Una década a trompicones del Plan de la Fresa de Doñana: los invernaderos todavía invaden 300 hectáreas de suelo protegido

A Doñana se le acumulan los aniversarios: si recientemente se cumplía un año del pacto entre los gobiernos central y andaluz que al menos ha traído la paz política al parque nacional, este domingo se soplaban las 30 velas de su declaración por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y ahora toca celebrar la primera década del Plan de la Fresa. Y el balance no es para tirar cohetes, porque muchas de las medidas siguen sin ejecutarse, como demuestra que el propio Gobierno andaluz (que aprobó la norma y es responsable de aplicarla) admite en su balance que todavía hay invernaderos sin permiso para regar en 316 hectáreas de suelo protegido.

El Plan de la Fresa es el nombre popular (y corto) del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, que vio la luz en el BOJA del 16 de diciembre de 2014. En teoría venía a poner orden en el crecimiento descontrolado que se estaba produciendo sobre todo de invernaderos de frutos rojos, consecuencia de una escalada imparable desde que se comprobó lo bien que agarraban estos cultivos en la zona y lo rentables que son. La norma provocó un verdadero incendio social, ya que ponía coto a la expansión y le decía a muchos agricultores que no tenían licencia para regar o que habían invadido zonas forestales.

El plan recogía 55 medidas (de ellas 38 a corto o medio plazo), a las que añadió un programa alternativo con otras 34, de las que 24 se tenían que aplicar en poco tiempo. Hacer se han hecho cosas en esta década, pero a un ritmo que está muy alejado de las necesidades de un parque que no deja de lanzar mensajes de socorro. La organización ecologista WWF, que nació precisamente para proteger Doñana, es la que más pendiente está de monitorizar el Plan de la Fresa y ha hecho su balance: sólo se ha ejecutado al 23%.

El PP señala al PSOE

El Gobierno andaluz no entra en porcentajes, y se limita a decir que “sigue su curso y se está ejecutando conforme a lo previsto”. Eso sí, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, admite que hay un “retraso” que achaca a que “no se dotó de presupuesto hasta 2019, que es cuando se ha empezado a ejecutar realmente”. Es decir, que acusa al PSOE de no hacer nada durante el primer lustro, y que no fue hasta la llegada del PP con Juan Manuel Moreno cuando echó a andar de verdad.

Aunque son muchas las actuaciones que se recogen en el documento, las más importantes –y las que siguen provocando revuelo a día de hoy– son las encaminadas a ordenar los invernaderos. En esta cuestión, el propio informe de seguimiento de la Junta determina que hay ahora 6.434 hectáreas de plásticos, de las que 899 no se ubican en suelos agrícolas regables, es decir, que no tienen permiso para usar agua que extraen de un acuífero agotado. De éstas, 316 hectáreas están en terrenos que tienen la calificación A, “espacios naturales protegidos y zonas forestales colindantes cuyos usos están regidos por los valores naturales que contienen”.

De hecho, hay otro dato llamativo, y es que el Plan de la Fresa nació para ordenar y limitar los regadíos, pero en esta década la superficie legal (incluyendo frutos rojos y otros cultivos que no son de invernadero) ha crecido en 98,73 hectáreas. En total hoy son 9.438 hectáreas con permiso para usar agua, de las que 6.436 son cultivos bajo plástico. Por cierto, que en los últimos años se ha logrado quitar de regadío 171 hectáreas que ocupaban montes públicos.

Sólo un 23% ejecutado de verdad

WWF avala varias de estas cifras, aunque difiere en la cantidad de lo que se está regando en suelos que no tienen esta calificación, que eleva a 1.190 hectáreas, de las que 923 serían invernaderos. Y pone el foco en las medidas de esta norma que deberían haberse ejecutado a corto y medio plazo, en total 62 de las que sólo se habrían desarrollado 14, el 23%. Otras 34 estarían a medio hacer, mientras que a 14 todavía no se le ha metido mano.

En su análisis, la organización ecologista admite que el Gobierno andaluz “ha empezado a realizar actuaciones”, lo que no impide que “no ha conseguido cumplir con los objetivos prioritarios”. La cuestión adquiere mayor relevancia por el mal estado de Doñana pero también porque el desarrollo del propio Plan de la Fresa es uno de los compromisos que España ha adquirido ante organismos como la Unesco o Bruselas tras la condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no proteger el parque del pirateo de agua.

Gran parte del atraso, lamenta, obedece a “la falta de voluntad política y a los continuos intentos por parte de la Junta de Andalucía de amnistía de usuarios ilegales”. Aquí WWF apunta directamente a la ley impulsada por PP y Vox en el Parlamento andaluz, que se llegó a presentar dos veces (en 2022 y en 2023), para legalizar cultivos en la corona norte. Esto, apunta su estudio, ha provocado no sólo un retraso en la implementación del plan, “sino también un clima de crispación, tensión y de competencia desleal con aquellos agricultores que cumplen rigurosamente la legislación vigente”, además de generar “falsas expectativas” entre los regantes “en situación de ilegalidad continuada”.

Llegan nuevas obligaciones

¿Qué es lo que piden los ecologistas? Pues básicamente presupuesto, además de medios técnicos y humanos, y que se garantice un crecimiento cero de regadíos, que precisamente es uno de los compromisos que se han fijado los gobiernos central y andaluz en el famoso Pacto por Doñana. Y sobre todo acabar de una vez por todas con los cultivos que usan agua de manera ilegal, algo que no terminan de entender teniendo en cuenta que estas superficies están más que localizadas y se dispone de herramientas cada vez más sofisticadas para su control.

WWF, de paso, advierte de que se entra en los últimos años de aplicación del plan (en teoría vigente hasta 2029), lo que supone que se activan nuevas medidas cuando todavía se han aplicado muy pocas de las precedentes. “Hay un grave retraso”, reitera la organización, lo que implica no sólo la eliminación de regadíos sin permiso, sino también la restauración de fincas forestales transformadas ilegalmente en agricultura, la implementación de corredores ecológicos o la clausura de captaciones subterráneas no regularizadas.