La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha aprobado declarar formalmente “en riesgo de no alcanzar el buen estado” a las masas de agua subterráneas La Rocina, Almonte y Marismas, todas ellas en el entorno del Parque Nacional de Doñana, según ha informado en una nota el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) en una nota de prensa.
Con esta declaración de sobreexplotación, cuya tramitación se inició en febrero de 2019, el organismo de cuenca queda obligado a elaborar un programa de actuación para la recuperación de las masas de agua y un plan de extracciones para la explotación racional de los acuíferos con el objetivo de mejorar el estado de estas masas, y proteger y mejorar los ecosistemas asociados.
Este programa, que previsiblemente estará listo en un año, se elaborará contando con la participación de las comunidades de usuarios de las aguas subterráneas, cuya constitución ya está en marcha.
Además, permitirá un mayor control de la gestión del agua, determinará los volúmenes de uso de agua autorizados, que podrán modificarse en momentos de especial afección, como por ejemplo son los períodos de sequía. Asimismo, asegurará que los aprovechamientos se ciñen a los planes existentes y permite adaptar las extracciones a las posibilidades de cada momento. Mientras se tramita el plan, la Confederación puede, en su caso, adoptar medidas cautelares.
Un análisis especial para Doñana
En paralelo a la declaración, el Ministerio trabaja para que Doñana sea objeto de un análisis especial en el tercer ciclo de la Planificación Hidrológica y, de hecho, se ha incluido en el Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI), que en la actualidad se encuentra en fase de consulta pública. Además, fruto de la intensificación de las tareas de control e inspección en todas las confederaciones, en 2019 se han efectuado 97 inspecciones a parcelas, levantado 43 actas y denunciado una superficie de 379,3 hectáreas de riego no autorizado.
Al trabajo de inspección se unen las tareas para ejecutar las decisiones judiciales de cierre de extracciones ilegales. Desde agosto de 2019 se han cerrado 116 pozos sin autorización por ejecución forzosa, entre ellos los 77 pozos de Lucena del Puerto (Huelva) y los cuatro sondeos de Almonte ubicados en la finca de mayor superficie irregular de Doñana.
También en los últimos dos años se han revisado y tramitado más de 400 expedientes en distintas situaciones administrativas, para garantizar la actividad sostenible de los usuarios de Doñana.
Entre ellas, la resolución de las concesiones de Matalagrana y El Condado, otorgadas el mes pasado que, junto a la Comunidad de Regantes de El Fresno, autorizada en 2019, supone la regularización de los derechos de agua de una extensión agrícola de más de 2.100 hectáreas, amparadas por el Plan de la Corona Norte de Doñana de la Junta de Andalucía. Estos derechos han permitido el cierre de 250 pozos, que alcanzarán los 450 una vez finalice la regularización de las 318 hectáreas pendientes de la Comunidad de Regantes El Fresno, actualmente en tramitación.
Asimismo, el organismo de cuenca podría contemplar el recrecimiento del embalse del Agrio, para disminuir las extracciones de aguas subterráneas en el entorno del Guadiamar; la puesta en marcha de la nueva estación depuradora de Matalascañas; y el impulso a la sustitución de los dos sondeos de abastecimiento más cercanos al Parque Nacional en el término municipal de Almonte (Huelva), por otros dos ubicados en una zona más alejada y de menor sensibilidad.
Doñana, camino del “colapso ecológico”
Por su parte, desde WWF consideran la declaración de sobreexplotación del acuífero de Doñana “un avance para combatir el robo del agua en la agricultura”, toda vez que han indicado que esta decisión, reclamada desde hace una década por WWF, “debe ir acompañada de medidas más ambiciosas como la adopción de un plan anual de extracciones del acuífero”.
Según ha remarcado en una nota la organización ecologista, “la medida pone en evidencia que el actual régimen de explotación del acuífero de Doñana es totalmente insostenible y está llevando al colapso ecológico al humedal más importante de Europa”.
Han recordado que este proceso, iniciado en febrero, se abrió tras la decisión de la Comisión Europea (CE) de llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europea por “la inacción para proteger las fuentes de agua de las que depende este espacio natural protegido”.
WWF ha avisado de “esa inacción y la permisividad” del Gobierno y la Junta de Andalucía durante años y considera que esta medida es “un paso necesario para acelerar el urgente cierre de todos los pozos ilegales”. Además, solicita la puesta en marcha de medidas “más ambiciosas” para recuperar el estado crítico de Doñana, como la adopción de un plan anual de extracciones del acuífero o la suspensión de nuevas concesiones de agua subterránea, como contempla la propia Ley de Aguas en su artículo 56.
Con esta decisión se marca “un hito” en el proceso que se inició en 2010, cuando WWF España presentó en la Comisión Europea (CE) una queja en la que se denunciaba la extracción abusiva e insostenible de agua en el entorno de Doñana con destino al cultivo intensivo de frutos rojos.
En el año 2016, la CE abrió un procedimiento de infracción, que terminó en un dictamen motivado, en el que llamó la atención a España sobre el drástico descenso de los niveles de aguas subterráneas y superficiales temporales y el mal estado del agua debido a la contaminación por nitratos procedentes de la agricultura intensiva para la producción de frutos rojos.
“Ya no hay excusa para no actuar. A pesar de las denuncias e informes científicos que alertaban de la gravedad de la situación del acuífero, éste no ha hecho más que empeorar. Esperamos que con esta decisión se tomen medidas urgentes y ambiciosas para recuperar el estado crítico de Doñana y se descarte definitivamente la idea del proyectado trasvase que es insostenible”, explica la responsable del Programa de Agua de WWF, Teresa Gil.
De acuerdo a los nuevos datos ofrecidos por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, analizados por WWF, en 15 de los 16 sectores del acuífero el nivel de agua ha empeorado en 2019 con respecto a 2010. Tan solo el Sector Sur del Arroyo de la Rocina ha mantenido su situación, precisamente donde se encuentra la finca los Mimbrales, comprada por la Confederación, y a la que se le retiraron los cultivos en 2016.
En el resto del acuífero se dan situaciones “muy graves”, por ejemplo, el Sector Sur de Villamanrique ha tenido un descenso sostenido en esta década, acumulando entre dos y siete metros, según la zona, con algunos máximos de hasta de 20 metros de descenso. Mientras, el Sector Norte del Rocío se encuentra en estado de alarma desde 2012 sin que haya recuperado sus niveles de 2010, y el Sector de la Cabecera Sur de la Rocina se encuentra en alerta desde hace una década.
“Durante la última década, los niveles de agua del acuífero han empeorado, pese a que la administración anunció en 2014 el Plan de la Corona Forestal y a que se han abordado dos planes hidrológicos para atajar el problema. Esto demuestra que el actual régimen de explotación del acuífero de Doñana es totalmente insostenible y está llevando al colapso ecológico de Doñana”, ha remarcado el coordinador del Programa de Doñana en WWF, Juan José Carmona.
WWF reclama la aplicación “estricta e inmediata” del Plan de la Corona Forestal, poner en marcha de forma urgente las medidas previstas en la Ley de Aguas para las masas de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado, aprobar y aplicar un plan anual de extracciones del acuífero y el cierre de fincas ilegales.