El curso escolar más voluminoso de España -1,79 millones de alumnos y 130.160 docentes profesores- arrancará en Andalucía el próximo 12 de septiembre de la mano de un Gobierno exclusivo del PP. Los populares abanderan una política de enseñanza muy distinta a la que el PSOE ha mantenido en esta comunidad durante casi cuatro décadas.
Esta discrepancia tendrá especial relevancia este curso, porque se estrenan importantes novedades curriculares y metodológicas que devienen de la última ley educativa del Gobierno de Pedro Sánchez. Ley que rechaza el Ejecutivo con mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno, que abrirá las puertas de los 7.193 centros educativos de Andalucía sin haber adaptado aún los nuevos temarios.
El curso académico 2022-2023 es un curso de transición entre dos leyes educativas, la que se ha derogado -LOMCE; del último Gobierno del PP- y la que viene a sustituirla (LOMLOE). Su implantación paulatina se va a solapar con el largo ciclo electoral que comienza con las municipales de mayo y culminará con las generales, lo cual coloca el debate educativo en serio riesgo de politización (más de lo habitual, si cabe).
El Gobierno de Moreno no apostará por la insumisión, la rebeldía o los tribunales para boicotear el nuevo marco legislativo del Ministerio de Educación. No es el estilo de hacer política del presidente andaluz. Pero sí es previsible que la Junta exprima sus competencias autonómicas al máximo para bordear los aspectos de la ley que menos le gustan -por ejemplo, en materia de evaluación-, y que las normas y decretos andaluces vayan acompañados de un alto porcentaje de discurso ideológico a la contra de Sánchez.
Andalucía está entre las siete comunidades gobernadas por los populares que aún no ha adaptado el Real Decreto de enseñanzas mínimas, vigente desde el pasado abril, y que redibuja el currículum escolar en todas las etapas educativas. No ha dado tiempo, alegan desde la Junta, y se hará en los próximos meses, ya con el curso empezado. De modo que los libros de texto de este año son los mismos que los del año pasado, porque sin la adaptación curricular autonómica, las editoriales no han podido rehacer sus manuales.
Esto será un problema relativo. El aprendizaje por competencias que refuerza la LOMLOE sí entra en vigor y obliga al profesorado a cambiar el chip de sus clases (una vez más). Los libros de texto no dejan de ser una guía de programación, no son obligatorios y tampoco tienen por qué convertirse en un mandato del docente.
Es cierto que el diseño curricular del Ministerio de Educación ha llegado muy tarde a las comunidades: se tarda de media seis meses en negociar, redactar y aprobar la adaptación autonómica en forma de decreto, y cuando el marco legal estatal estuvo listo, en la pasada primavera, Andalucía estaba enfrascada en la recta final de una campaña electoral. Las elecciones fueron a mitad de junio y la formación definitiva del Gobierno de Moreno se dilató hasta principios de agosto. El Parlamento se había disuelto y, para más complicación, el titular de la Consejería de Educación falleció poco antes de culminar la legislatura.
Pero también es cierto que el PP ha esgrimido en todas las regiones donde gobierna una reticencia numantina a desarrollar una ley educativa que rechazan abiertamente, cuyos efectos tratarán de amortiguar añadiendo contenidos propios -lo que les permita su margen autonómico- y resignificando los planteamientos más polémicos (el mal uso de los suspensos y las repeticiones de curso).
Al Ministerio le corresponde esbozar el diseño del modelo educativo, pero las competencias de gestión son de las comunidades y Andalucía, con un Estatuto potente, tiene más margen que el resto de territorios gobernados por el PP para acercar ese modelo a sus postulados ideológicos. También lo hacía el Gobierno andaluz del PSOE cuando los populares habitaban la Moncloa, con especial ruido mediático durante el periodo de vigencia de la llamada Ley Wert.
Este curso escolar se estrena el PP en política educativa, porque durante el mandato anterior la consejería estuvo dirigida por Ciudadanos, con el malogrado Javier Imbroda al frente. Los de Marín, desaparecidos hoy del arco parlamentario tras el desastre de las elecciones andaluzas, comparten muchos de los principios ideológicos del PP en materia educativa, pero no todos. Ciudadanos, por ejemplo, frenó en seco el debate del llamado pin parental que Vox había pactado por escrito con Moreno, y que suponía admitir el veto de los padres a ciertos contenidos académicos que recibían sus hijos en la escuela.
Pero aquello era una coyuntura distinta, en la que la formación ultraderechista imponía sus criterios a un Gobierno de coalición que necesitaba sus votos para sacar adelante los Presupuestos Autonómicos y mantener la estabilidad de la legislatura. En líneas generales, las políticas que introdujo Imbroda en las aulas eran coincidentes con el esquema del PP y, en consecuencia, verán su continuidad en este mandato. Así se lo ha trasladado la nueva consejera del ramo, Patricia del Pozo, a los sindicatos que forman parte de la mesa sectorial de la enseñanza pública y concertada, con los que se reunió para una primera toma de contacto el pasado lunes.
Ahora la coyuntura política es otra: el PP tiene en Andalucía, la comunidad más poblada, el control del Parlamento y del Gobierno gracias a una mayoría absoluta que, además, sirve de guía a Alberto Núñez Feijóo en su ruta hacia la Moncloa. El Ejecutivo de Moreno marca el paso de Feijóo -más que el de la madrileña Isabel Díaz Ayuso- porque ya no depende de hipotecas con Vox, y porque la marca personal del andaluz se considera un aval para las próximas citas electorales.
Del Pozo, veterana diputada del PP andaluz, ha cambiado el área de Cultura por el macrodepartamento de Educación -rebautizado como Consejería de Desarrollo Educativo y FP-. Es el segundo con más peso en los Presupuestos andaluces por detrás de Sanidad, debido al elevado volumen de personal docente. Es una cartera de mucha gestión, pero con una potente carga ideológica que los populares han explotado hasta la extenuación mientras eran oposición a los gobiernos del PSOE.
A la nueva consejera le reconocen un espíritu dialogante y de negociación, un aval para fajarse en las interminables reuniones con los sindicatos del gremio docente. En la primera reunión les dijo que se había pasado el verano “estudiando” para entender las reivindicaciones y demandas del colectivo, y enseguida les pidió propuestas para empezar a trabajar. Los tres ejes de trabajo en esta legislatura serán: el impulso de la Formación Profesional, el desarrollo del apoyo y la necesidades educativas especiales y la mejora del rendimiento académico. El término “calidad educativa” va a ser el mantra del Gobierno andaluz del PP, como el concepto “equidad” lo fue durante muchos años para el PSOE.
Del Pozo también ha heredado el juego de cifras y números que con tanta habilidad han usado todos los gobiernos anteriores para ofrecer un retrato optimista, pero engañoso, del sistema educativo andaluz: “Tenemos más profesores y menos alumnos que nunca”. Un hecho cierto, consecuencia del desplome continuado de la natalidad -este curso habrá 15.000 alumnos menos que el año pasado-, pero del que no se pueden extraer las conclusiones que vende la Junta.
El sistema escolar andaluz se ha ensanchado en los últimos años por arriba, esto es, por una mayor oferta en las etapas postobligatorias, que han incorporado 220 ciclos más de FP, tanto en la pública como en la concertada (158.219 plazas, casi 7.000 más que el curso pasado). Es por ahí por donde más ha aumentado la plantilla docente: 4.815 profesores más (4.320 en la red pública y 495 en la concertada). La nueva oferta educativa requiere de nuevos profesores al sistema. Del Pozo ha explicado que esto permitirá mantener la figura del coordinador de Salud en las escuelas -figura creada tras la pandemia de Covid-, reforzar la FP, mejorar el rendimiento académico y reducir el absentismo.
Pero eso no significa que la ratio escolar -el número de alumnos por clase- haya menguado como consecuencia de una política educativa expansiva. No. El Ejecutivo andaluz ha suprimido centenares de unidades en Infantil y Primaria allí donde el impacto del desplome de la natalidad más se ha notado.
Lo han denunciado los sindicatos de profesores, las asociaciones de padres y madres de alumnos, y lo ha admitido y explicado la propia Consejería en sede parlamentaria. Mantener la misma plantilla de profesores en un colegio donde el número de matriculaciones ha caído significativamente es “muy costoso”. Una ratio de 20 alumnos por clase, en lugar de los 25 que estipula la ley, redunda en beneficio de la calidad educativa, porque permite una atención más personalizada por parte del profesor. Pero también supone un sobrecoste notable, sobre todo si se consolida como gasto estructural del sistema educativo, es decir, en el capítulo uno de personal.
La ratio es desigual en el territorio andaluz, no sólo porque el elevado número de escuelas rurales tira hacia abajo la media, sino porque los barrios y colegios con exceso de demanda en las principales urbes no han visto reducida la afluencia de alumnado tanto como las zonas limítrofes. Hay un número significativo de escuelas andaluzas donde el número de estudiantes por profesor sigue rebasando el límite legal -25 por clase en Infantil y Primaria-, un desequilibrio que la Junta no ha querido corregir contratando más docentes.
Sin embargo, este Gobierno es un ferviente defensor del llamado “derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos”, lo que en la práctica implica anteponer la elección de centro de los padres a una planificación que respete el equilibrio entre oferta en los colegios públicos y en los colegios privados concertados, con el consiguiente achicamiento de los primeros y expansión paulatina de los segundos.
Del Pozo ha sido bien recibida por los sindicatos, pese a la susceptibilidad que despierta el decreto vigente para concertar institutos de Bachillerato y FP -otra herencia de Imbroda que se mantiene- o la reticencia a invertir en más plantilla orgánica. Este mes de septiembre se hace efectiva la primera fase del acuerdo de la equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, un acuerdo que el Gobierno de Moreno firmó con los sindicatos unos días antes de disolver el Parlamento y convocar elecciones. Cuando se complete en el curso 24-25, supondrá un incremento retributivo anual de 2.030 euros en el caso del cuerpo de Maestros y demás cuerpos del grupo A2 y de 2.310 euros en el de en el de profesores de Secundaria y resto de cuerpos docentes del grupo A1.
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