visto la luz con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios supone un punto de partida para corregir una situación que afectaba a los Derechos Humanos (Derecho a la Vida y Derecho a la Salud) de la población reclusa de nuestro país. Se estima que hasta un 40% de los reclusos y reclusas padece algún tipo de trastorno mental y un 8% una enfermedad mental catalogada como grave. Las tasas de VIH y sobre todo de Hepatitis son también alarmantes y multiplican hasta por 10 las del conjunto de la población. Desde Unidos Podemos esperamos que la moción aprobada hoy en el Senado sea un punto de partida para solucionar de una vez por todas, y sin vuelta atrás, esta dramática situación, según Unidos Podemos.